Tegucigalpa –Aunque la recaudación global de impuestos no ha disminuido significativamente en Honduras. Sin embargo, el Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas jurídicas muestra una caída de aproximadamente 70 millones de lempiras en términos nominales, una cifra que sería mayor en términos constantes, dijo especialista en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Liliam Rivera.
-Rivera indicó que esto podría ser una señal de que algo está afectando la economía.
Los datos oficiales del Banco Central de Honduras confirman una desaceleración económica desde finales del año pasado. Aunque el índice mensual de actividad económica indica crecimiento, este se ha dado a un ritmo menor, reflejando una menor actividad económica. “Esto se traduce en que las empresas están vendiendo menos y, por ende, facturando menos, lo cual afecta los ingresos gravables”, explicó Rivera en entrevista con Proceso Digital.
La especialista subrayó la importancia del seguimiento de los ingresos fiscales, dado que el 63% del Presupuesto de la Administración Central se financia con ingresos tributarios. Ante una disminución en la recaudación, es crucial monitorizar el gasto público. La Ley Orgánica de Presupuesto establece que cuando los ingresos son inferiores a lo estimado, el Ejecutivo debe tomar medidas para racionalizar el gasto.
Por otra parte, señaló que, en cuanto a la ejecución del PGR, se ve el mismo comportamiento de años anteriores, el nivel de ejecución presupuestaria al mes de mayo fue del 23%, similar al de mayo de 2023.
Rivera destacó que, aunque la población necesita bienes y servicios todo el año, no es saludable que la ejecución del presupuesto sea baja durante el año y se acelere al final. “Esto indica que se está gastando, pero la población no está recibiendo oportunamente los servicios necesarios”, comentó.
Rivera instó a una mejor planificación de los bienes y servicios públicos. Usó como ejemplo la necesidad de planificar la compra de medicamentos para hospitales desde los últimos meses del año anterior, asegurando que, una vez aprobado el Presupuesto, los procesos de adjudicación y suministro puedan comenzar de inmediato. Este enfoque debería aplicarse a todas las contrataciones del sector público.
La especialista concluyó que históricamente, los gobiernos tienden a ejecutar el presupuesto lentamente al inicio del año y aceleradamente al final, lo que puede afectar la calidad de las contrataciones y la ejecución del gasto. Es esencial que las decisiones se tomen con suficiente anticipación para garantizar la calidad y eficiencia en el uso de los recursos públicos. LB
