Tegucigalpa – Un juez de los Juzgados en Materia de Corrupción, dictó la noche de este viernes medidas sustitutivas a la prisión para el expleno del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, acusados por más de 600 delitos de corrupción.
– La audiencia inicial se programó para el 23 de abril a las 10:00 de la mañana.
Los imputados son: Jorge Rivera Avilés, Teodoro Bonilla, Julio César Barahona, Liliam Maldonado, Francisco Quiroz y Celino Aguilera, todos miembros del expleno de la Judicatura y sobre quienes la Fiscalía señala por la comisión de 600 delitos de corrupción.
¿Hizo bien el juez en permitir que el expleno del Consejo de la Judicatura se defienda en libertad, pese a delitos imputados?
— Proceso Digital (@ProcesoDigital) 14 de abril de 2018
Asimismo, se informó que la audiencia inicial se programó para lunes 23 de abril a las 10:00 de la mañana.
En el caso del expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Jorge Rivera Avilés, su defensa ofreció un fianza de un millón de lempiras, en tanto los restantes cinco también fueron favorecidos por la figura de arraigo al aceptarles garantías hipotecarias.
Las medidas cautelares dictadas por el juez van desde firmar el libro de control en los juzgados todos los viernes, quedar bajo el cuidado de su abogado y no salir del país.
La audiencia de imputados comenzó desde la mañana de este viernes y recién concluyó. Fue una jornada maratónica en la que la juez valoró la oferta presentada por la defensa para que los procesados se defiendan en libertad.
A excepción de Teodoro Bonilla, preso y condenado por tráfico de influencias, los demás imputados retornan a sus casas a la espera de la audiencia inicial.
Relación de hechos
La Fiscalía acusa a los exmiembros del desaparecido Consejo de la Judicatura de una serie de delitos de corrupción durante su gestión.
Para el caso, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, se le supone responsable de 131 delitos de abuso de autoridad y 60 de malversación de caudales públicos, mientras que al expresidente del desaparecido ente, Teodoro Bonilla Euceda se acusa de 88 delitos de malversación de caudales públicos y 14 de abuso de autoridad.
En tanto, a Julio César Barahona Henríquez se le presume responsable de 67 delitos de malversación de caudales públicos, y a José Francisco Quiroz Mejía se le imputan 93 delitos de malversación de caudales públicos.
Igualmente, a Liliam Maldonado Sierra se le considera responsable de la comisión de 67 delitos de malversación de caudales públicos y finalmente a Celino Arístides Aguilera se le acusa de 78 delitos de malversación de caudales públicos y 3 delitos de uso de documentos privados falsos.
