Constantes fugas ponen en evidencia el sistema penitenciario hondureño

Tegucigalpa – Dos nuevas fugas protagonizadas en las últimas horas de la principal cárcel hondureña -Penitenciaría Marco Aurelio Soto, ubicada en Támara, Francisco Morazán- han vuelto a dejar en evidencia al sistema de administración de estos recintos, desde donde constantemente se informa que privados de libertad saltan, evaden y burlan cercos de seguridad o simplemente “desaparecen” como por arte de magia.  

– Proceso Digital conoció de una fuente de la Fiscalía que existen eventuales requerimientos por la fuga masiva de 18 pandilleros, hecho ocurrido en mayo de 2017.

Las autoridades penitenciarias confirmaron que los dos prófugos cumplen sentencias condenatorias por distintos delitos. En el caso de Jordán Vásquez Valladares es acusado por el delito de portación ilegal de armas. Mientras que, Héctor Orlando Cruz Ríos, originario de Pimienta, Cortés, es acusado por los delitos de robo, evasión, portación ilegal de armas, hurto, uso de nombre supuesto, asesinato, tentativa de robo y en 2007 fue sentenciado a 14 años de prisión.

Ambos, ahora prófugos de la justicia, no se encontraban cuando se pasó lista en la cárcel de Támara, lo que disparó las alarmas, pero ya era demasiado tarde.

Este suceso solo reedita las fugas que son un hecho en Honduras. En mayo de 2017 al menos 18 cabecillas de la pandilla 18 se fugaron  de la misma cárcel de Támara, sin que hasta ahora se conozcan acciones en los tribunales de la República.

Una alta fuente del Ministerio Público consultada por Proceso Digital dijo que en poder de la Fiscalía de Enjuiciamiento existe un informe de lo ocurrido y se prevén requerimientos fiscales para después del período de asueto que goza el Poder Judicial.

“Estamos a la espera de un dictamen de video forense”, dijo escuetamente el entrevistado que prometió acciones contundentes en los tribunales.

Autoridades prometen castigos

German McNielEl subdirector del Instituto Nacional Penitenciario (INP), German McNiel, advirtió que la fuga de las últimas horas no quedará impune y que si existió alguna colusión por parte de personal, se van a tomar acciones administrativas y penales.

“Tenemos algunos indicios preliminares y en ese sentido ya hemos dado alguna información a las autoridades encargadas de investigación del Estado y tenemos la certeza que darán con la captura de estas personas que estaban privadas de libertad”, sostuvo el funcionario.

Agregó que, al ser recapturados “se van a tomar las acciones administrativas como penales”. La Ley del Sistema Penitenciario indica que a estas personas se les puede suspender la visita por un determinado tiempo o enviarlos a un centro penal de máxima seguridad.

McNiel, reveló que los ahora prófugos lograron cruzar los anillos de seguridad (dos al interior del centro penal y dos externos a cargo de Fusina), por lo que se realizan las investigaciones del caso.

“Si ha habido colusión por parte de agentes penitenciarios o militares en esta fuga, vamos a ponerlos a la orden de las autoridades correspondientes con el  propósito que pueda deducirse la responsabilidad penal si es que fuese concerniente”, recalcó.

German McNiel, subdirector del INP: «Pudo existir alguna colusión por parte de personal y se van a tomar acciones administrativas y penales».
“Si ha habido colusión por parte de agentes penitenciarios o militares en esta fuga, vamos a ponerlos a la orden de las autoridades». pic.twitter.com/yfOV3l1fkL

— Instituto Nacional Penitenciario (@IPenitenciario) 4 de julio de 2018

Este tipo de situaciones no se van a tolerar y en ese sentido las investigaciones ya están en curso. Podemos decir que pudo existir alguna colusión por parte de personal y se van a tomar acciones administrativas y penales, insistió el funcionario.

Teniente José CoelloDe su lado, el vocero de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), teniente José Coello, dijo que existe un control interno de las autoridades penitenciarias, por lo que ellos brindan colaboración únicamente en los anillos de seguridad ubicados cerca de los perímetros carcelarios.

“Nosotros manejamos las alertas, pero el control interno de cómo se fugaron no lo tenemos. Como fuerza brindamos apoyo constante en los controles, registros, requisas y traslados de internos”, desglosó.

Coello citó que la investigación debe surgir desde adentro de la Penitenciaría de Támara.

Amenazas y dinero

El criminólogo Gonzalo SánchezEn tanto, el criminólogo Gonzalo Sánchez dijo que en algunas de las fugas los custodios son amenazados por organizaciones criminales. “Les amenazan la familia y mediante estos métodos logran materializar las fugas, otras veces lo hacen por dinero”, apostilló.

Refirió que en el caso de la fuga de 18 peligrosos cabecillas de la pandilla 18, en mayo de 2017, de la cárcel de Támara, ya se tuvo que haber presentado los respectivos requerimientos fiscales para los que colaboraron con la espectacular fuga.

“Esas son las debilidades del sistema y que continúan permitiendo que sigan ocurriendo estas fugas, no deberían de darse, si existen cámaras instaladas la Fiscalía debe ocuparse y hacer una buena investigación”, externó.

Puntualizó que aparentemente la instalación de anillos de seguridad en los perímetros de las cárceles no ha funcionado y eso se evidencia con las constantes fugas. “Cuando se escapan grandes grupos de reos es obvio que se ocupa del concurso de las propias autoridades de los recintos carcelarios”, adicionó.

“En este tipo de acciones, lo primero que se necesita es honestidad y que estas personas no se dejen amedrentar por las organizaciones criminales. Si la Fiscalía no presenta requerimientos por estos sucesos vergonzosos las fugas continuarán desde los centros penales”, concluyó Sánchez.

Débil infraestructura

Mientras tanto, un experto en temas de seguridad consultado por Proceso Digital y que prefirió el anonimato, reflexionó que la Penitenciaría Nacional de Támara no está en la categoría de centros penales de máxima seguridad.

“Támara desde sus inicios presentó ciertas deficiencias en la construcción, pero eso fue desde hace mucho tiempo, entonces la condición de la infraestructura es la que ha influido en las constantes fugas de esta cárcel”, arguyó.

Sin embargo, lo anterior no inhibe -dijo- que haya existido negligencia por parte de funcionarios penitenciarios y con ello la deducción de responsabilidades penales.

El entrevistado describió que “en el caso de los funcionarios públicos que incurren en un delito o una negligencia de esa naturaleza, son faltas que no prescriben y en cualquier momento se pueden ejercer las acciones legales correspondientes”.

Recomendó que partiendo del hecho que el sistema ha desarrollado centros penales de máxima seguridad, se debe analizar los casos de los reclusos que representan peligro de fuga para que puedan ser llevados a recintos más seguros.

Honduras atraviesa por una reforma en el sistema penitenciario. Modernas cárceles de máxima seguridad han sido construidas en los últimos años y los más peligrosos reos guardan prisión en estos nuevos módulos. Se estima que más de 19 mil internos componen la población penitenciaria, distribuidos en 28 cárceles en todo el país.