Tegucigalpa – Asesinatos, abusos sexuales, amenazas a muerte, así como el despojo de viviendas y sus tierras, son parte de los hechos de violencia que podrían desencadenar en el desplazamiento forzado interno de personas en diversas comunidades indígenas, según un informe del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh).
– Solo en el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh registró trece casos en situación de riesgo y desplazamiento interno de población indígena y afro-hondureña que pertenecen a comunidades Lencas, Garífunas, Tolupanes, Misquitos y Pech.
De acuerdo con las quejas presentadas por las víctimas, ante el ente estatal, algunas comunidades podrían estar enfrentado un nivel de riesgo elevado de desplazamiento interno, en diversos departamentos del país, por el accionar de bandas criminales que mantienen atemorizados a los habitantes.
De acuerdo con los testimonios, las situaciones de riesgo que enfrentan personas pertenecientes a pueblos indígenas se presentan en un contexto de lucha por la tierra y territorios, asimismo, por las actividades del crimen organizado que despoja de la propiedad a los habitantes de pequeñas comunidades.
Solo en el 2017, la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh registró trece casos en situación de riesgo y desplazamiento interno de población indígena y afro-hondureña que pertenecen a comunidades Lencas, Garífunas, Tolupanes, Misquitos y Pech.
Las quejas representan el 1.7 % de los 688 casos de violaciones a los derechos humanos, las cuales, por diversas razones de violencia, se vieron obligadas a desplazarse de su lugar de residencia habitual o se encontraban en riesgo de serlo.
El grupo de mayor afectación, es el pueblo indígena Lenca, cuyos motivos están relacionados a la lucha por la tenencia de la tierra, bienes comunes y la naturaleza de sus territorios, que se ven amenazados o conculcados por proyectos de desarrollo municipal o nacional que son aprobados sin el consentimiento previo, libre e informado a las personas y comunidades.
De acuerdo a las denuncias atendidas por el Conadeh, el crimen organizado, es otro factor que deriva en la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños.
Para el caso, hay comunidades de los departamentos de, Lempira, Cortés, Francisco Morazán, La Paz, Intibucá y Olancho, que podrían estar enfrentado un nivel de riesgo elevado de desplazamiento interno.
Ante esta situación, los pobladores, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos de los pueblos indígenas y del medio ambiente, que luchan por sus derechos, en ocasiones, son criminalizados, al grado, de ser objeto de persecución, hostigamiento, amenazas de muerte, lesiones y otra serie de flagrantes violaciones a sus derechos humanos.
Registros del Conadeh indican que hay personas de comunidades indígenas que fueron víctimas de asesinatos, abuso sexual y amenazas de muerte.
En febrero de 2017, tras el asesinato del líder Tolupán, José de los Santos Sevilla, se derivó el desplazamiento forzado de varias familias, incluyendo, el cierre temporal de la escuela de la localidad, debido a las amenazas de muerte, amenazas de abuso sexual y otras situaciones de violencia en contra de los habitantes indígenas.
De modo similar, en el departamento de Olancho, la población indígena Pech denunció el desplazamiento forzado de personas debido al despojo de tierra y viviendas por presuntos grupos criminales que, mediante actos de persecución, amenazas de muerte, atentados y abuso sexual atemorizan a los pobladores, hasta hacerlos huir de sus asentamientos.
En octubre de 2017, el líder del Consejo de Ancianos Garífuna y reconocido defensor de la naturaleza, ríos y bienes comunes de Masca, Silvino Zapata Martínez, fue asesinado en el municipio de Omoa, departamento de Cortés.
La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) solicitó una investigación exhaustiva de la muerte por ser un destacado ambientalista y defensor del rio Masca, el cual había sido pretendido para el desarrollo de una represa y la construcción de una ciudad modelo sin proceso de consulta previa al pueblo afro-hondureño.
Ante esta situación, es posible que pobladores, líderes locales y ambientalistas garífunas se encuentren amenazados por la defensa de sus territorios y bienes comunes.
De acuerdo al informe del Conadeh, los pueblos indígenas viven una situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus tierras, territorios, y recursos naturales.
Añade que los vacíos de protección legal en amparo para las personas indígenas y afro-hondureñas deriva en situaciones de violencia como homicidios en contra de líderes y defensores de los derechos humanos, como el ocurrido, en marzo de 2016 contra la ambientalista humanos Berta Cáceres, caso que aún se encuentra en la impunidad.
Preocupa al Conadeh que el Estado de Honduras no realice las acciones suficientes para garantizar la protección y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas y afro-hondureños, en especial, los relacionados con los territorios y recursos naturales y la violencia e impunidad que sufre esta población.
Los Principios Rectores Sobre los Desplazamientos Internos señalan que “Los Estados tienen la obligación específica de tomar medidas de protección contra los desplazamientos de pueblos indígenas, minorías, campesinos, pastores y otros grupos que experimentan una dependencia especial de su tierra o un apego particular a ella”.
Se estima que, en Honduras, la población de los pueblos indígenas y afro-hondureños que se distribuyen en las comunidades Miskitas, Tawahka, Maya Chortí, Nahua, Pech, Lenca y Tolupán; y personas afrohondureñas integradas por Garífunas y Negros de Habla Inglesa, asciende a unas 717 mil 620 personas, que representa el 8 % de los habitantes del país.
