Tegucigalpa – Los cinco grandes casos de presunta corrupción que ha presentado a la fecha la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), dejan 54 imputados, de los que ocho están presos, siete prófugos y 26 con medidas distintas a la cárcel.
– Se trata de los cinco sonados casos: Red de Diputados, Caja Chica de la Dama, Pacto de Impunidad, Pandora y Caja Chica del Hermano.
– Del total de 54 imputados, cuatro han sido sobreseídos y siete están prófugos.
En 334 días de trabajo integrado entre el Ministerio Público, a través de su Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad y Corrupción (UFECIC) y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), cinco casos emblemáticos han sido presentados en los tribunales y en ellos se incluyen acusaciones para diputados, funcionarios, exfuncionarios e incluso contra una exprimera dama.
Desde que se presentó el primer caso “Red de Diputados” el 11 de diciembre de 2017, hasta el último “Caja Chica del Hermano” el 5 de noviembre de 2018, casi 11 meses pasaron y aunque uno de los expedientes se mandó a archivar, los restantes están vigentes en los tribunales hondureños.
Del total de los acusados, 29 tienen auto de formal procesamiento y dos permanecen con la medida de arresto domiciliario, éstos últimos luego de comparecer en audiencia de imputados.
En estos cinco expedientes, las ocho personas que permanecen recluidas son: Rosa Elena Bonilla de Lobo, Saúl Escobar y Mauricio Mora (caso Caja Chica de la Dama); Jacobo Regalado, Claudia Yamila Noriega Gonzales, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora y Arnaldo Urbina Soto (caso Pandora).
En el caso Red de Diputados, las ocho personas señaladas quedaron prácticamente sobreseídas al pasar las diligencias investigativas al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Los cinco exdiputados y tres funcionarios de ONG fueron beneficiados con la decisión de la jueza.
Asimismo, se registran cuatro personas sobreseídas en estos sonados casos, son ellos: Tomás Zambrano (caso Pacto de Impunidad); Mario Rolando Suazo Morazán, Mario Edgardo Suazo Matute y William Chong Wong (caso Pandora), éste último por acreditarse su fallecimiento.
El 11 de diciembre de 2017, la UFECIC denunció el caso Red de Diputados que involucró a cinco parlamentarios -en ese momento- por el delito de malversación de caudales públicos.
La acusación incluyó a Héctor Enrique Padilla Hernández, Audelia Rodríguez, Augusto Cruz Asensio, Dennys Antonio Sánchez Fernández y Eleazar Juárez, todos diputados en el momento de la imputación.
Las otras tres personas involucradas fueron identificadas como: José Napoleón Panchamé Banegas, director de una ONG; Jeremías Castro Andrade, tesorero de la ONG; y Geovanny Castellanos Deras, gestor.
Sin embargo, luego de comparecer los imputados en audiencia inicial, la jueza que conoció el caso decidió acogerse a la reforma aprobada el 18 de enero de 2018 en el Congreso Nacional y determinó trasladar las diligencias al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y archivas las diligencias penales.
Los imputados fueron ocho en total. La causa permanece archivada.
El 26 de febrero de 2018, la UFECIC y la MACCIH acusaron al menos a nueve personas que cobraron 70 cheques en el denominado caso “Caja Chica de la Dama”.
La acusación señaló como principal cabeza a la exprimera dama, Rosa Elena Bonilla de Lobo, su cuñado Mauricio Mora y a Saúl Escobar, éste último exsecretario de Bonilla.
En el caso de Bonilla de Lobo es acusada por apropiación indebida y fraude, aunque inicialmente fue imputada por lavado de activos y malversación de caudales públicos.
De acuerdo al expediente, los imputados conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos durante 2011-2015 a través de más de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad, que después convertían en dinero en efectivo.
Todos los imputados ya comparecieron en audiencia inicial y esta semana se realizó la audiencia de presentación de medios probatorios.
Los imputados son cuatro en total, tres están en prisión y uno sigue prófugo.
El 24 de mayo de este año, la UFECIC-MP presentó un requerimiento fiscal contra los diputados Román Villeda Aguilar y José Tomas Zambrano, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el denominado caso “Pacto de Impunidad”.
Ambos legisladores fueron acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, falsificación de documentos y delitos contra la forma de gobierno.
La MACCIH propuso al Ministerio Público que el caso fuese remitido a la UFECIC para ser investigado por equipos integrados de investigación y persecución penal, los cuales encontraron indicios que consideraron suficientes para interponer un requerimiento fiscal ya que se trata de una aprobación anómala de la Ley de Presupuesto.
Los requeridos, según la investigación, realizaron conductas delictivas para violentar la voluntad del pleno de Congreso Nacional con la intensión de crear una ley que favorecía a diputados que estaban siendo procesados en ese momento por el mal manejo de fondos públicos, como los que podían ser investigados a futuro por similares hechos.
Los diputados Tomás Zambrano y Román Villeda Aguilar ya comparecieron en audiencia inicial, se decretó sobreseimiento definitivo para el primero y formal procesamiento para el segundo. Esta semana la CSJ confirmó la decisión judicial para ambos luego de evacuar un recurso.
Los imputados son dos en total, uno ya con sobreseimiento y otro con formal procesamiento.
El 13 de junio de 2018, se presentó en los tribunales hondureños el sonado caso “Pandora”, que involucra a 38 funcionarios, entre ellos varios actuales diputados, que habrían malversado fondos por más de 282 millones de lempiras de las arcas nacionales.
A los imputados se les acusa por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
De los 38 imputados: cinco permanecen en la cárcel, tres con sobreseimiento definitivo, seis prófugos y 24 con medidas distintas a la prisión.
Los que están presos son: Norma Keffy Montes Chandías, señalada por abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, fraude; Velkys Rosibel Hernández por falsificación de documentos públicos; Laura Aidee Arita Palma por falsificación de documentos públicos y fraude. Las tres mujeres gozan de medidas distintas a la prisión.
Asimismo, por el delito de aceptación gozan de medidas: Elvin Ernesto Santos, José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Miguel Edgardo Martínez, Elden Vásquez, Arnaldo Urbina Soto, Carlos Alberto Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Lenín Roberto Rodas, Denis Enrique Pacheco, Eduardo Enrique Lanza, José Adolfo Sierra, Lenín Chávez, Armando Rivera Marroquín, Hernán Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Erick Toruño Colindres, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Jossué Francisco Velásquez Sánchez y José Luis Flamenco Mejía.
Mientras, a Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute se les dictó un sobreseimiento definitivo. Igual condición le fue consignada a William Chong Wong por acreditarse su fallecimiento.
Los únicos que están presos en esta causa son: Jacobo Regalado, por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos. También, Claudia Yamila Noriega Gonzales, Luis Fernando Urrutia Ramírez y Jorge Alberto Izaguirre Zamora
Los prófugos en este expediente son: Fernando Josué Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Sixto Pineda Hernández, Alba Luz Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Elvin Ernesto Santos Lozano.
Ya se evacuaron las primeras etapas procesales del proceso. Se prevé que la audiencia preliminar sea en enero de 2019.
El 5 de noviembre de 2018, se conoció públicamente el requerimiento fiscal contra Wilfredo Cerrato Durón (71) y Ramón Lobo Sosa (90), señalados en el caso Caja Chica del Hermano.
La Fiscalía considera probado que los imputados crearon un entramado para desviar en beneficio propio dinero público que estaba inicialmente destinado a sufragar los gastos de seguridad de la Casa Presidencial. Por este medio, según la investigación, los imputados presuntamente se embolsaron irregularmente 8.4 millones de lempiras.
Luego de comparecer en audiencia de imputados el juez les decretó arresto domiciliario en vista que ambos pasan los 70 años. La audiencia inicial fue fijada para el martes 20 de noviembre a las 10:00 de la mañana.
Los imputados son dos en total, ambos gozan de la medida de arresto domiciliario.
