Tegucigalpa – El gobierno hondureño aceptó este jueves la renuncia del ahora exgerente del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado (SANAA), Luis Eveline, y en cambio se juramentó una Junta Interventora compuesta por tres notables hondureños, se informó esta noche.
Eveline permaneció en el cargo 17 meses. Las últimas semanas fueron conflictivas en su gestión por las constantes huelgas de empleados y exempleados ante la falta de pagos de salarios y prestaciones.
La Junta Interventora queda integrada por Nívida Flor Hernández, Armando Díaz Arrivillaga y José Dolores Velásquez, quienes ya juraron en su nueva ocupación.
Nuestra misión como Junta Interventora es sanear la institución y ordenarla”, dijo Hernández Agurcia, que es abogada con maestría en Derecho Mercantil y quien actuará como presidenta de ese órgano.
Agregó que seguidamente vendrá la etapa de transición a la municipalización de los servicios del SANAA.
Hernández Agurcia apuntó que la Junta Interventora también va con la misión de dialogar con los trabajadores del SANAA y con todo aquél que quiera dialogar, haciéndoles ver que, a pesar de que la institución es su sustento de vida, también es un sustento para el resto de la población.
Además, anunció que hoy la fue aceptada por las autoridades del Gobierno la renuncia al gerente del SANAA, Luis Aveline, quien días atrás la había presentado.
“Vamos con todo el apoyo del Presidente para ir a sanear esta institución del Estado. El Presidente nos ha dicho que contamos con él”, acotó Hernández Agurcia.
Por su parte, el ingeniero civil Armando Díaz Arrivillaga aseguró que la única expectativa que llevan como Junta Interventora es cumplir con las funciones que se le ha asignado y tratar de hacer lo mejor posible.
El tercer miembro de la Junta Interventora, José Dolores Velásquez, será juramentado posteriormente.
El miércoles de la presente semana el gobierno anunció la intervención del SANAA, con el objetivo de resolver los problemas de la institución pública, especialmente lo que tiene que ver con la distribución de agua y sus problemas financieros.
La decisión fue adoptada por el presidente Juan Orlando Hernández en Consejo de Ministros, informó el secretario ejecutivo del mismo, Ebal Díaz.
Díaz dijo que “esta Junta Interventora tiene el mandato de resolver todos los problemas suscitados al interior de esta institución”, responsable de proveer agua potable y procesar las aguas negras a diversas ciudades del país, incluyendo la capital.
El secretario ejecutivo del Consejo de Ministros identificó como uno de los problemas el alto costo por el servicio de agua que deben pagar los habitantes de las zonas periféricas de Tegucigalpa, que pagan incluso hasta 50 veces más en relación a los que cancelan los habitantes de zonas residenciales.
“Eso es debido al mal sistema de distribución y abastecimiento; las personas que viven fuera del casco urbano pagan hasta 50 veces más el precio del agua en relación con las zonas que tienen este servicio”, manifestó.
En otro apartado, explicó que, si los contratos colectivos entre el SANAA y el sindicato se negociaran en base a ley y con el Código de Trabajo, la cancelación del personal tendría un costo de 1,000 millones de lempiras.
Sin embargo, remarcó que con las cláusulas fijadas en dichos contratos dicha cancelación del personal le costaría al país la suma de 5,000 millones de lempiras, lo que representa un monto extra de más de 4,000 y hasta 4,500 millones de lempiras.
