Austin (EEUU) – La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB, en inglés) pidió hoy al Gobierno que cierre los centros de detención para familias inmigrantes tras una visita al recinto de Dilley, ubicado al sur de San Antonio (Texas), donde constataron las condiciones de la reclusión.
«Después de esta visita, mi pregunta principal es: ¿Por qué? ¿Por qué se sienten obligados a poner en detención a estos individuos vulnerables, madres jóvenes y traumatizadas que con sus niños han huido de la persecución en sus países de origen?», dijo a la salida del centro el arzobispo de San Antonio, Gustavo García-Siller.
Dilley, con capacidad para 2.400 personas, es uno de los cuatro centros de detención para familias con los que cuenta Estados Unidos y que gestiona el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés).
Los otros están ubicados en Karnes City (Texas), Artesia (Nuevo México) y Leesport (Pensilvania) y en su plena capacidad pueden albergar a cerca de 4.000 inmigrantes indocumentados.
«Nuestra política de detención familiar es vergonzosa y ruego a los funcionarios electos a que le pongan fin», afirmó García-Siller, al agregar que el «carácter moral de una sociedad se juzga por cómo trata a los más vulnerables».
Junto al arzobispo de San Antonio, cuya arquidiócesis cubre la zona de Dilley, visitaron el centro el obispo auxiliar de Seattle (Washington) y presidente del Comité sobre Migración de la USCCB, Eusebio Elizondo; y el obispo de Laredo (Texas), James Tamayo.
Se unieron a la visita los obispos luteranos Michael Rinehart y Julian Gordy.
Elizondo denunció, en una entrevista telefónica con Efe tras su visita a Dilley, la «falta de libertad» a la que están sometidas las mujeres retenidas en el centro y la «presión» que soportan para que acepten una deportación voluntaria.
«No es una situación para nada agradable. Son puras mujeres jóvenes con bebés muy chiquitos que vienen de situaciones de violencia y hambre y están en riesgo de ser regresadas a la misma situación», dijo el obispo auxiliar de Seattle.
Aunque admitió que las instalaciones están en «buenas condiciones», alertó de que los niños «están creciendo en un ambiente en el que las madres lloran y va en detrimento de la salud de ambos».
«Si tenemos que preocuparnos del tráfico de gente y armas -subrayó-, una mamá con un bebé no son una amenaza de ninguna manera».
Finalmente, el religioso afirmó que la existencia de los centros de detención para familias es «una mancha» que «deja en entredicho el legado político del presidente y de su partido».
Tras llegar al poder en 2009, el presidente de EE.UU., Barack Obama, cerró todos los centros de detención para familias inmigrantes del país, pero la oleada de indocumentados durante el último año fiscal provocó la decisión del Gobierno de volver a utilizar instalaciones de este tipo con el objetivo de disuadir nuevas llegadas.
Según datos oficiales, más de 66.000 menores de edad no acompañados y un número similar de personas en unidades familiares cruzaron la frontera sur de EE.UU. durante ese periodo, huyendo la mayoría de la violencia y el narcotráfico en sus países de origen, El Salvador Guatemala y Honduras.
Muchas son las voces que han pedido al Gobierno el cierre de los centros de detención para familias y el fin de esa práctica.
En octubre pasado, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la detención de familias supone «una respuesta inadecuada» a una crisis humanitaria y dijo que la reapertura de estos centros es «un retroceso» en la política migratoria de EE.UU. tras visitar el centro de Karnes City.
