Tegucigalpa – Muertes naturales y violentas, procesos judiciales por violencia, abuso de autoridad y delito contra la salud pública han marcado la actual legislatura a un poco más de un año y medio de un mandato constitucional de cuatro años.
+ Pocas veces se ha visto desde el retorno constitucional que los diputados han tenido que abandonar sus puestos
Ello ha provocado que algunos de los 128 legisladores electos para cumplir con los cuatro años de mandato de la legislatura del 2014-2018 no puedan terminar o han tenido que interrumpir sus labores por diversas causas.
Primero algunos diputados dejaron su butaca al inicio en la Cámara Legislativa para tomar cargos en el gobierno, algo que se encuentra permitido por la legislación hondureña.
Sin embargo otros han ido dejando el camino legislativo tras cumplir el fin del ciclo vital, como un paso en el plan de Dios, unos por deceso natural y otros bajo la mano criminal, sumando el número de muertes violentas en el país.
La más reciente de las pérdidas humanas del hemiciclo es el diputado del Partido Liberal por Francisco Morazán y ex presidente de su bancada, Marco Antonio Andino, quien expiró el pasado domingo en su casa de habitación, luego de sufrir un infarto.Andino, conocido como el “diputado del pueblo”, representó al Partido Liberal en el Congreso Nacional en los últimos cinco períodos legislativos.
Fue jefe de bancada del Partido Liberal a inicios de este período legislativo y fue quien presentó la iniciativa para derogar el decreto 17 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas en el que se imponía un 15 por ciento de impuesto a los productos de la canasta básica.
Otra de las pérdidas humanas que experimentó el Congreso Nacional en la actual gestión de gobierno y no menos importante fue la del diputado liberal por el departamento de Copán, José Eduardo de Jesús Gauggel Medina.
El legislador fue asesinado, junto a su padre José Eduardo Gauggel Rivas, en la colonia Los Andes de San Pedro Sula, norte de Honduras, el pasado 10 de abril del presente año.Por la muerte del diputado y su padre, Freddy Mauricio Mejía Castellanos, alias “El Chikis” y Gabriel Enrique Ponce,guardan prisión.
Procesos judiciales
No se pueden dejar de mencionar a congresistas que a raíz de una serie gradual, progresiva y concatenada de actos jurídicos procesales cumplidos y por exigencias constitucionales para su desarrollo, han tenido que alejarse de sus curules.
Tal es el caso de la diputada nacionalista por el Distrito Central y vice presidenta del Congreso Nacional, Lena Karyn Gutiérrez, quien es acusada por delitos en contra de la Salud Pública en el caso de la venta de medicamentos de la empresa Astropharma.
A Gutiérrez inicialmente se le dio arresto domiciliario, pero tras una revisión de medidas, luego de acreditar una garantía bancaria de 20 millones de lempiras recupero la libertad con el fin de continuar sus labores en el Congreso de la República, no obstante esto último no le fue otorgado.Asimismo, el diputado del Partido Libertad y Refundación (Libre), por Francisco Morazán, José Luis Galdámez, guarda prisión en uno de los batallones militares del país.
Al congresista se le supone responsable de la comisión de los delitos de homicidio simple en perjuicio de Marvin Alexander Sánchez García y por el delito de homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Eduardo Flores, ambos se desempeñaban como taxistas.Los hechos referidos ocurrieron el 18 de julio de 2014.
En noviembre pasado, el juez natural que conoce su expediente, determinó enviar su caso a juicio oral y público.
Salpicados
Hay otros congresistas de la actual legislación que pese a continuar ejerciendo sus labores legislativas, han resultado “salpicados” por procesos judiciales o familiares que han sido señalados con delitos de crimen organizado o narcotráfico.Uno de los casos es del actual diputado nacionalista por el departamento de Copán, Héctor Hugo Pinto Aguilar, hermano de José Daniel Pinto, quien fue detenido en su momento, pero en cuestión de horas dejado en libertad porque de acuerdo a las autoridades no existía orden de captura en su contra.
Sin embargo, bajo la denominada “Operación Errabundo II”, las autoridades hondureñas, realizaron aseguramientos de bienes obtenidos presuntamente de manera ilícita a los hermanos Héctor Hugo y Arnaldo Pinto, tanto en Copán como en El Paraíso.
Además en mayo, las fuerzas del orden ejecutaron la “Operación Errabundo”, en la que se incautaron 87 bienes inmuebles, 7 vehículos y 24 sociedades mercantiles a los señores Orlando Pinto y José Daniel Pinto, a los que se les atribuye una vieja sociedad con el cartel de los Valle, quienes fueron extraditados a los Estados Unidos.
Mientras en el caso de Ciudad del Ángel existe auto de formal procesamiento con medidas cautelares para los diputados actualesJosé Valery Boris Espinal y Nelson Abdalá Ghawy, acusados por los presuntos delitos de abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.El también diputado por Libre, Edgardo Casaña, mantiene una acusación en su contra por abuso de autoridad cuando fungió como miembros de la junta directiva del Instituto de Previsión del Magisterio (Inprema).
Todos los legisladores señalados están marcando el Congreso Nacional de la actual gestión gubernamental, cuando la misma ha recorrido menos de la mitad de su cuatrienio.
