Tegucigalpa – El portavoz de la Fiscalía en el norte del país, Elvis Guzmán, confirmó que investigan presuntos actos de corrupción en la alcaldía de Utila en Islas de la Bahía, zona insular de Honduras, entre las que destacan “borrones” de cuentas pendientes de al menos 10 empresas propiedad del actual alcalde, Troy Donahue Bodden González.
– Las investigaciones surgen a través de una denuncia que pedía la intervención de la Fiscalía para poder detener los “escandalosos” actos de corrupción que se están cometiendo en ese término municipal.
Relató que las investigaciones son efectuadas a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate contra la Corrupción Pública, así como el grupo especial de la Policía “GOET”.
Las investigaciones se iniciaron a lo interno de la municipalidad de Utila que rectora el alcalde del Partido Nacional, Troy Bodden, aunque también se hacen similares diligencias a la gestión anterior del edil Allan Cooper.
Entre los presuntos delitos que se investigan figuran: malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, violación a los deberes de los funcionarios, fraude, entre otros ilícitos.
De acuerdo a Guzmán, entre los primeros hallazgos de las autoridades correspondientes se encontró que la actual corporación municipal está operando sin ningún plan de arbitrios, además no cuenta con el presupuesto de 2015 lo que indica que las acciones tanto de ingreso y egreso “no tiene sustento legal”.
La Fiscalía también tiene informes que desde este término municipal de Utila se están borrando las deudas que mantienen negocios de la zona, entre las que figuran 10 empresas que son propiedad del alcalde Troy Bodden.
“Esas empresas mantenían saldos pendientes con la municipalidad, pero lamentablemente ahora están en cero, acciones que son investigadas por la Fiscalía”, dijo Guzmán.
El relacionista público del MP reiteró que las investigaciones abarcan las administraciones de los dos últimos alcaldes: Allan Cooper y Troy Bodden.
Puntualizó que además existen gastos efectuados de los que no existe ningún soporte legal y que mediante estas operaciones se ha beneficiado al alcalde Bodden y sus empresas.
