Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos a través del Departamento de Justicia presentó este día una demanda civil para confiscar nueve propiedades con un valor de 1.5 millones de dólares que fueron adquiridas con fondos trazables a dos millones de dólares en pago de sobornos por una compañía hondureña de información tecnológica al ex director del Seguro Social, Mario Zelaya y otros funcionarios.
– El informe asegura que el ex director del IHSS solicitó y aceptó 2.08 millones de dólares en sobornos de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), a cambio de priorizar y agilizar los pagos adeudados a COSEM bajo un contrato de 19 millones de dólares con el IHSS. Luego instruyó realizar pagos de sobornos a dos miembros de la Junta Directiva del Seguro Social.
– “Si esconden o invierten su dinero robado aquí, nosotros usaremos todas nuestras herramientas legales que tenemos para encontrarlos e incautarlo”, advirtió un fiscal de EEUU.
La información fue difundida esta tarde mediante una nota de prensa de la Embajada de Estados Unidos acreditada en Tegucigalpa.
El anuncio se hizo por parte de la Fiscal General Adjunta Leslie, R. Caldwell de la División Criminal del Departamento de Justicia; el Fiscal de los EEUU, Kenneth Polite Jr. del Distrito Este de Luisiana; el Director Ejecutivo Asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter T. Edge de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
“Mario Zelaya, fue el director del Instituto Hondureño de Seguridad Social, pero en vez de construir una red de seguridad social para los ciudadanos de su país, él presuntamente usó su posición de cargo público para robar dinero público para sí mismo”, dijo la Fiscal General Adjunta Caldwell.
“Nuestra acción de hoy refleja cómo la Iniciativa de la División Criminal de Cleptocracia, con nuestra red de socios de las fuerzas de aplicación de la ley alrededor del mundo, localizarán y recuperarán las ganancias mal habidas de funcionarios corruptos. Los criminales no deben equivocarse, los Estados Unidos no es un refugio para el producto de sus delitos. Si esconden o invierten su dinero robado aquí, nosotros usaremos todas nuestras herramientas legales que tenemos para encontrarlos e incautarlo”, agregó Caldwell.
De su lado el Fiscal General, Kenneth Polite, dijo que “la Oficina del Fiscal General de los Estados Unidos para el Distrito Este de Luisiana está comprometida para trabajar con nuestros socios de aplicación de la ley, tanto a nivel nacional como internacional, para asegurar que este distrito no sea usado para lavar fondos obtenidos por la corrupción, no importando la fuente de la corrupción”.
En tanto, el Director Ejecutivo Asociado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional, Peter Edge, afirmó que “continuaremos trabajando en cooperación con nuestros socios internacionales de aplicación de la ley para asegurar que nuestro país no sea utilizado como un refugio para funcionarios corruptos extranjeros para ocultar sus activos”.
La nota del Departamento de Justicia hace referencia que de acuerdo a las alegaciones en la demanda de confiscación, Mario Zelaya solicitó y aceptó 2.08 millones de dólares en sobornos de la Compañía de Servicios Múltiples, S. de R.L (COSEM), a cambio de priorizar y agilizar los pagos adeudados a COSEM bajo un contrato de 19 millones de dólares con el IHSS.
Zelaya también presuntamente instruyó a COSEM a realizar pagos de sobornos a dos miembros de la Junta Directiva del IHSS encargados de supervisar el contrato de COSEM. Para ocular los pagos ilícitos, COSEM presuntamente envió sobornos a través de su compañía filial, CA Technologies, cita la nota oficial de EEUU.
El escrito de Washington no precisa los nombres de los dos funcionarios hondureños que recibieron los sobornos.
El Ministerio Público de Honduras ha acusado a los ex viceministros, de Salud, Javier Pastor; y de Trabajo, Carlos Borjas, ambos en prisión, de recibir sobornos para agilizar pagos de empresas proveedoras de medicamentos.
La investigación de la Fiscalía hondureña establece que hubo pagos alrededor de 150 mil dólares para Montes, mientras para Pastor se desembolsaron 235 mil dólares, por concepto de coimas o sobornos.
Red de sobornos
La nota difundida esta tarde por Washington detalla que como se alega en la demanda, las ganancias de los sobornos fueron lavadas en los Estados Unidos y usadas por Mario Zelaya y su hermano, Carlos Alberto Zelaya Rojas, para adquirir bienes raíces en el área de Nueva Orleans. Ciertas propiedades fueron tituladas a nombre de empresas nominalmente controladas por el hermano de Zelaya en un esfuerzo de ocultar la fuente ilícita de los fondos así como el beneficiario.
La acción actual de Estados Unidos busca confiscar nueve propiedades adquiridas con las ganancias del supuesto esquema de soborno del ex director del IHSS.
La investigación fue conducida por la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (HIS por sus siglas en inglés) de Nueva Orleans y Miami.
Además, el caso está siendo manejado por los abogados litigantes Stephen A. Gibbons y Marybeth Grunstra de la División Criminal de la Unidad de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero y el Fiscal Adjunto de los Estados Unidos Daniel P. Friel del Distrito Este de Luisiana.
En tanto, la asistencia sustancial fue proporcionada por el Ministerio Público de la República de Honduras y el Oficial Agregado en Tegucigalpa de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional.
El boletín oficial de Washington manifiesta que este caso fue presentado bajo la Iniciativa para la Recuperación de Activos de Cleptocracia. Bajo esa iniciativa, fiscales dedicados de la División Criminal de la Unidad de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero, trabajan en sociedad con las Oficinas del Fiscal General de los Estados Unidos y agencias federales de aplicación de la ley para confiscar las ganancias de funcionarios extranjeros corruptos y, cuando sea posible y apropiado, poner las ganancias confiscadas del producto de la corrupción para ser utilizadas a beneficio de la gente del país dañado por el abuso de los cargos públicos.
“Las personas que tengan información sobre posibles ganancias de corrupción extranjera ubicada en o lavada a través de los Estados Unidos deben ponerse en contacto con instituciones federales de aplicación de la ley o enviar un correo electrónico a kleptocracy@usdoj.gov”, concluye el boletín del Departamento de Justicia de EEUU.
