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Huellas del crimen se ciernen sobre alcaldes hondureños

Tegucigalpa – Varios gobiernos edilicios han sido sacudidos en las últimas horas debido a señalamientos de ligues con el crimen organizado, delincuencia común y otros que desde hace algún tiempo se les investiga por nexos con la narcoactividad.
 

– A la par de los últimos eventos, sendos informes del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) señalan gestiones municipales por el mal uso de recursos públicos.
 
– Leopoldo Crivelli, Ramón Sarmiento y Arnaldo Urbina -los dos últimos presos- enfrentan procesos judiciales.
 
En muchas regiones hondureñas siempre fue un secreto a voces la colusión de los gobernantes municipales con importantes barones de la droga. Desde Olancho, pasando por el Litoral Atlántico hasta llegar al occidente del país afincaron las operaciones del narcotráfico, pero tras las acciones de las autoridades con importantes golpes a estas estructuras criminales han hecho que estas zonas atraviesen “depresión económica” al no contar con la inyección de capital que antes tenían a su disposición.
 
Las fachadas de algunas alcaldías del país muestran la opulencia que dejan las actividades ilícitas en zonas donde la Policía parece no ejercer ningún tipo de control.
 
Tampoco es ajeno a la realidad los constantes atentados contra empleados de alcaldías, que incluyen desde administradores hasta regidores y los propios alcaldes.
 
Esta semana la opinión pública fue sacudida con la noticia de que Santos Gabriel Elvir Arteaga, alcalde de Jocón, en el departamento de Yoro, se le acusa de liderar una banda de sicarios en esa norteña ciudad del país. Diez miembros de la organización criminal fueron capturados el pasado jueves, pero cinco de ellos, incluido el edil joconeño, permanecen prófugos de la justicia.
 
Los detenidos ya comparecieron en audiencia de declaración de imputados y se les dictó detención judicial mientras llega la audiencia inicial el próximo martes 11 de agosto.
De acuerdo a las investigaciones de los cuerpos de inteligencia del Estado, esta banda (Los Solís) se dedicaba a cometer varios tipos de delitos como sicariato, robo de ganado y otros.
 
Lo sorprendente de la noticia es que el actual alcalde de Jocón, Elvir Arteaga, era el que comandaba este grupo criminal que operaba desde hace algunos años, de acuerdo a las autoridades hondureñas.
 
Alcalde de Intibucá acusado de matar a joven
 
hieren-alcaldeEsta misma semana se conoció la información acerca de la muerte de un joven en el interior de la vivienda del alcalde municipal de San Isidro, Intibucá, Francisco Martínez Domínguez (40), quien también resultó con una herida en el rosto, tras una presunta discusión con el occiso.
 
El portavoz de la Secretaría de Seguridad, subcomisionado Leonel Sauceda, confirmó que la persona fallecida es Ángel Gómez García (22), quien supuestamente mantenía una relación sentimental con la hija del alcalde.
 
De acuerdo a los datos preliminares que manejan las autoridades, cerca de los 12:30 de la noche, el alcalde llegó a su vivienda y encontró al joven con su hija, por lo que comenzaron a discutir. Posteriormente el edil habría contestado un ataque, que acabó con la vida del joven.
 
Luego de permanecer hospitalizado el alcalde Martínez Domínguez fue detenido por las autoridades y llevado a un centro carcelario del occidente del país. En ese sentido, la audiencia inicial quedó programada para el próximo martes, cuando el juez puede dictarle auto de formal procesamiento o medidas sustitutivas.
 
Narco-política
 
Arabesca-Sánchez1El involucramiento de servidores de alto rango de gobiernos locales en actos ilícitos, es una prueba que en Honduras está abierta la puerta para la narco-política, señaló la criminóloga, Arabesca Sánchez.
 
A criterio de la analista, Honduras vive una situación de mucho riesgo porque los hechos indican que sí hay narcotraficantes financiando campañas y que luego quienes llegan a la cabeza de los gobiernos municipales tienen compromisos serios con el crimen organizado o narcotráfico.
 
“Son ellos (alcaldes) los que tienen el poder de decisión y que se puede esperar si están dentro de estructuras criminales”, fustigó.
 
Dijo que la persecución por parte del gobierno a la lucha contra la narcoactividad siempre va ser bien vista, “pero debemos decir que este es un fuerte indicador que existe narco-política en el país, personajes buscan un puesto público como ser una alcaldía, una regiduría o diputación”, advirtió.
 
Tres alcaldes con procesos judiciales
 
Alcalde-UrbinaRecientemente se capturó al alcalde de Juticalpa, Ramón Daniel Sarmiento, quien guarda prisión en una instalación militar de la periferia de la capital hondureña.
 
Luego de comparecer en audiencia inicial, el edil olanchano goza de un auto de formal procesamiento con prisión preventiva, acusado por los presuntos delitos de tenencia y almacenamiento de armas, tenencia y almacenamiento de municiones y uso de documentos falsos.
 
La defensa de Sarmiento presentó un recurso de apelación sobre la decisión del juez en audiencia inicial. Se espera una determinación de la Corte Suprema de Justicia en las próximas horas para determinar si la causa sigue en audiencia preliminar.
 
Otro jefe edilicio que está preso es Arnaldo Urbina Soto, capturado en Yoro el 27 de julio de 2014 y acusado por el presunto delito de lavado de activos.
 
El imputado es hermano de la actual diputada Diana Patricia Urbina Soto.
 
El pasado 29 de abril el Poder Judicial dio lugar al antejuicio para emitir orden de captura en contra del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, acusado por los presuntos delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la fe y la administración del Estado.
 
Sin embargo no se ha emitido la respectiva orden de captura y Crivelli desempeña sus funciones normales. Hace unos días el edil bromeo: “De tanto decir que soy ladrón hasta me lo estoy creyendo”.
 
Los señalamientos del CNA
 
Gabriela-BonillaEl Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) ha presentado denuncias sobre presunta corrupción en las alcaldías de El Porvenir, Vallecillo, Santa Ana, San Antonio de Oriente, Potrerillos, San Lorenzo y La Ceiba (cámaras de vigilancia), pero las acciones judiciales contra los funcionarios encargados de administrar estos términos municipales han sido “casi nulos”.
 
La organización de Sociedad Civil ha presentado los informes debidamente documentados ante el TSC y el MP, pero las acciones parecen no encontrar eco en requerimientos fiscales.
 

La directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, ha reiterado en público y en privado que necesitan que sus trabajos sean continuados por entes contralores y acusadores del Estado.

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