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EEUU designa a tres empresarios hondureños por lavado de dinero

Tegucigalpa – El gobierno de Estados Unidos designó a tres empresarios hondureños por lavado de dinero en base a la Ley Kingpin y ordenó congelar sus haberes en las compañías financieras claves.

La designación ordena a los estadounidenses no realizar actividades con las mismas, pero a la vez la designación señala que trabajarán con las autoridades hondureñas para proteger el sistema financiero.

La designación fue hecha por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que trabajó coordinadamente con la Agencia de Lucha contra las Drogas (DEA) y la Oficina de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que ya emitió las respectivas acusaciones ante los tribunales contra los tres implicados.

A continuación Proceso Digital reproduce el boletín emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos:

Departamento del Tesoro sanciona a organización
de lavado de dinero de los Rosenthal  

Esta acción tiene como objetivo a tres lavadores de dinero hondureños de la familia Rosenthal y algunas compañías clave.

WASHINGTON – Hoy, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) anunció la designación de tres empresarios hondureños y siete compañías como Traficantes de Narcóticos Especialmente Designados conforme a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (Ley Kingpin) por desempeñar un papel significativo en el tráfico internacional de narcóticos. Jaime Rolando Rosenthal Oliva, así como su hijo Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo y su sobrino Yankel Antonio Rosenthal Coello, proveen servicios de lavado de dinero y otros para apoyar actividades de tráfico internacional de narcóticos de múltiples traficantes de drogas centroamericanos y de sus organizaciones criminales. Como resultado de la acción de hoy de la OFAC, todos los activos de estos individuos y de las entidades que están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o que están en control de personas estadounidenses están congelados, y personas estadounidenses están generalmente prohibidas de realizar transacciones con ellos.

En coordinación con la acción anunciada hoy, la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y la Oficina de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés) también realizaron acciones en contra de la familia Rosenthal. Ayer se ha hecho pública una acusación penal en el Distrito Sur de Nueva York en contra de Jaime Rolando Rosenthal Oliva, Yani Benjamín Rosenthal Hidalgo, y de Yankel Antonio Rosenthal Coello, así como contra una cuarta persona, por lavado de dinero en violación al Título 18 del Código de los Estados Unidos, Sección 1956, y Yankel Antonio Rosenthal Coello fue arrestado en los Estados Unidos.

pagina-rosenthalIN“Esta acción está enfocada directamente en los tres miembros de la familia Rosenthal y sus propiedades, en relación a sus actividades de lavado de dinero y tráfico de drogas”, afirmó el Subsecretario Interino de Terrorismo e Inteligencia Financiera Adam J. Szubin. “Este paso enfatiza el hecho que el Gobierno de los Estados Unidos está completamente comprometido para proteger el sistema financiero estadounidense de criminales como los Rosenthal. Estamos plenamente comprometidos para trabajar con las autoridades hondureñas para tomar las acciones necesarias para proteger al sistema financiero hondureño de abusos por parte de narcotraficantes y de otros actores ilícitos, con el propósito de salvaguardar aún más a las instituciones financieras hondureñas”.

Esta acción fue realizada en estrecha coordinación con la DEA, la Oficina de Investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional, el Centro Nacional de Monitoreo del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras, y las Oficinas de la Fiscalía de los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York y del Distrito Sur de Florida.

La acción de la OFAC tiene como objetivo a siete empresas clave de los Rosenthal, incluyendo su sociedad principal con sede en Panamá, Inversiones Continental (Panamá), S.A. de C.V., conocida como Grupo Continental. El Grupo Continental es la compañía madre de un conglomerado de negocios en Honduras involucrados en actividades bancarias, servicios financieros, bienes raíces, agricultura, turismo, y medios de comunicación. Además de Grupo Continental, la designación de hoy incluye a su filial agrícola Empacadora Continental S.A. de C.V. (conocida ahora como Alimentos Continental), así como a dos de sus componentes financieros clave, Inversiones Continental, S.A. (conocido como Grupo Financiero Continental) y el banco hondureño, Banco Continental S.A., cuya sede principal está ubicada en San Pedro Sula, Honduras.

Con la acción de hoy, es la primera vez que la OFAC ha designado a un banco conforme a la Ley Kingpin. El Banco Continental S.A. ha servido como parte integral de las operaciones de lavado de dinero de los Rosenthal y ha facilitado el lavado de ganancias procedentes del narcotráfico de múltiples organizaciones centroamericanas de narcotráfico.

Adicionalmente, las siguientes tres compañías de inversiones en el exterior también han sido designadas hoy: Shelimar Investment, Ltd., Desland Overseas, Ltd., y Preyden Investments, Ltd., todas con sede en las Islas Vírgenes Británicas. La OFAC también ha identificado a tres entidades estadounidenses ubicadas en Florida como propiedades bloqueadas con base a la Ley Kingpin – Inversiones Continental U.S.A., Corp.; Shelimar Real Estate Holdings II, Inc.; y Shelimar Real Estate Holdings III, Inc.

Desde junio de 2000, más de 1,800 entidades e individuos han sido nombrados conforme a la Ley Kingpin por su papel en el tráfico internacional de drogas. Las sanciones por violaciones a la Ley Kingpin varían desde sanciones civiles de hasta 1,075 millones de dólares por cada violación hasta sanciones criminales más severas. Las sanciones criminales para directivos de corporaciones pueden incluir hasta 30 años en prisión y multas de hasta 5 millones de dólares. Las multas criminales para corporaciones pueden alcanzar los 10 millones de dólares. Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años en prisión y multas con base al Título 18 del Código de los Estados Unidos por violaciones criminales a la Ley Kingpin.

 
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