Tegucigalpa – El decomiso de más de un millón y medio de lempiras en dos operaciones en menos de 24 horas, así como la incautación de propiedades a personajes presuntamente ligados a la narcoactividad, sigue sin mostrar el rostro de los criminales en Honduras.
– También se intensifica la incautación de bienes, aunque no se muestran los rostros de los criminales
– El Estado sólo está haciendo recolección de bienes para sumarlos a su haber, dice criminóloga.
– Pese a los constantes retenciones de “dinero sucio”, éste no puede ser inmediatamente invertido por los operadores de justicia, ya que la ley no viabiliza esta celeridad.
Sólo en lo que va de esta semana, producto de dos acciones anticrimen se ha logrado el decomiso de un millón 614 mil lempiras, luego que una banda de vendedores de droga dejara abandonada una camioneta en el Anillo Periférico de la capital con 964 mil lempiras a bordo, en tanto este martes es una encomienda que se enviaba de La Ceiba a La Mosquitia se localizaron 650 mil lempiras en el interior de una computadora.
La confiscación de fuertes cantidades de moneda nacional, así como dólares es un hecho que se repite con mucha frecuencia en este país centroamericano, lo que demuestra que mucho de este efectivo es usado como pago de drogas para el consumo local y también el trasiego de otras importantes sumas para honrar deudas con carteles guatemaltecos, mexicanos y colombianos.
A la par de estos decomisos, esta misma semana autoridades hondureñas reportaron que una decena de bienes inmuebles fueron incautados y posteriormente asegurados en el occidente del país.
Las acciones fueron llevadas a cabo por La Fiscalía contra el Crimen Organizado (FESCCO), junto a miembros de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), acompañados por técnicos de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
La acción denominada “Operación Errabundo II” es la continuación de un proceso investigativo que por privación de dominio de bienes de origen ilícito se inició sobre propiedades de los señores Orlando Pinto Espino y Daniel Pinto Aguilar, en los departamentos de Choluteca, Yoro y Colón.
En tal sentido se realizaron las acciones en diez inmuebles ubicados en el departamento de Copán, en su mayoría en el municipio de El Paraíso, inmuebles que son propiedad de los hermanos Hugo Pinto Aguilar, Daniel Pinto Aguilar y Orlando Pinto Espino, así como de miembros de su núcleo familiar.
Cabe señalar que Héctor Hugo Pinto Aguilar es actual diputado nacionalista por el departamento de Copán, aunque contra él no hay acciones judiciales.De acuerdo a la Fiscalía hondureña, los inmuebles están siendo asegurados con el fin de preservar su disponibilidad durante el transcurso del proceso investigativo por suponer su procedencia ilícita.
De acuerdo a investigaciones, a los hermanos Pinto se les supone están vinculados con organizaciones ligadas al narcotráfico, similar a la de los hermanos Valle Valle y Héctor Emilio Fernández Rosa (todos ellos guardando prisión en los Estados Unidos), según consta en los expedientes instruidos en la Fiscalía Contra El Crimen Organizado y otras agencias internacionales de lucha contra el crimen organizado.
Otro dato a mencionar es que Carlos René Fernández Rosa, hermano del extraditado hacia EEUU alias “Don H”, es diputado suplente siempre por Copán del Partido Liberal.
El propietario era el asesinado congresista José Eduardo de Jesús Gauggel Medina.
Asegurar resultados para que existan capturas
La criminóloga Arabesca Sánchez es del criterio que los últimos decomisos sólo reafirman la fuerte presencia de crimen organizado en el país.Agregó que “cuando se anuncia una lucha frontal contra el crimen organizado, lo que se espera es que el Estado tenga operativos bien estructurados que se fundamenten en una investigación criminal efectiva, que asegure los resultados”.
Criticó que cuando en la realidad se avistan decomisos de bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo y que las operaciones no reportan capturas, “parece que estuviera significando es que al Estado al final de cuenta lo que le interesa es solamente hacer persecución de extracción económica de los frutos de la delincuencia, pero que no están interesados en hacer judicialización sobre esos delitos”.
“De nada sirve que se despoje de las riquezas al crimen organizado, si a la larga los eslabones de esas estructuras no comienzan a ser encarcelados”, remarcó.
Dos escenarios para que no se produzcan capturas
Sánchez detalló que para que no existan capturas, pese a los decomisos e incautación de bienes, solamente se puede dar por dos vías: “Existen severas fallas en el proceso de investigación que no logra vincular evidencias con el delito y el imputado; o que definitivamente hay pactos acordados”.
Sin embargo, enfatizó que desde hace algún tiempo en Honduras está demostrada la vinculación de narcopolíticos, eso queda demostrado con las incautaciones a diputados, alcaldes o personas ligadas a sectores políticos importantes.
Fuertes operaciones de lavado de activos
De su lado el ex director de la OABI, Humberto Palacios Moya, coligió que los recientes decomisos de dinero es una muestra que cantidades considerables de drogas se venden en el país y luego se traslada el efectivo para invertirlo en bienes.Mencionó que el movimiento de dinero sucio por el territorio nacional sucede a diario, aunque apuntó que cuando se hacen incautaciones de lempiras, esto obedece a traficantes locales.
“Estos grupos como no pueden guardar el dinero en el sistema bancario porque no tienen arraigo, a lo que se dedican es a comprar propiedades, vehículo y ganado”, dijo.
Criticó que desde que fue titular de la OABI peleó porque se aceleraran los procesos judiciales para poder disponer del dinero que era abandonado o decomisado a grupos criminales.
Finalizó que mientras sólo exista un juez de Privación de Dominios en el país, los procesos siempre serán engorrosos debido a la gran carga procesal que maneja por las operaciones anticrimen que ha desarrollado el Estado en los últimos años.
