Tegucigalpa – Luego de sostener una reunión este miércoles, el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), demandó al Ministerio Público deducir las responsabilidades en torno a la irrupción de un Tribunal de Sentencia la semana anterior.
– Se anuncia la adopción de medidas para que jueces y magistrados desempeñen sus funciones con todas las garantías que establece la Constitución, que van desde asegurar la integridad física y moral hasta la protección de las instalaciones de la CSJ.
“Este máximo tribunal de justicia exhorta al Ministerio Público para que con la debida y previa investigación se deduzcan sin dilación las responsabilidades que conforme a derecho hubiere a lugar, derivadas de los hechos señalados”, reza un párrafo del comunicado emitido por el pleno de magistrados.
El jueves anterior mientras se desarrollaba el juicio oral y público contra el periodista David Romero, acusado por la ex fiscal Sonia Gálvez de los delitos de difamación, injurias y calumnias, una turba de simpatizantes del Partido Libertad y Refundación (Libre) irrumpieron en la sala y se llevaron al imputado hacia el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), donde permaneció por cuatro días antes de trasladarse a su vivienda.
Ente esa situación los altos jueces de la CSJ remarcan que “el artículo 11 de la Ley de Organización y Atribuciones establece por un lado, que la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones es independiente de toda otra autoridad, pero al mismo tiempo dispone que son nulos los actos judiciales practicados bajo la intimidación o la fuerza”.
Los magistrados deploraron “la interrupción producida, en tanto que la suspensión de dichas actividades únicamente procede en aquellas circunstancias previstas en la ley y no por situaciones de hecho que pongan en precario la independencia e imparcialidad de sus jueces”.
Asimismo, se refieren a las denuncias contra el vicepresidente del Consejo de la Judicatura, Teodoro Bonilla, quien habría tratado de influir en un juez para condenar al periodista Romero por instrucciones del presidente Juan Orlando Hernández, a lo que los altos jueces condenaron “cualquier tipo de injerencias que se origine a lo interno o externo del Poder Judicial y que atenten contra los principios de independencia e imparcialidad que deben regir las actuaciones de cada uno de los jueces y magistrados en su labor jurisdiccional”.
Finalmente aseguraron el compromiso de realizar las acciones que sean necesarias para preservar la independencia judicial, como uno de los pilares fundamentales para la debida garantía de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y con ello contribuir al mantenimiento de la convivencia pacífica que debe imperar en todo Estado de derecho.
