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Auditoría del TSC encuentra irregularidades por 30.5 millones en alcaldía de Choloma

Tegucigalpa – El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) notificó un informe de auditoría que refleja varias irregularidades encontradas en la municipalidad de Choloma, Cortés, que ameritan la deducción de responsabilidades penales, civiles y administrativas.

La Dirección de Municipalidades del TSC condujo una investigación financiera y de cumplimiento legal en la alcaldía de Choloma, examinó el manejo de 251 millones 679 mil 068.48 lempiras correspondientes a los ingresos percibidos por la comuna desde el 18 de noviembre de 2005 al 28 de febrero de 2011.

Producto de la auditoría, el TSC notificó el informe No 007-2011-DAM-CFTM-AM que detalla una serie de irregularidades que ameritan la deducción de responsabilidades de tipo penal, civil y administrativa, las que deberán ser deducidas a los funcionarios y empleados involucrados.

Dicho informe fue remitido al Ministerio Público para que en el ejercicio de sus facultades determine interponer las acusaciones pertinentes ante los tribunales de justicia.

“Se remite el informe que contiene hechos con indicios que podrían ser considerados como responsabilidad penal y cuyas características deben ser evaluadas por la fiscalía para proceder con las acciones conforme lo considere el Ministerio Público”, cita un oficio que envió el TSC al fiscal general, Óscar Fernando Chinchilla.

En la auditoría el TSC detectó una serie de violaciones a la Constitución de la República, Ley de Municipalidades y Reglamento, Ley Orgánica del Presupuesto, Ley de Contratación del Estado, Código del Comercio, Código Civil, Disposiciones Generales de Presupuesto y Ley de Equidad Tributaria, entre otros instrumentos legales.

Excesos

En su auditoría el TSC encontró 20 hechos irregulares, entre ellos con indicios de responsabilidad penal y civil, los que generaron un perjuicio económico al Estado por 30.5 millones de lempiras.

El primero refiere a irregularidades y sobrevaloración en la compra de terreno para la construcción del nuevo relleno sanitario municipal, que ocasionó un perjuicio económico al Estado por 10.5 millones de lempiras.

Por la prescripción de letras de cambio emitidas para la recuperación de impuestos y contribución por mejoras, que generó un daño al patrimonio de la comuna por tres millones 372 mil 744.05 lempiras.

El TSC detectó pagos indebidos por la suma de tres millones 341 mil 542.52 lempiras para servicios profesionales y técnicos, no se encontró documentación de soporte suficiente que acrediten su realización.

La corporación municipal aprobó un Reglamento de Viáticos que exime a funcionarios de presentar liquidación o documentación soporte de los viajes realizados.

Además, el informe establece que la comuna sobrevaloró y fraccionó un proyecto para la construcción de una obra de pavimentación por 745 mil 226.20 lempiras; como la erogación de 571 mil lempiras en un pago injustificado por servicios profesionales a abogados.

Otra irregularidad detectada por el TSC fue el incumplimiento de un contrato para la implementación de software del Sistema Integrado Administrativo Financiero Municipal, mediante el cual se ocasionó un daño al patrimonio de la comuna por 410 mil lempiras.

Otra anomalía refiere al pago de sueldo completo durante 11 meses al regidor municipal Menelio García Rodríguez, por la suma total de 210 mil 026.67 lempiras, quien a su vez desempeño la docencia en el sector público, con incompatibilidad de horarios.

Se ocasionó un perjuicio económico que asciende a la suma de 201 mil 249.50 lempiras por pago de telefonía celular a 20 funcionarios y empleados de la alcaldía de Choloma, fuera de los parámetros establecidos por la ley.  

Por el extravío de ocho armas asignadas a dicha municipalidad (tres calibre 38, dos 9 milímetros y tres escopetas), se notificó un pliego de responsabilidad por 144 mil lempiras.

Responsabilidades

El TSC remarca que como resultado de la Auditoría Financiera y de Cumplimiento Legal practicada a la alcaldía de Choloma se concluye que las infracciones llevadas a cabo por los funcionarios de la comuna tienen indicios de responsabilidad penal, que compete al MP y Poder Judicial deducir.

En lo que respecta a la las responsabilidades civiles las mismas ascienden a 30.5 millones de lempiras, que los funcionarios y empleados señalados en el informe tendrán que devolver al Estado.

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