Tegucigalpa – La pistola nueve milímetros y el revólver calibre 38, son las armas más usadas para cometer crímenes en Honduras, reveló el fiscal especial de Delitos Contra la Vida, Roberto Blen.
– Datos de la Fiscalía de Delitos Contra la Vida indican que en Francisco Morazán este año, han sido asesinadas123 personas con arma de fuego, 27 con arma blanca y 40 por asfixia.
– Expertos urgen normativa que regule la portación y existencia de armas de fuego en Honduras.
El dato fue refrendado por la experta en criminalística y asesora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Arabesca Sánchez.
El fiscal Blen arguye que ese tipo de armas son las preferidas por los criminales por ser altamente letales. Detalló que solo en Francisco Morazán este año, han sido asesinadas 123 personas con arma de fuego, 27 con arma blanca y 40 por asfixia.
También la portavoz del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, Issa Alvarado, detalló que los registros de balística forense indican que la mayoría de asesinatos registrados en el país son perpetrados con armas calibre nueve milímetros y calibre 38.
Clasificación de artefactos
Consultada por Proceso Digital, la experta en criminalística, Arabesca Sánchez, indicó que el arma de fuego que ocupa el primer lugar en la participación de homicidios en Honduras, es la pistola calibre nueve milímetros y el segundo lugar es el revólver, generalmente calibre 38/357.
Le siguen por su uso el fusil calibre 223/556, la escopeta calibre 12, mientras que el fusil AK-47, calibre 762 x 39, está en la misma categoría de las armas artesanales «chimbas» que generalmente son calibre 12 porque utilizan la misma munición que las escopetas.
Sánchez detalló que la eficacia mortífera de estas armas, su fuerza propulsora de la pólvora y la gran capacidad de tiro, de precisión, de alcance favorecen al agresor.
Destacó que casi todas esas armas son de uso comercial, a excepción del AK-47, considerada un arma de guerra, según el decreto 101-2003, ya que son calificadas como remanentes de las guerras intestinas q ue sacudieron la región en los años 80.
En el caso del fusil, aunque la ley no lo establece así, hay un memorando interno del Registro de Armas que lo prohíbe, es decir que los civiles no pueden registrar ese tipo de artefactos.
La experta señaló que al ser la mayoría de esas armas de tipo comercial, es más fácil adquirir los proyectiles porque en Honduras no hay un control de municiones y cualquiera puede obtener la cantidad y el calibre que desee.
Explicó que no sólo en La Armería se puede adquirir munición ya que hay venta ilegal o mercado negro de esos productos.
Añadió que hay disponibilidad de diversos tipos de armas en el país; legalmente están registradas unas 300 mil armas e ilegalmente circula alrededor de un millón, estimó.
Predisposición cultural
«Esa gran disponibilidad de armas, al final hace de ellas, el artefacto predilecto de los perpetradores criminales y de la violencia», señaló Sánchez, quien destacó que los hondureños tienen predilección hacia las armas, arraigada sobre todo en municipios fronterizos y en departamentos como Olancho.
Aclaró que esa predisposición cultural no determina que en esos sitios exista mayor incidencia de violencia, sino que se debe a la presencia de crimen organizado, delincuencia común y estructuras de pandillerismo, que ha hecho del arma de fuego el instrumento agresor de preferencia.
Urge nueva ley
Aseveró que los costos de esa violencia armada impactan en la salud pública, la seguridad ciudadana y la economía y por eso es urgente que el país cuente con una nueva Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos, proyecto que está en el Congreso Nacional y que se ha socializado con varias instituciones de sociedad civil y existe consenso sobre su urgencia.
Al país le urge ponerse a la altura de los acuerdos internacionales que ha suscrito así como homologar algunas medidas con las demás naciones de la región así como mejorar el marco legal a través del cual las instituciones públicas, manifestó Sánchez quien además abogó por la destrucción de armas que son excedentes para que ya no circulen ni vuelvan a delinquir con ellas.
«Esa ley no debe ser comprendida como si se tratara de una desarme general, de lo que se trata es que el país mejore su control normativo, no que le quiten el derecho a la gente de tener su arma registrada, ni que se las quite del todo, sino que se mejoren los controles y las reglas entre el ciudadano y el Estado», puntualizó.
