Así lo da a conocer un cable de la diplomacia estadounidense despachado desde Managua por el entonces embajador Robert J. Callahan.
El hecho vuelve a poner en el tapete las operaciones Rápido y Furioso efectuadas en México y Castaway en Honduras.
En el caso de Honduras, existen reportes de que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos ATF, estableció una operación para infiltrar armas a Honduras mediante las mismas técnicas y tácticas del operativo “Rápido y Furioso”.
La historia periodística de Mike Vanderboegh, indica que sus fuentes de la ATF en Tampa exteriorizan que 1,000 de esas armas fueron vendidas a miembros de maras o pandillas en Honduras.
En septiembre de 2010, A. Brian Albritton, Fiscal de los Estados Unidos presentó un comunicado de prensa en relación a los acusados por la Operación “Castaway” (cuatro de ellos hondureños). En el mismo, afirma que la investigación revela el tráfico de armas a Honduras para luego ser distribuidas a miembros de cárteles de narcotráfico y grupos paramilitares.
Albritton afirma que no sabía que el tráfico de armas en cuestión era parte de una operación de la ATF.
Proceso Digital divulga detalles inéditos, del cable despachado por Cahallan, en una traducción libre ofrecida a sus lectores:
Tegucigalpa ORIGEN: Embajada de Managua ASUNTO: Gobierno de Nicaragua no coopera con caso de tráfico de armas de la FARC 1. (S) RESUMEN. En una serie de comunicaciones y reuniones entre el 17 de junio y 19 de junio, varios altos funcionarios del Gobierno de Nicaragua se negaron a cooperar con una solicitud rutinaria del gobierno de Estados Unidos para el traslado de las pruebas pertinentes para una investigación en curso del Departamento de Justicia relacionada con el contrabando de armas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La negativa a cooperar de altos miembros del Gabinete de Gobierno es motivo de preocupación dado que las pruebas en cuestión fueron incautadas durante operaciones que se iniciaron sobre la base de información obtenida por el gobierno de los Estados Unidos y que fueron financiados parcialmente por el gobierno de Estados Unidos. La solicitud de pruebas se refiere a muestras de rifles de alto poder decomisados en dos operaciones llevadas a cabo en Nicaragua. Debido a que el gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de Nicaragua no tienen un tratado bilateral de asistencia legal (MLAT), las anteriores transferencias de pruebas físicas se han realizado directamente entre los representantes de las fuerzas del orden de las dos naciones. La repentina negativa del Gobierno de Nicaragua de cooperar en esa transferencia de rutina podría ser un presagio inquietante de futuras dificultades en la cooperación contra el narcotráfico con el Gobierno de Nicaragua. FIN DEL RESUMEN. 2. (S) A finales de 2007, el Departamento de Justicia inició una investigación de las redes de contrabando de narcóticos y de armas que operan en Colombia, Panamá, Nicaragua y Honduras. Investigadores del Departamento de Justicia descubrieron rápidamente que los compradores y proveedores de armas a menudo se reunieron en Miami para hacer sus tratos. Los investigadores pronto se centraron en un grupo en Nicaragua, encabezada por el nicaragüense JM. Este grupo parecía tener acceso a grandes cantidades – toneladas métricas, posiblemente, – de armas pequeñas. Utilizando esta información, un agente encubierto del Departamento de Justicia en contacto con JM diciendo ser un comprador de armas / proveedor de drogas de las FARC y ofreció un trato de drogas por armas. JM aceptó rápidamente la oferta, y comenzó negociaciones detalladas sobre cuantos rifles se intercambiarían por qué cantidad de narcóticos. […] 8 (S) COMENTARIO: Durante una reciente reunión con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre una solicitud de transferencia de datos distinta hemos planteado este caso. Nuestros interlocutores del Ministerio eran conscientes de ello, pero indicaron que el Ministro había sido «incapaz de cumplir con sus compromisos verbales» al Embajador debido a «factores externos» no identificados. Creemos que este incidente plantea serias preocupaciones sobre el nivel de compromiso del Gobierno de Nicaragua y su disposición continuada a cooperar en cuestiones de aplicación de la ley fuera del ámbito de dirigir las operaciones de incautación de drogas que han caracterizado a nuestra cooperación bilateral de los últimos años. Las incautaciones de drogas son importantes, pero son de limitada utilidad a largo plazo si no se traducen en procesos y condenas de los traficantes. Apuntamos que las transferencias directas de pruebas entre agentes de la ley son una ocurrencia de rutina, incluso en países donde los EE.UU. no tienen un acuerdo de MLAT formal. De hecho, esas transferencias con Nicaragua han tenido lugar antes sin incidentes ni complicaciones. Dada esta historia, nos parece muy raro que el Gobierno de Nicaragua elevara este caso a nivel ministerial, y aun así no haya podido o querido llevarlo a resolución. Por otra parte, la reticencia del Gobierno de Nicaragua a aceptar el principio universal de «cortesía entre las naciones» puede indicar un nuevo cambio preocupante en esta administración. Callahan |
