“Las muertes violentas continúan aumentando (…) cerraremos el año con un estimado conservador de 24,763 muertes violentas en el país y una tasa igualmente conservadora de 79 fallecidos por cada 100 mil habitantes”, estimó en un informe el OVV.
El organismo sostiene que las cifras y sus proyecciones se basan en el cruce de datos y uso de distintos métodos de predicción estadística como el Brown y el Holt por parte de los investigadores de las siete universidades que integran el Observatorio ante lo que denominan “censura oficial” sobre los números de homicidios que se ocultan desde hace diez años en ese país.
Las cifras de la disputa
En el 2012, el Observatorio proyectó una tasa de homicidios de 73 por cada 100 mil personas, para dispararse a fines de 2013 a una tasa promedio de 79 por 100 mil habitantes.
Sin embargo, las estadísticas de la organización distan de los indicadores que presentó recientemente el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Miguel Rodríguez Torres, quien indicó a la prensa que para este año la tasa de homicidios pasó 50 a 39 por cada 100,000 habitantes, pero no ofreció más detalles.
En Honduras las cifras de la violencia tienen en una disputa a la Policía Nacional y el Observatorio de la Violencia de la UNAH. La primera dice que la tasa de homicidios o muertes violentas en el 2013 fue de 75.1 por 100 personas, pero el Observatorio estima una proyección de 83 muertes por cada 100 mil habitantes, al tiempo que acusó a la autoridad policial de ocultar cifras.
Esta contradicción lleva a Venezuela y Honduras a disputarse el liderazgo en las cifras de la violencia en América Latina, bajo dos escenarios.
En el primer escenario, partiendo de los datos arrojados por la Policía Nacional de Honduras, Venezuela estaría desplazando a Honduras en la tasa de homicidios a nivel latinoamericano, pues de acuerdo al OVV, Caracas tiene una tasa de 79 muertes violentas por cada 100 mil personas, y Honduras alcanzó un promedio de 75.1 por 100 mil, en el 2013.
En el segundo escenario, partiendo de las proyecciones del Observatorio de la Violencia de la UNAH, Honduras mantendría el liderazgo en las cifras con una tasa promedio de 83 por 100 mil personas en el 2013. Le seguiría en segundo lugar Venezuela.
En ambos países las cifras oficiales contrastan con las de los observatorios de la violencia.
No obstante, al margen de las cifras y de quién encabeza o no las cifras de la violencia y la inseguridad, tanto Caracas como Tegucigalpa siguen estando en la lista de las 11 naciones más violentas de América Latina de acuerdo al Informe Regional “Seguridad Ciudadana con rostro humano” del PNUD publicado recientemente.
El panorama de la inseguridad
En el informe se indica que la región latinoamericana enfrenta desafíos descomunales en materia de seguridad, pues en su conjunto la región sufre la pesada carga de la violencia con más de 100 mil homicidios registrados por año.
La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidios con niveles de epidemia, destaca al informe al señalar que sobrepasan la tasa promedio mundial de la Organización Mundial de la Salud que es de 8.8 personas por 100 mil habitantes. Asimismo, los costos sociales y humanos de la violencia son muy altos, acota.
De acuerdo al Informe del PNUD, el deterioro de la seguridad no se ha dado de manera homogénea. En algunos países la violencia letal es la que más aqueja a la población mientras que, en otros, los niveles de homicidio son relativamente bajos, pero el aumento repentino y considerable de los delitos patrimoniales ha disparado la percepción de inseguridad en la ciudadanía. Al mismo tiempo, al interior de los países la situación es heterogénea, con municipios, estados o departamentos que tienen indicadores comparables a los países de Europa, y lugares en los que la violencia letal es incluso mayor a la de países en guerra.
Los Estados de la región muestran grandes déficits de capacidades en materia de justicia y seguridad. Esto se refleja en índices de impunidad alarmantes, la crisis que atraviesan sus sistemas carcelarios y en la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones de justicia y policía, acota el documento.
A la luz de estos déficits, la privatización de la seguridad ha ido ganando fuerza, lo cual tiende a profundizar la desigualdad en el acceso a la seguridad y deja sin resolver los retos que atraviesa el Estado como principal garante de la seguridad ciudadana, se plantea en su análisis el informe regional del PNUD.
Paralelamente, los vínculos comunitarios como la familia, la escuela y la comunidad han perdido fuerza en algunos contextos como tensores sociales que permiten cooperación y convivencia positiva, propiciando, en algunos casos, formas de organización distorsionadas por el temor y la desconfianza como la llamada “justicia por mano propia”, así como el apoyo a las políticas de “mano dura”.
Diez propuestas de salida
En este sentido, el Informe advierte de los riesgos de las políticas de mano dura en materia de inseguridad y violencia, al aseverar que en la mayoría de los países las mismas han fracasado y que el Estado no debe renunciar a la obligación de brindar protección a la ciudadanía.
El Informe propone intervenciones integrales en escenarios de violencia que sustituyan a la “mano dura”, dadas las malas experiencias registradas en algunos países como Brasil, por ejemplo, en donde la autoridad premiaba a los policías que fuesen más duros ante los criminales, con el resultado de un aumento en los niveles de abuso policial y coincidió con las tasas de homicidios más altas registradas en algunos Estados.
En este sentido, el PNUD ofrece diez salidas para una América Latina segura que son: alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas; prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.
También disminuir la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos; generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito; potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana; incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.
Asimismo, atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público; salvaguardar activamente los derechos de las víctimas; regular y reducir los disparadores del delito—como armas, drogas y alcohol—desde una perspectiva integral y de salud pública; fortalecer los mecanismos de coordinación y de evaluación de la cooperación internacional.
