Tegucigalpa – Una delegación de derechos humanos de Estados Unidos anunció este domingo en Tegucigalpa que han venido «de forma urgente para observar los procesos legales en contra de los 12 defensores medioambientales», que se oponen a un proyecto minero en el departamento de Colón, Caribe de Honduras.
Los 12 hondureños «han sido criminalizados por proteger el ambiente y el agua de un proyecto minero en Guapinol», Colón, indicaron Claire White, doctorada de la Universidad de Harvard, y Pastora Kathleen McTigue, directora del Centro de Justicia Social de la Iglesia Unitaria Universalista de EEUU, dedicado a la defensa de los derechos humanos.
Además, reiteraron su «profunda preocupación por la estrategia de criminalización de la defensa de la vida y del medioambiente por parte del Estado de Honduras y la actuación del poder judicial y el Ministerio Público, siendo su máximo responsable el fiscal general Óscar Chinchilla, que ha contado con el apoyo firme de la Embajada de los Estados Unidos».
«Hemos sido testigos de que 12 medioambientalistas son procesados como si fueran terroristas o parte del crimen organizado», indicó la delegación en un comunicado.
Según Claire White y Pastora Kathleen McTigue, el Estado de Honduras ha utilizado diferentes tácticas para criminalizar a los ambientalistas hondureños, entre ellas, la aplicación de delitos como la asociación ilícita, y la jurisdicción de tribunales que juzgan a la criminalidad organizada.
También indicaron que a los 12 acusados el Ministerio Público los ha identificado como una «banda organizada, construyendo delitos comunes graves haciendo un uso amañado de los testigos sin rostros y pruebas anticipadas, violando las garantías de los defensores».
«Repudiamos que el Gobierno de Honduras decida dar respuestas penales a problemas sociales, que tienen su origen en la corrupción e impunidad institucional», señalaron Claire White y Pastora Kathleen McTigue.
En el caso de Guapinol, las concesiones mineras ilegales y un decreto inconstitucional está reduciendo la zona protegida del parque Carlos Escaleras para poder llevar a cabo proyectos que «han provocado daños ambientales y altos riesgos a la vida de los defensores».
Claire White y Pastora Kathleen McTigue consideran que la Embajada de Estados Unidos debería estar protegiendo a los defensores de derechos humanos y del medioambiente en Honduras, «y no un gobierno ilegítimo y a los intereses económicos que provocan estos conflictos».
También cuestionaron «el apoyo público que el día de hoy la Embajada (de Estados Unidos) ha manifestado para Corporación Dinant, cuyos dueños son de la misma familia dueña de Inversiones Los Pinares y el proyecto minero de Guapinol».
El 27 de febrero las organizaciones que conforman la Plataforma Agraria Regional del Valle del Aguán, Colón, rechazaron la resolución del juez Víctor Méndez, de jurisdicción nacional, por haber enviado a la cárcel «bajo un proceso viciado e ilegal a los 12 defensores de la vida».
Los doce acusados fueron enviados a la cárcel de Támara, cercana a Tegucigalpa.
Según la Plataforma Agraria, el conflicto en Guapinol se origina «por la ilegalidad de la concesión de la explotación minera a la empresa Inversiones Pinares (antes Emco Mining Company), propiedad de Lenir Pérez y Ana Facussé (hija del fallecido magnate Miguel Facussé)».
Ese proyecto afecta el Parque Carlos Escaleras, ya que a través de un decreto presentado en 2012 se le ha reducido la zona de núcleo del área protegida de 24.223 a 24.006 hectáreas.
La Plataforma Agraria le solicitó al juez Víctor Méndez que «se respete la inocencia» de los doce encarcelados, entre ellos una mujer, por defender la tierra y el agua, y que actué en base a la ley y la justicia, «no parcializado hacia los interés de Inversiones Pinares».
