Por: Julio Raudales
El Centro para la Investigación Económica y Política (CEPR por sus siglas en inglés), un importante tanque de pensamiento social radicado en Washington DC, acaba de publicar un interesante análisis sobre las circunstancias en que se tomaron las últimas decisiones de política económica en nuestro país.
El estudio denominado “Honduras: La austeridad del FMI, la Política Macroeconómica y la Inversión Extranjera” http://www.cepr.net/documents/Honduras_IMF-2015-08-espa%C3%B1ol.pdf, hace una fuerte crítica a las decisiones que las autoridades tomaron a comienzos del 2014 con el objetivo de rescatar al sector fiscal, cuyo déficit se había exacerbado a partir del 2008 debido fundamentalmente a la ausencia de medidas adecuadas frente la crisis internacional y al lastre ocasionado por el golpe de estado del 28-J. La poca voluntad que el gobierno anterior exhibió para sanear el problema, nos llevó a concluir el 2013 con un déficit de 7.9% del PIB y una deuda pública que se acerca al 50% del Producto.
El autor, Stefan Lefebvre, señala que la forma en la que fue negociado el actual Programa Stand By con el FMI es de hecho, “técnicamente inapropiada”, debido a que en el mismo se exige a la vez una reducción de 6.5% del déficit fiscal en apenas 3 años (casi un récord mundial), con una fuerte carga en la primera mitad del mismo, para evitar los costos que genera el ciclo político y que han impedido históricamente la conclusión de dichos acuerdos.
Asimismo el trabajo pone en tela de juicio algunas otras decisiones de tipo estructural, como la concentración de la política social en el otorgamiento de bonos y subsidios, el impulso de un modelo de crecimiento basado en Alianzas Público-Privadas, en desmedro de la inversión pública tradicional; y la apuesta por el fomento a la Inversión Extranjera Directa (IED) como paliativo a los continuos déficits en cuenta corriente de la Balanza de Pagos, aun a sabiendas de su volatilidad y las pocas garantías que el país ofrece en la actualidad para convertirse en un destino codiciado por los inversionistas internacionales.
En lo personal, me choca de este trabajo la ausencia de alternativas a las decisiones tomadas por el Gobierno. En efecto, se hace agravio de las malas decisiones y de las repercusiones negativas que las medidas adoptadas tendrán sobre todo en la generación de empleo, el impacto de las mismas en las familias más pobres y el debilitamiento de la institucionalidad pública, más aun en lo que respecta a la temática social y de formación de capital humano, pero creo que un estudio de esta naturaleza, debería hacer al menos una aproximación a medidas alternas que eviten los problemas que se visualizan.
Sin embargo, al parecer este capítulo tan difícil de las investigaciones prefiere obviarse.
Coincido en la importancia que tienen la secuencia y el ritmo a la hora de hacer ajustes macroeconómicos que requieren la implantación de medidas “draconianas” como las que denuncia el estudio en cuestión. La reducción del déficit fiscal es necesaria, pero hacerlo de una manera tan abrupta, sin considerar las implicancias sociales e incluso las que podrían tener en otras variables “macro”, es sumamente peligroso y puede dejar secuelas muy difíciles de sanar. Un aumento acelerado de impuestos, una reducción en la inversión social o un recorte acelerado del gasto, provocarán sin duda un aumento en el desempleo y un desincentivo en la inversión privada, tan necesaria para garantizar crecimiento sostenible.
Sobre la concentración de la política social en programas de transferencias y subsidios, vale la pena aseverar que, aunque los mismos han tenido éxito en algunos países cercanos, la experiencia internacional aconseja la implementación de una mezcla de los mismos con programas que permitan el acceso de los más pobres a activos físicos, conocimientos y crédito, de tal manera que los efectos puedan visibilizarse en el largo plazo.
El otro problema que generalmente se observa cuando se apuesta por las transferencias, es el alto riesgo de politización y corruptela que han alentado en países como México y Brasil, por tanto, se hace imprescindible mejorar los controles a la impunidad para que los mismos presenten resultados adecuados.
Sobre el tema de las APP’s que el estudio de CEPR fustiga de manera recurrente, es importante recalcar que las mismas son una buena alternativa, siempre y cuando exista un sistemas de veeduría e información pública que garantice la transparencia en las negociaciones. Pareciera que la práctica nacional ha adolecido de dichos instrumentos y esto lo hace muy vulnerable a la desconfianza ciudadana. Por otro lado, no es aconsejable, al menos por ahora, renunciar del todo al fortalecimiento del sistema de inversión pública. Hacerlo es correr el riesgo de quedarnos sin alternativas.
Quiero finalizar reconociendo que es mucho más fácil criticar que ofrecer alternativas. La responsabilidad del manejo adecuado de políticas públicas es sumamente ingrata y complicada. Pero creo que es mi deber como académico y ciudadano comprometido con el desarrollo, recordar a las autoridades que cuando el país está frente al abismo, lo menos recomendable es dar un paso adelante.
