Por: Luis Cosenza Jiménez
La semana pasada, después que se diera el primer paso en el caso Pandora, conocimos de dos importantes noticias que se originaron en el Congreso de Estados Unidos.
Según un comunicado de Norma Torres, quien integra la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, el 25 de julio dicho Congreso aprobó la iniciativa que ella impulsó y que requiere que el Ejecutivo de ese país publique, a más tardar el 20 de enero de 2019, la lista de personas del Triángulo Norte de Centro América que, según ellos, son corruptos. Asimismo, el 2 de agosto, los miembros de la Cámara de Representantes Eliot Engel, Demócrata, e Ileana Ros-Lehtinen, Republicana, enviaron una carta al Presidente de Estados Unidos, solicitando que se investigue a seis personas, incluyendo a un diputado hondureño, a fin de aplicarles la Ley Magnitsky. Todo parece indicar que se ha agotado la paciencia de los señores del Norte y que han decidido que, si nosotros no queremos, o no podemos, luchar contra la corrupción, ellos lo harán por nosotros. Pero veamos en más detalle lo acontecido.
La Representante Norma Torres, nacida en California de padres guatemaltecos, había logrado que la Cámara de Representantes agregara su iniciativa a un proyecto de ley relacionado con la Secretaría de Defensa de Estados Unidos. Sin embargo, el sistema político de ese país requiere que, para convertirse en ley, la propuesta sea también aprobada por el Senado, cosa que según doña Norma, ocurrió el 25 de julio. Según un comunicado publicado por ella, la Ley requiere que a más tardar 180 días después de promulgada, el Secretario de Estado, en coordinación con el Secretario de Defensa, presente un informe al Congreso de Estados Unidos que incluya lo siguiente: 1) la identificación de los altos funcionarios de los gobiernos de El Salvador, Guatemala y Honduras “conocidos por haber cometido o facilitado actos de gran corrupción o tráfico de estupefacientes”; 2) el señalamiento de individuos de esos mismos países que” se sabe que han utilizado fondos para campañas políticas producto del narcotráfico u otras actividades ilícitas en los últimos dos años”; y 3) los nombres de personas que” son conocidos por haber financiado campañas políticas en los países del Triángulo Norte”.
Por otro lado, la Ley Magnitsky permite a Estados Unidos congelar cuentas bancarias y activos a quienes se les aplique dicha Ley. Igualmente prohíbe a individuos y organizaciones de aquel país tener relaciones comerciales o financieras con esas mismas personas. Algunos pensarán que si una persona no tiene cuentas bancarias o bienes en Estados Unidos, entonces la aplicación de esa Ley no tendrá ninguna consecuencia negativa para el involucrado, pero eso no es así. Recordemos que nuestros bancos necesitan establecer relaciones comerciales con bancos de Estados Unidos. Si no tienen corresponsales en ese país, ni los bancos nacionales, ni sus clientes hondureños podrán hacer negocios con bancos, empresas o personas en Estados Unidos. Sin embargo, la Ley Magnitsky prohíbe a los bancos estadounidenses tener relación alguna con las personas a quienes se les aplique la Ley. Por tanto, seguramente los bancos de aquel país cancelarán las relaciones de corresponsalía con cualquier banco hondureño que tenga como cliente a una persona a quien se aplique la citada Ley. Puesto de otra forma, la banca nacional tendrá que cancelar las cuentas de aquellas personas a quienes se aplique la Ley, quienes consecuentemente perderán el acceso al sistema financiero hondureño y al estadounidense. Tendrán, por tanto, que manejar sus asuntos únicamente en efectivo, con las limitaciones y los peligros que eso conlleva.
Es menester mencionar que en ambos casos las personas señaladas no tendrán el derecho a la defensa, ni contarán con la presunción de inocencia. El simple señalamiento por las autoridades de Estados Unidos servirá para condenarles y destruir sus reputaciones. Claramente se trata de una violación de los derechos de las personas, producto de la soberbia que genera ser una gran potencia y de la frustración que produce nuestra displicencia e indiferencia frente a la corrupción. También cabe mencionar que si se le preguntara a nuestro pueblo si está de acuerdo con estas medidas tomadas por Estados Unidos, seguramente que la gran mayoría diría que sí. No solo se ha agotado la paciencia de Estados Unidos, sino que también la de nuestro pueblo. Si no deseamos ser tratados como un país de segunda o tercera, si no queremos ser tutelados, entonces debemos diligentemente combatir la corrupción y la impunidad. Si no lo hacemos, otros lo harán por nosotros.
