Por. Luis Cosenza Jiménez
Los hondureños somos naturalmente optimistas.
Lo demostramos cada vez que se presenta una oportunidad, como hemos visto recientemente en el caso del nombramiento de los magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, TSC. Supusimos que esta vez se seleccionaría a personas honorables y capaces por sus méritos y no por su participación política. Pensamos que se recurriría a un proceso transparente y serio para seleccionar a los candidatos, entre los cuales escogerían los diputados a los nuevos magistrados. Lamentablemente, tanto propios como extraños hemos sido defraudados ya que todo indica que, una vez más, imperará la politiquería basada en acuerdos oscuros entre los partidos políticos.
La situación ha llegado a tal nivel que los representantes de la sociedad civil, que originalmente venían apoyando el proceso, decidieron retirarse arguyendo que eran “utilizados” por los politiqueros. Todo indica que nuestra clase política se rehusa a entender que los tiempos han cambiado y que piensan que no es necesario modificar su comportamiento. Pareciera que nuestra clase política es impermeable al cambio y la modernización. Sigue anclada al pasado. Lo impresionante es que esto ocurre a pesar de que la comunidad internacional ha venido observando, con preocupación, los acontecimientos. Ante las observaciones que dicha comunidad ha hecho sobre el proceso, la reacción ha sido declarar que estas personas “no votan en el Congreso”. Ante tal exabrupto los hondureños solo podemos lamentar la calidad de algunos de nuestros diputados, y resignarnos a aceptar que lo que tendremos sera un Tribunal Superior de “Cuentos”.
Observando lo que acontece, resulta sumamente difícil convencer a cualquier persona que las autoridades están comprometidas con el combate a la corrupción. De hecho, cuando priman las componendas políticas, todos suponemos que la tarea de los magistrados será proteger a sus correligionarios y amigos, aún cuando hayan estado involucrados en actos de corrupción. Esa es sin duda la percepción que prima en el ambiente y que deteriora nuestra imagen en el ámbito internacional. Resulta incomprensible que esperemos apoyo para la Alianza para la Prosperidad, o que pensemos que florecerá la inversión extranjera, cuando nuestros políticos actúan de esta forma.
He escuchado decir a un miembro (o ex miembro, dependiendo de quien opine) de Libre decir que ahora ese partido contará con un magistrado en el TSC, cuya tarea será proteger al ex Presidente Zelaya y a su grupo cercano de colaboradores. De esta forma, se dice, se evitará que esas personas tengan que responder por supuestas irregularidades ocurridas durante la Administración Zelaya. A ese nivel de denuncia hemos llegado, poniendo en evidencia el descrédito en que ha caído el proceso de selección de los nuevos magistrados del TSC.
Es una verdadera lástima que hayamos desperdiciado una valiosa oportunidad para evidenciar nuestro compromiso con la lucha contra la corrupción. A pesar de que se repite frecuentemente que la ley se aplicará sin contemplaciones, “caiga quien caiga”, los hechos evidencian que simplemente se trata de una cruel burla, y que los amigos de nuestra clase política seguirán siendo inmunes e impunes. Los hondureños hemos aprendido una dolorosa lección. En lo referente a apañar la corrupción, los políticos, con las honrosas excepciones del caso, se arropan con la misma cobija. La corrupción claramente trasciende las líneas partidarias y se convierte en un punto de coincidencia para la clase política.
Mientras tanto, nuestro optimismo ha sufrido, una vez más, un duro golpe, y la credibilidad de nuestra clase política ha descendido aún más. Todo esto conspira en contra de nuestra democracia y de nuestra autoestima y bienestar.
