Tegucigalpa – La Sala IV del Tribunal de Sentencia por unanimidad de votos condenó al abogado Jorge Alberto Maradiaga Rodríguez, por un delito bajo la modalidad del uso de falsificación de documentos públicos en perjuicio de la Fe Pública.
Los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2012 en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) antes conocido como Cefas.
El profesional del derecho se presentó al centro carcelario femenino como apoderado legal de una reclusa identificada como Nora Elizabeth Lazo Jiménez, a quien el Juzgado Penal de la Sección Judicial de Tegucigalpa le había decretado auto de prisión por el delito de asesinato en perjuicio de una menor de 11 años.
El profesional, mediante un pago de 180 mil lempiras efectuado por los familiares de la reclusa, ofreció sacar a Lazo Jiménez de la cárcel, por lo que el día viernes 30 de mayo de 2008 como a eso de las 6:30 de la tarde, se presentó a Cefas con una carta de libertad, un oficio de excarcelación y una copia de una resolución emitida por la Corte de Apelaciones donde supuestamente se le revocaba el auto de prisión a su representada, por lo que el personal de la penitenciaría procedió a excarcelar a su clienta, pero como era viernes le exigieron regresar el día lunes ya que esa hora el departamento legal ya no estaba laborando a lo que ella accedió.
Autoridades del Centro remitieron los documentos al departamento legal tal como estaba previsto; sin embargo, al hacer la investigación de rutina determinaron que la documentación que había presentado el abogado era falsa por lo que de inmediato se realizaron los trámites para revocarle la libertad a la imputada quien según prueba testifical fue sorprendida por el profesional del derecho.
Dados los hechos, Maradiaga Rodríguez también fue acusado por el Ministerio Público por colaboración en el delito de evasión; sin embargo, el Tribunal después de valorar los medios de prueba determinó absolverlo por este ilícito penal.
El Código Penal por el delito de falsificación de documentos públicos en su artículo 289 relacionado al 284 establece una pena de 3 a 9 años de reclusión.
La audiencia de individualización de la pena se realizará el día 7 de mayo a las 9:00 de la mañana.
