Por: Ricardo Puerta
Tegucigalpa.- Según la prensa, la primera dama de Honduras, Ana García de Hernández, anunció el 18 de mayo, desde San Antonio, Texas, que las autoridades de Estados Unidos/EE.UU, deportarán a más familias hondureñas capturadas en las redadas.
El anuncio coincide con una declaración del Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos diciendo que en mayo y junio continuarán las detenciones masivas de inmigrantes indocumentados y aumentarán a Honduras las deportaciones de hondureños.
Un Informe del Centro de Investigaciones (Pew), por sus siglas en inglés, señala que las detenciones de familias centroamericanas se han duplicado entre octubre del 2015 y marzo del 2016 en comparación a las habida en el año anterior, que fueron de 13 mil 913. Las detenciones recientes tienen atemorizadas a muchas familias hondureñas y otras centroamericanas que viven y trabajan sin la debida documentación en el país del Norte.
Por su parte, la Migración estadounidense dice que esas redadas se hacen para deportar a los núcleos familiares, padres/madres e hijos, que ingresaron en EE.UU. como indocumentados después del 1 de enero del 2014. Según estimados, tales redadas podrían afectar a unos 200 mil inmigrantes indocumentados.
Se calcula que más de 68 mil menores no acompañados, y aproximadamente el mismo número de familias, fue detenida al cruzar ilegalmente la frontera solo en el año 2014. Por ese motivo fueron citadas después ante una Corte de Migración y no se presentaron. Esa falta fue la razón principal para que la primera dama aceptara como el motivo principal de las actuales redadas masivas.
Redadas con abuso de autoridad
Los Oficiales de Migración realizan las redadas a horas impropias, generalmente de madrugada. Llegan y preguntan por el migrante que están buscando e insisten en ingresar a la vivienda para detenerlo, aun cuando sus moradores les digan que no pueden hacerlo porque no vive nadie a quien buscan. Los oficiales entonces amenazan con irrumpir con una orden de detención. Cuando logran, los habitantes de la vivienda denuncian que son objeto del uso innecesario de la fuerza y que abusan de su autoridad. Incluso se llevan personas que ingresaron a Estados Unidos antes del 2014.
TPS y más deportaciones
Las redadas suceden a los pocos días que el Gobierno norteamericano, da la buena noticia que extendió por 18 meses más –desde el 6 de julio de 2016 hasta el 5 de enero de 2018– el Permiso Temporal de Trabajo o TPS. Es la décimo tercera extensión que EE.UU. concede a los hondureños, desde el año 1999, fecha en que inició el programa.
La renovación del TPS autoriza trabajar, sin temor a ser deportado. Unos 55 mil hondureños serán de nuevo protegidos. Los hoy favorecidos se inscribieron en el TPS desde el 1999, y llegaron hasta hoy, porque han renovado su permiso cada 18 meses en todos estos años.
Mientras más nos acerquemos al martes 8 de noviembre del 2016, fecha de la elección presidencial en Estados Unidos, se realizaran más redadas de inmigrantes indocumentados. Sencillamente porque el tema migratorio en Estados Unidos se ha politizado y es parte del quehacer político en la actual campaña presidencial de esa nación.
Públicamente, la candidata demócrata Hillary es pro-migrante y el republicano Donald Trump, es anti-migrante. Hillary reconoce que “EE.UU es una nación de inmigrantes y exilados que han llegado al país buscando mejores oportunidades”. Favorece una reforma migratoria que incluya un camino para darle la ciudadanía a los 11.3 millones de migrantes indocumentados que viven hoy el país.
Para Trump, los inmigrantes están relacionados con el aumento del crimen en Estados Unidos. Culpa aún más a los indocumentados por quitarles empleos a los estadounidenses, de deprimir el mercado laboral por aceptar salarios bajos y contratarse sin los beneficios que da la ley, como son los días por enfermedad y de vacaciones. Además, abusan de los servicios sociales y programas de asistencia existentes.
Ni DAPA ni DACA son alternativas
Hasta febrero del 2015, los inmigrantes hondureños, hoy amenazados por la deportación tuvieron en los programas DAPA y DACA opciones para protegerse. Pero contrario a lo que muchos aún suponen, hoy ninguna de esas opciones está vigente.
La Acción Diferida para responsabilidad de los Padres (DAPA, por sus siglas en inglés), entró en vigor en marzo del 2015. La decisión que queda a discreción de los oficiales de inmigración consiste en deportar o no de los EE.UU. a padres de ciudadanos estadounidenses o de residentes permanentes legales, que han estado en el país desde 1 de enero de 2010. Amparado por DAPA, los beneficiados pueden pedir por 3 años la autorización para la Acción Diferida para los Allegados en la Infancia (DACA), también por sus siglas en inglés. Este se encuentra implementado desde el 15 de agosto, 2012. La acción frena temporalmente las deportaciones de los jóvenes indocumentados conocidos por Dreamers o Soñadores, que entraron a EE.UU. siendo niños –antes de cumplir los 16 años de edad– se encuentran en el país desde antes del 15 de junio de 2007, carecen de antecedentes criminales y tenían menos de 31 años de edad el 15 de agosto de 2012. El beneficio también le otorga a los Soñadores un permiso de empleo, renovable cada 2 años.
Pero DACA y DAPA hoy están suspendidos. El Estado de Texas, más otros 25 estados, con el apoyo de gobernadores, gobiernos republicanos y grupos conservadores, desde enero del año 2015 presentaron ante la Corte Suprema de Estados Unidos una demanda contra el Gobierno (Federal) y contra el presidente Obama. Argumentan que DAPA y DACA van contra la Constitución y contra las leyes vigentes porque Obama se excedió en sus poderes presidenciales al aprobar ambas acciones vía decretos ejecutivos. La Corte Suprema tiene hasta finales junio de este año para decidir la demanda.
Sugerencia para inmigrantes en riesgo
Pero los sujetos a deportación que hayan recibido una nota de Migración para que se presenten a una Corte de Migración en una fecha específica, deberían ir a la cita acompañados de un abogado norteamericano. Solo el 8% del total de citados va a la cita con un abogado conocidos como los “Abogados Pro-Bono en Inmigración”. Los interesados pueden conseguir esos servicios, incluso de gratis, contactando en el Estado donde viven al “American Civil Liberties Unión”/ACLU, conocida en español por “La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles” que aparece listada en las páginas amarillas del directorio telefónico de cada Estado de la Unión Americana.
Solo en el Estado de La Florida hay más de 60 organizaciones de asistencia jurídica gratuita, que atienden migración y otros temas. Muchas de estas organizaciones fueron fundadas hace años por iglesias o universidades, y siguen vinculadas a ellas.
Los consulados hondureños, las iglesias y las organizaciones de compueblano que se mantienen en contacto con los hondureños, podrían hacer que los interesados entren en contacto con la ACLU del Estado donde vive el sujeto a deportación, y después de explicarles el caso, sigan sus sugerencias para que puedan ir a la cita de migración contando con asistencia legal gratuita de un abogado estadounidense.
Una raíz intacta
TPS y deportaciones. Ambas noticias, una buena y una mala. Bien aplica aquí un decir gringo –carrot and stick— que traducido al español significa “palo y zanahoria”. Ambas decisiones vienen de Washington, del “imperio”, del “país amigo, socio y aliado histórico de Honduras”; que según el embajador de Estados Unidos en Honduras, James Nealon, en estos días las relaciones binacionales entre Honduras y su país “viven el mejor momento de la historia”.
En dos décadas, tras el Mitch en 1998, el Gobierno de Honduras nunca ha tenido una política migratoria pro-activa. La que existe, en su accionar no favorece más a los migrantes, sus familias y comunidades. En base a lo que el Gobierno no hace y por el accionar protagónico que tienen otros actores, los más activos y beneficiados son los bancos y los coyotes.
Y así será hasta el Gobierno llegue a aceptar la verdadera realidad migratoria hondureña, tal y cual es, y en base a su incomoda existencia, conciba, diseñe y haga que se haga un programa binacional integral, de gestión de la migración hondureña. En un principio, que al menos llene legalmente la cuota anual de trabajadores migrantes temporales que Estados Unidos necesita y que Honduras puede llenar. Como el programa mencionado no existe, los históricos flujos migratorios de los hondureños indocumentados hacia Estados Unidos, continuarán tal y como han sido, o más, en los 20 últimos años, en forma masiva, desordenada, insegura, costosa y gran violadora de derechos humanos.
Lo anterior afecta por año entre 60 mil a 100 hondureños que usan los coyotes nacionales como solución para llegar por tierra hasta el país del sueño americano, donde según mitos y realidades, le espera al migrante una mejor vida y también para su familia, aunque al costo sentimental que se quede en Honduras.
La travesía por tierra fuera de Honduras la hacen con agentes “del coyotaje transnacional”, en interacción con funcionarios corruptos, otros grupos delictivos y delincuentes comunes. De hecho, la estructura exterior opera en alianza con el coyote nacional, pero éste rara vez sale de Honduras como parte «de sus servicios».
Lo anterior explica por qué miles de hondureños migrantes, procedentes en su mayoría de los estratos socio-económicos “bajos” de la sociedad hondureña –pero no “los más pobres”– están dispuestos a pagar, desde 4 mil a 15 mil dólares por persona, con frecuencia exigiéndoles endeudarse con aval u otra garantía, para que “los conocedores de la ruta migratoria” los lleven hasta Estados Unidos, aun cuando el migrante sabe, desde un principio, que va como indocumentado.
Producto mayormente de ello, desde 1998, tras el Huracán Mitch, se encuentran en Estados Unidos unos 780 mil nativos de Honduras, que junto con sus parejas y descendientes, conforman hoy la diáspora hondureña en territorio estadounidense.
Esa comunidad hondureña del exterior, equivale al «Departamento 19 de Honduras», con una población total que asciende a 1.2 millones “de origen hondureño”. Más o menos la mitad de los 780 mil migrantes originarios de Honduras están como indocumentados en el país del Norte.
Lamentablemente, el tipo de gestión migratoria que necesita Honduras para acabar con la migración irregular hacia EE.UU., no es parte del Programa Nacional de Desarrollo Económico 20-20 del gobierno de Honduras, ni del Plan de la Alianza para la Prosperidad de EE.UU. A pesar que ambos buscan prevenir y eliminar la migración irregular hondureña.
Además, el tráfico ilegal de hondureños migrantes, como tal, está penado solo en parte y por razones distintas en el Código Penal hondureño vigente. Tampoco aparecerá listado, como tal, en los nuevos delitos que van a agregarse al nuevo Código Penal de Honduras, todavía en discusión en el Congreso Nacional de la República.
