Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- América Latina aguanta la respiración ante los efectos políticos que está dejando la operación Lava Jato que inició en Brasil con el caso de la corrupción en la estatal petrolera Petrobras, que ahora arrastra a una de las más grandes firmas constructoras brasileras conocida como Odebrecht que amenaza con dejar títere sin cabeza dentro del imperio de corrupción que vía soborno construyó en la región.
Estamos frente a la más grande operación anticorrupción en el continente latinoamericano que ha arrastrado incluso países del Caribe como República Dominicana y en Centroamérica tenemos a Panamá, pero todo indica que la historia no termina. Es e principio de un tsunami de corrupción de tentáculos insospechados.
Los expertos atribuyen este boomerang a la llamada Ley de Colaboración Eficaz, un instrumento del llamado “derecho penal premial” que permite la posibilidad de que un procesado por determinados delitos pueda obtener un beneficio, que va desde una pena atenuada hasta la remisión total de la pena, a cambio de la entrega de información relevante, oportuna y verificable, que conduzca a mejorar la eficacia de la persecución penal, sobre todo, de organizaciones criminales.
Esta normativa en Perú, por ejemplo, permitió llegar a desmantelar la red construida por Vladimiro Montesinos y el ex presidente Alberto Fujimori. En Brasil y Estados Unidos, este mecanismo ha podido desnudar a un país carioca desconocido, con un cáncer fulminante que no solo quiere hacer metástasis entre los brasileros, sino que quiere expandir su hedor por casi toda Latinoamérica. Y quien quita que el coletazo llegue también a Centroamérica más allá de Panamá.
Las leyes de colaboración eficaz que toman distintos nombres en los países donde se encuentran, han logrado desarticular grandes criminales de corrupción y de criminalidad organizada. En Guatemala, para el caso, ha sido efectiva para llegar hasta el cabecilla que secuestró un partido político para llegar a cooptar un país y desfalcarlo con una red y subredes de corrupción de película. Se trata del ex presidente Otto Pérez Molina, según las pesquisas que abarcan a su ex vicepresidenta, Roxana Baldetti y hoy, en ese coletazo, en aprietos está un hijo y un hermano del actual presidente de ese país. Ver para creer.
En Honduras, la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH), junto al Ministerio Público, anunciaron el envío el 26 de diciembre pasado de una ley similar al poder Ejecutivo para ser aprobada por el parlamento en el menor tiempo posible.
A lo interno del hemiciclo, el llamado Frente Parlamentario de Apoyo a la MACCIH ha mostrado su interés de acompañar esta iniciativa para empezar a construir en este país un nuevo andamiaje jurídico en donde la impunidad no siga agazapada, sino que sea develada “caiga quien caiga”.
Al leer el impacto que el caso Odebrecht está generando en la región, pienso modestamente en los laberintos a los cuales nos puede conducir la pus del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que según un reciente libro del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH) tocó no solo grandes redes de corrupción, sino que contaminó subredes que incluyen pequeños grupos burócratas, gremiales, económicos, políticos y de testaferros. Salud, Educación, Instituto de la Propiedad, ENEE y otros más son los otros retratos de la impunidad con que la corrupción ha operado en Honduras.
Los juicios que inician solo son la punta del iceberg y como bien dijo en un reciente conversatorio con la prensa uno de los integrantes de la MACCIH, una sentencia puede ser el comienzo del fin, pero el fin puede estar mucho más lejos.
Comparto con los integrantes de la Misión que la ley de colaboración eficaz pondrá a prueba de qué tipo de voluntad política está hecho el Estado y la clase política en el parlamento y el ejecutivo. No me extrañaría, incluso, que por acompañar esa iniciativa, el fiscal general, Óscar Chinchilla, empiece a incomodar más de la cuenta y busquen escenarios para sacarlo antes de tiempo. No conozco a Chinchilla, pero hay cosas que son previsibles.
Para muchos, las acciones de la MACCIH pueden parecer teóricas y hasta muy burocráticas. Tienen que mojarse más, aseguran. Pero lo cierto es que lo poco que hace o anuncia que piensa hacer, parece que también molesta.
Y cabe aquí entonces la impresión del comisionado de la CICIG, Iván Velásquez, que ante la arremetida que es objeto por su trabajo ha dicho a los guatemaltecos: “Luchen por su patria, sean participativos, comprométanse en la lucha contra la impunidad y la corrupción”. En ese barco también, debemos estar nosotros. Esperemos, pues, nuestro Lava Jato.
