Por. Thelma Mejía
Tegucigalpa.- Los últimos golpes otorgados por el gobierno a las redes del narcotráfico confirman que el país ha entrado a una etapa sin reversa con consecuencias imprevisibles que esperamos tenga, por parte de la actual administración, una estrategia aceitada de defensa.
Más allá del folclorismo del titular de Seguridad con su operación “cucaracha” en alusión que no permitirán que las redes del narcotráfico se extiendan a otras regiones menos inseguras, lo cierto es que la presión a que es sometida la administración del presidente Hernández es fuerte y al parecer Washington no está dispuesto a dar tregua a los barones de la droga que operan en el país.
De a poco, las autoridades hondureñas y el propio presidente Juan Orlando Hernández, vienen preparando a la sociedad hondureña para que no se sorprenda si en medio de esa enorme operación antidroga, matizada por nombres rimbombantes, caen desde políticos, gente común hasta presuntos empresarios.
Es así como el primer sorprendido por la acción es el alcalde de Yoro, Arnaldo Urbina, a quien un juez especial fijará un juicio por delitos relacionados con lavado de activos y portación ilegal de armas, entre otros. Este es el primer caso de un alcalde en el país que será enjuiciado por estos hechos, pero hay quienes aseveran que por ser juzgado en Honduras, es poco probable que sea un presunto extraditable a Estados Unidos.
Urbina es un prominente político y hacendado que de acuerdo a sus defensores podrá probar el origen de sus bienes, pero difícilmente la portación ilegal de armas de uso comercial y de guerra. Él es un alcalde reelecto del Partido Nacional, en el poder, y fue el coordinador de campaña en esa zona de quien ahora ostenta el poder ejecutivo en este país.
En la mira también se encuentra el edil de la ciudad de Choloma, Polo Crivelli, a quien montaron un operativo tan espectacular como el hecho a Urbina, solo que en este caso no encontraron, al parecer, lo que buscaban y siguiendo el estado de Derecho, los delitos que se le imputan no ameritaban esa operación, dicen los entendidos en la materia que he consultado. Ellos aseguran que aquí el Estado se llevó de encuentro su propia institucionalidad. Es probable que se haya dado una fuga en las labores de inteligencia.
Pero las autoridades tienen su propia versión de los hechos y según la fiscalía probará los presuntos ilícitos en que incurrió el alcalde, también reelecto, del Partido Liberal. Mucha nebulosa hay sobre este caso y el tiempo dará las respuestas ante las dudas. La prensa sigue, como en todo lo que está pasando, expectante.
De Choloma, las autoridades policiales y militares se trasladaron a una zona remota en el occidente de Honduras, en el departamento de Copán, y ahí asestaron un fuerte golpe a una familia de la zona identificada como los Valle Valle.
Estados Unidos los designó como un cartel del narcotráfico y una de sus parientes fue encarcelada en ese país cuando se presume vacacionaba con su familia.
Todas estas acciones han evidenciado una especie de lujos ocultos en esas montañas de Honduras que podrían indicar que se está frente a una nueva casta de presuntos narcotraficantes que buscan legitimarse como elites, ya sea urbana o rural.
Ese mestizaje entre el aprendiz de buen gusto y el de gustos refinados, abre nuevas aristas en este proceso de mutaciones de la criminalidad organizada y sus posibles protagonistas, que según el asesor presidencial, Marvin Ponce, logró penetrar la política y otras estructuras sociales.
El impacto de las operaciones estatales, en donde se percibe, aunque no se visibiliza tanto la mano de Washington, tiene su primer efecto en lo local. La gente de las zonas afectadas ha salido a protestar—inducida o no—por lo que consideran el cierre de fuentes de empleo y eso la autoridad lo sabe. Es obvio que habrá un efecto inmediato en la deprimida economía del país y habrá que tener respuestas integrales para que la legitimación de esta nueva casta no se institucionalice y complique aún más la gestión de gobernanza y gobernabilidad que intenta retomar el Estado.
El país entró a un capítulo sin retorno, en medio estamos los periodistas y los operadores de justicia como actores vulnerables, unos en la búsqueda y transmisión de la información, y otros en su función de aplicar la ley y el respeto al Estado de Derecho.
Pero en medio también está la gente común y las víctimas de la violencia que amenaza con tener picos altos y avanzar de la mano de la impunidad hasta en sitios impensables como la morgue, en un afán por querer decirnos: ni aquí están seguros a la hora de retirar a sus muertos.
Es como si viviéramos una película en la cual nadie pidió ser protagonista, ni los presuntos buenos ni los presuntos malos. Un filme en el cual abundan los ecos autoritarios, en contraste con las voces débiles de quienes, casi sin fuerza, a causa del pánico y el miedo, piden la paz.
No la tiene fácil el presidente Hernández, quien ha mostrado una fuerte voluntad política en este tema, pero se verá obligado a replantearse incluso su seguridad personal por tanto frente abierto. No obstante, el de a pie, el que no tiene vela en el entierro, a falta de blindaje, lo único que le acompaña es la oración y el amén. Es la Honduras sin reversa.
