Recientemente el Poder Ejecutivo presentó la reformulación del Presupuesto General de la República correspondiente al año 2022, y el Congreso se apresuró a aprobarlo por unanimidad y con poca discusión. Curiosamente, con muy pocas excepciones, los grupos, asociaciones y personas que tradicionalmente se han ocupado de discutir los proyectos de Presupuesto han guardado silencio. Personalmente encuentro preocupante esta situación y por ello he decidido dedicar esta columna al recientemente aprobado Presupuesto.
Para comenzar, me parece necesario mencionar que no soy un experto en temas presupuestarios y por tanto, salvo por unos pocos comentarios, tendré que limitarme a plantear varias preguntas con la esperanza de que los expertos puedan contestarlas. La primera pregunta, por supuesto, es cómo ha resultado posible presentar un presupuesto que es alrededor de cincuenta mil millones de lempiras más alto que el que dejara la Administración saliente (que ya algunos habían criticado por ser muy elevado), después de que las autoridades nos habían dicho que las finanzas públicas estaban en quiebra y que ni siquiera se contaba con fondos para el pago de los salarios de los empleados públicos.
Sea eso como sea, veamos ahora algunos aspectos del Presupuesto. Según el documento presentado al Congreso, los ingresos tributarios serán del orden de ciento diecinueve mil millones de lempiras, mientras que los ingresos de la Administración Central serán un poco más de doscientos trece mil millones, incluyendo préstamos y la colocación de títulos y valores de largo plazo por casi ochenta y dos mil millones. Es decir que incrementaremos la deuda de la Administración Central por ese considerable monto. Según entiendo el PIB para 2022 es de alrededor de seiscientos veintitrés mil millones, lo cual, implica que se ha aprobado un presupuesto con un déficit de trece por ciento. Es cierto que vivimos tiempos extraordinarios a causa de la pandemia, la invasión rusa y los aumentos concomitantes en los precios de los combustibles, los fertilizantes y en general en el índice inflacionario, pero aún así yo entiendo que un déficit del trece por ciento es extraordinaria y peligrosamente alto. De hecho, nuestro país aprobó hace algunos años una Ley de Responsabilidad Fiscal que como regla establece que el déficit no debe superar el tres por ciento. ¿Qué sucederá ahora? ¿Derogaremos explícitamente la Ley de Responsabilidad Fiscal para vivir con déficits más altos? ¿Qué es lo que se proponen y por qué no hemos sido informados? ¿Por qué no se ha debatido, previo a aprobar el nuevo presupuesto, el programa financiero previsto para los cuatro años de gobierno? ¿Para dónde vamos y por qué no nos informan? Por otro lado el Banco Central recientemente aprobó el Programa Monetario para este año, basado en premisas enteramente diferentes a las que utilizaron en la preparación del Presupuesto Reformulado, lo cual implica que el BCH tendrá que preparar un nuevo Programa Monetario. Pareciera que el BCH y SEFIN caminan por diferentes rutas y eso no es conveniente para las finanzas públicas.
Nuevamente, a mi entender, los altos déficits fiscales son indeseables porque para financiarlos hay que endeudar más al país, o si no se logra financiarlos, proceder simplemente a imprimir más billetes que los que demanda el crecimiento económico. Esto último resulta, tarde o temprano, en inflación, y el abultado financiamiento, cuando este es posible, produce, además de inflación, una pesada carga por concepto de servicio de la deuda e irremisiblemente lleva a subir impuestos en el futuro. Ojalá que yo esté equivocado y que los expertos puedan explicar por qué el alto déficit fiscal no es preocupante.
En el nuevo presupuesto, el servicio de la deuda, es decir el pago que anualmente debemos hacer por intereses y por la amortización de los préstamos que hemos contraído, llega a casi cincuenta y tres mil millones y es más que la asignación presupuestaria a Educación (casi treinta y seis mil millones) y a Salud (casi veinticinco mil millones). De hecho, por el rumbo que hemos tomado, es probable que el próximo año el servicio de la deuda, que ya llega al cuarenta y cinco por ciento de los ingresos tributarios, sea más que la suma de los presupuestos asignados a Educación y Salud. En el futuro cercano, en el curso de esta Administración, más de la mitad de los impuestos que pagamos servirán para atender el servicio de la deuda.
Por supuesto que el Presupuesto Reformulado depende totalmente de la factibilidad de lograr financiar casi ochenta y dos mil millones de lempiras, es decir, cerca de tres mil trescientos millones de dólares. Claramente que en las condiciones actuales esa sería una tarea titánica, máxime cuando las mismas autoridades han proclamado que las finanzas públicas están en muy mala situación y hasta han planteado el refinanciamiento de nuestra deuda. Siendo eso así, la única opción que resta para financiar el presupuesto sería continuar usando las reservas internacionales, es decir, las divisas que con sacrificio hemos ahorrado para garantizar la oportuna disponibilidad de las importaciones que necesitamos para que funcione nuestra economía. Ya se había anunciado un préstamo del Banco Central al gobierno por ochocientos millones de dólares y ahora se habla de otro de mil millones. A ese paso, en pocos años, en esta Administración, estaremos llevando las reservas internacionales al mínimo necesario para asegurar las importaciones y la estabilidad cambiaria. Mientras tanto, presupuestos extraordinariamente altos servirán principalmente para hacer crecer el aparato burocrático estatal, es decir para contratar activistas dedicados a tareas improductivas. Sabemos, por lo que hemos vivido, que los presupuestos incluyen muy pocos recursos para invertir, y que además no tenemos la capacidad para invertir esos exiguos recursos. Sin embargo, si somos muy buenos para contratar activistas, como lo demuestran la ENEE y HONDUTEL. Nos encontraremos pues con un hipertrofiado aparato estatal que demandará más y más fondos y aumentos, mientras consumimos nuestras reservas internacionales en gasto corriente. Ya todos sabemos lo que ocurre cuando se les dice a los empleados públicos que no hay recursos para el pago de sus salarios. Ojalá que no estemos sembrando viento porque cosecharemos tempestades.
Para finalizar, recordemos que la Administración de don Mel Zelaya recibió una economía sana, creciendo anualmente un cinco y hasta un seis por ciento, con una deuda externa reducida por la condonación, con un programa vigente con el FMI y con recursos para el combate a la pobreza. Pocas Administraciones han recibido el país en iguales circunstancias. Sin embargo, al final quedamos preguntando qué sucedió con los fondos condonados que debieron haber servido para combatir la pobreza. Ahora la Administración de doña Xiomara ha recibido el país en condiciones menos favorables que las que disfrutó don Mel, aunque ha heredado un nivel extraordinario de reservas internacionales que le permiten financiar un presupuesto hipertrofiado. Ojalá que yo esté equivocado, pero es posible que al final de la presente Administración preguntemos que pasó con las reservas internacionales. Sería una lamentable pena si dilapidamos nuestras reservas simplemente para incrementar la burocracia estatal mediante la contratación de activistas. Sería una lástima que las Administraciones Zelaya pasen a la historia como quienes han dilapidado los extraordinarios recursos que tuvieron para promover el desarrollo nacional y para reducir la pobreza.
