Managua – El sector agropecuario de Nicaragua urgió este miércoles que el Gobierno de Daniel Ortega acceda a llegar a acuerdos con la oposición, para evitar el colapso de la producción agrícola, en medio de la peor crisis sociopolítica local en décadas.
«El Gobierno está desbaratando lo que teníamos en el tema económico (…), el problema de Nicaragua es sociopolítica, mientras no tengamos un acuerdo para hacer justicia (…) elecciones libres, adelantadas, esto no va a poder detenerse», dijo el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Michael Healy, en conferencia de prensa.
El sector agropecuario considera que las medidas económicas implementadas por el Gobierno, adicionales a las decisiones políticas practicadas desde 2018, podrían causar la suspensión del ciclo agrícola anual, que inicia dentro de un mes, y en consecuencia, un estallido social peor que el de abril pasado.
El presidente de la Cámara de Exportadores de Nicaragua, Guillermo Jacoby, afirmó que el peligro económico que enfrenta el país se debe al encarecimiento del pliego tarifario nacional, las reformas a la seguridad social, el aumento semanal en los precios del combustible, la falta de inversiones, y las condenas internacionales.
A eso sumó el deterioro en los precios internacionales del 80 por ciento los productos que exporta Nicaragua, la toma de tierras ejecutadas productivas, la posible cancelación de contratos, y una probable expulsión de tratados de libre comercio con Estados Unidos y Europa, a causa de las decisiones gubernamentales.
Los exportadores temen una reducción de entre el 5 y el 10 % en ventas en 2019, que representaría entre 200 y 300 millones de dólares menos.
Los empresarios agrícolas advirtieron que lo anterior afectará de forma directa a un sector que emplea a 1 millón de personas, es decir 1 de cada 6 habitantes y 1 de cada 3 ciudadanos con empleo en Nicaragua.
Si el Gobierno no toma medidas políticas inmediatas para resolver la crisis económica, el impacto al sector agropecuario tendrá efectos nefastos en las familias, advirtió el presidente de Upanic.
La advertencia de Healy se basa en que el sector agropecuario produce 22 de los 53 productos de una canasta básica que hasta abril pasado se cubría con el trabajo de 2,5 personas, pero ahora se necesitan de 3 a 3,5 para adquirirla, a pesar de que en cada hogar solamente 1,5 miembros tienen empleo.
El presidente de la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua, José Ángel Buitrago, resaltó que el contexto nacional e internacional no da opción a los productores a trasladar los costos de producción a los clientes. «Va a ser una catástrofe total, vamos en caída libre», sostuvo.
Healy, también integrante de la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que negocia una salida pacífica a la crisis con el Gobierno, llamó al Ejecutivo a aceptar una solución adecuada a la crisis.
«El llamado es pedirle al Gobierno que recapacite con el tema del diálogo, el tema económico es una consecuencia de un tema político, y que se pueda llegar a los arreglos», reiteró.
El empresario ganadero Rafael Martínez fue más directo en su demanda: «Esto es una alarma, una advertencia, señores, están haciendo mal, rectifiquen, hagan las cosas mejor, orienten mejor, o dejen el poder, que eso es lo que no saben hacer».
La crisis de Nicaragua, que Ortega identifica como un «golpe de Estado fallido», también ha dejado 325 muertos desde el estallido social de abril pasado, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por su parte grupos humanitarios locales identifican hasta 561 víctimas, mientras que Ortega reconoce 199.
La CIDH insistido en que el Gobierno de Ortega ha cometido crímenes «de lesa humanidad».
La Organización de los Estados Americanos (OEA) tiene en proceso la aplicación de la Carta Democrática Interamericana, que de ejecutarse, suspendería a Nicaragua del organismo continental.
