Guatemala.- El expresidente del Banco de Desarrollo Rural (Banrural) de Guatemala Adolfo Fernando Peña se entregó hoy a las autoridades tras ser señalado de participar en un caso de corrupción y lavado de dinero conocido como «Cooptación del Estado».
El expresidente de la entidad bancaria se encontraba prófugo de la Justicia desde el pasado 2 de junio, cuando la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) destaparon este escándalo.
Su entrega se produjo en el marco de la audiencia de primera declaración de más de 40 implicados en esta trama delictiva, a través de la cual, según el Ministerio Público (MP-Fiscalía), el exbinomio presidencial compuesto por Otto Pérez Molina y Roxana Badeltti, ya en la cárcel por otro caso de corrupción, recibieron lujosos regalos sufragados por sus ministros gracias a comisiones ilegales.
Entre 2012 y 2014, Pérez Molina percibió como obsequios por su cumpleaños una lancha, una casa en la playa y un helicóptero, valorados en 4,3 millones de dólares; mientras a Baldetti le obsequiaron una vivienda en Roatán (Honduras) por valor de 500.000 dólares.
Por estos hechos también fueron detenidos los exministros de Defensa y Gobernación durante el mandato de Otto Pérez Molina en Guatemala (2012-2015) Manuel López Ambrosio y Mauricio López Bonilla, al tiempo que se emitieron dos órdenes de captura internacional contra los exresponsables de Comunicaciones y Energía y Minas, Alejandro Sinibaldi y Érik Archila.
A todos ellos, incluido el expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) Juan de Dios de la Cruz, se les imputan los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero, cargos que también se añadirán a las acusaciones contra Pérez Molina y Baldetti.
Al exresponsable de Gobernación López Bonilla se le añaden también los cargos de cohecho pasivo y fraude por supuestas irregularidades en el otorgamiento de un contrato de seguridad del Registro Nacional de Personas (Renap).
Estas detenciones se suman a la del exministro de Cultura y Deportes Dwight Pezzarossi, acusado de participar en esta trama de cooptación del Estado liderada presuntamente por Pérez Molina y Baldetti.
La red criminal, en la que están involucradas grandes empresas, incluidos medios de comunicación y constructoras, financió de manera ilegal al Partido Patriota (PP), liderado por Pérez Molina, para su llegada al poder en 2012, según la acusación.
Una vez asumido el cargo, el exbinomio presidencial otorgó contratos ventajosos a estas empresas, así como a otras a las que exigió comisiones que alcanzaron al menos 500 millones de quetzales (65,5 millones de dólares), de acuerdo con la investigación.
Según la acusación, unas 50 personas están implicadas en este caso.
