Esta semana se instala en el país la denominada Mesa de negociación para el ajuste al salario mínimo. Se espera que, en ella, dirigentes obreros y representantes de los empresarios, logren un acuerdo sobre un posible ajuste al piso que debería tener el ingreso de los trabajadores menos calificados en los distintos sectores productivos del país.
Aunque es importante admitir que las discusiones alrededor de este tema suelen estar sesgadas por elementos ajenos a los hallazgos que la ciencia ha hecho evidentes, no solamente en términos de la mejora en el ingreso de los mas pobres, pero también en la productividad del factor trabajo, que es tan importante para asegurar la mejora en el bienestar de mediano y largo plazo.
Cuando se observa a priori la realidad del país, es evidente la necesidad de promover una mejora en los ingresos, sobre todo los de los hogares dirigidos por personas con menores oportunidades como aquellas que tienen un menor nivel educativo, alta prevalencia de enfermedades, poco acceso a medios productivos o problemas físicos para hacerse por sí mismas de condiciones de vida adecuadas. Es decir, más o menos 2 de cada tres trabajadores o trabajadoras según del Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
Dicho lo anterior, es también natural que la ciudadanía exija que esta fuerza laboral sea remunerada de forma consecuente con la realidad que vive el país: los alimentos, la vivienda y el vestuario escasean y sus precios tienden a subir por encima del nivel general, ni se hable de los servicios básicos como la energía, el agua potable, la salud, educación y el transporte que, al ser proveídos por el estado, no solo menguan en su disponibilidad sino en la calidad de su prestación.
Así que, en especial, trabajadores y gobierno ven en la fijación y la revisión anual al salario mínimo una respuesta relativamente sencilla a la presión ciudadana por una asignación justa del pago a quienes con su trabajo contribuyen con la producción del país.
De ahí que desde 1971, en uno de los tantos gobiernos militares que hemos tenido, se haya aprobado una ley que manda y gestiona un esquema de negociación para definir el nivel y los ajustes que anualmente deberán hacerse a este que se considera un derecho inalienable para la población trabajadora. Así que, en cumplimiento a lo que establece dicha norma jurídica, instancias obreras, campesinas y empresariales se sientan a partir de hoy para, con la mediación del gobierno, discutir el ajuste a aprobar para el bienio que comienza.
La negociación y los acuerdos son el elemento más importante de la convivencia social. Pero es importante que se den bajo el paraguas del conocimiento, es decir, en el marco de las condiciones técnicamente viables para que sus resultados no afecten todavía más la ya compleja condición social que vivimos en Honduras.
Importante es, por ejemplo, que sepan que de 4 millones de personas trabajan o están dispuestas a hacerlo en nuestro país, casi la mitad lo hace por cuenta propia y prácticamente todas ellas son pobres, es decir, su trabajo no les sirve para garantizar sus medios de vida. Que haya un aumento en los salarios no tiene ningún efecto sobre ellos, ya que carecen de un patrono que les pague ese incremento.
También es bueno que recuerden quienes van a negociar, que el otro grupo, es decir, los que sí reciben un pago fijo por su trabajo, no se verán en su mayoría beneficiadas por un incremento en el salario mínimo, ya que apenas un 5% de la fuerza laboral lo hace por ese ingreso garantizado. O sea que, la mayoría de quienes constamos en una nómina, ganamos más que el salario mínimo. ¿Curioso no?
También es interesante darse cuenta de que, según las cifras del INE, hay un 33% por ciento de incumplimiento en el pago del salario mínimo, lo cual deja evidencia la poca capacidad que tiene el gobierno para asegurar el cumplimiento de la ley.
Por último, es crucial que, tanto trabajadores como empresarios tengan claro que un aumento exorbitante al salario mínimo no es, ni por cerca, una garantía para mejorar el bienestar de la gente mas pobre. Una decisión de este tipo solo sirve para colgarle medallas a políticos que, urgidos por ganar las elecciones, juegan a empobrecer aún más a quienes deberían apoyar para salir de la pobreza.
No es con artificios salariales que se logra el desarrollo, es con más y mejor educación, salud, carreteras y servicios públicos. ¡Que se entienda de una vez!
