Tegucigalpa – La Comisión Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) reveló los nombres de las empresas que suscribieron contratos con la institución y los cuales se encontraban sobrevalorados en más del 50 por ciento, en el caso de corrupción más sonado actualmente.
– “El Ministerio Público tiene rica información que puede ser valorada”, dijo Morales, para luego agregar: “corruptos y corruptores hubieron (hubo) en el Seguro Social y no lo podemos negar”.
– “No es competencia de la Junta Interventora ofrecer nombres de los responsables vinculados a las empresas que desfalcaron al Seguro, le corresponde hacerlo al tribunal competente”, señaló Leitzelar.
Asimismo, revelaron que por sus gestiones se logró evitar el pago de 2,000 millones de lempiras por sobreprecio pactado por equipos, medicamentos y servicios. “Corruptos y corruptores hubieron (sic) en el Seguro Social y no lo podemos negar”, indicó la presidenta de la Comisión Interventora.
Los interventores Vilma Cecilia Morales, Roberto Carlos Salinas y Germán Leitzelar comparecieron ante la prensa nacional en las gradas de Casa Presidencial por el caso del despilfarro de fondos del Seguro Social y que se traducen en la presentación de siete requerimientos fiscales y 38 personas con auto de formal procesamiento, siete de éstas, cumpliendo la medida de prisión preventiva en Honduras, más otras tres cuya libertad se encuentra restringida en suelo extranjero, específicamente en los Estados Unidos, Panamá y Chile.
La primera en tomar la palabra fue Vilma Cecilia Morales, quien explicó que los trabajos de la Junta Interventora los ha llevado a emitir tres informes conclusivos y un último que tiene que ver con los resultados de la intervención.
Recordó que en el primer informe presentado por la Comisión, se reveló que los compromisos contractuales por la administración del Seguro Social llevaban un efecto de más de seis mil millones de lempiras en su perjuicio, lo que llevó a la Interventora a hacer una revisión de responsabilidades y acciones que se condujeron paso a paso.
Citó que esas acciones dejaron la separación de más de 32 empleados y funcionarios del Seguro Social. La mayoría incurrieron en responsabilidades administrativas, por lo que se les siguió el debido proceso.
En otro apartado, dijo que “en la actualidad los principales contratos representaron más de cuatro mil millones, los restantes dos mil millones responden a compromisos no pagados de compras y medicamentos”.
Sobre los primeros cuatro mil millones se derivan de cuatro contrataciones fundamentales, relacionadas al equipo biomédico (118 millones de dólares), luego el contrato con la empresa de servicios múltiples Cosem (35 millones de dólares); se suma la de Sistemas Abiertos (43.9 millones de dólares).
Continuó que en el caso de Dimesa (equipo médico) “esa contratación fue decidida unilateralmente, la resolución del contrato que representó cancelar únicamente un monto de 61 millones de dólares; en el caso de Cosem se pagaron alrededor de 24 millones de dólares; y en Sistemas Abiertos fueron 24 millones de dólares”.
La representación anterior de los pagos significó un ahorro para el Seguro Social por alrededor de dos mil millones de lempiras.
“Tenemos que quitar del imaginario que esos dos mil millones de lempiras circularon en el mercado, ya que son valores que el Seguro no va a pagar a estas empresas”, enfatizó Morales.
La interventora Morales pormenorizó en cada uno de los casos, más allá de sus contratos, e indicó que fueron remitidos al Ministerio Público, a parte de los informes, cada documento certificado que representa algún tipo de presunta responsabilidad penal.
Informes contienen nombres
de empresas y socios
Vilma Morales fue clara al expresar que en los informes remitidos al Ministerio Público no sólo contienen nombres de las empresas, sino también quienes son sus accionistas. Al igual que las decisiones de los miembros de la junta directiva, sus votaciones en cada una de las contrataciones.
“La persecución de estos casos sale de las competencias de la Comisión Interventora, y es allí donde nosotros aclaramos que cuando fuimos llamados para integrar esta comitiva se nos ordenó llegar hasta las últimas consecuencias. Ha existido una voluntad férrea del presidente Juan Orlando Hernández en el combate a la corrupción”, contextualizó.
Ejemplificó que sólo en 2014 trasladaron 77 documentos a la Fiscalía hondureña. “Ahí está todo el horizonte de los informes, en tanto de enero a mayo de 2015 hemos pasado 28 documentos”, añadió.
Morales puntualizó que “es un desafió para el Ministerio Público hacer la tarea de las acciones penales que corresponden, no es tarea que nos atañe a nosotros”.
Destacó que una gran resultado de la actual gestión de la Interventora “haber pagado más de mil 500 millones de lempiras de compromisos reclamados y tener todavía valores a favor del Seguro Social”.
Todos los partidos salen en el informe
Otro de los interventores del Seguro Social, Roberto Carlos Salinas, dijo que las cifras que ellos han mencionado por compras y contrataciones es de 200 millones de dólares as (cuatro mil 200 millones de lempiras); “Nunca mencionamos cifras de siete mil millones de lempiras”, dijo.
Contó de esos 200 millones de dólares, tres contratos con las empresas anteriormente descritas representan el 85 por ciento del monto total. Estas transacciones estaban sobrevalorados en más del 50 por ciento.
Sobre esos 100 millones de dólares (dos mil 100 millones de lempiras), 60 millones dólares fueron recuperados en el caso de la empresa Dimesa, mientras 35 millones dólares en el caso de Cosem y Mofihss.
Salinas coincidió con Morales que la cantidad de la recuperación supera los dos mil millones de lempiras, de los cuatro mil millones que había de venta.
“En nuestro informe fueron claros con nombres y apellidos de los miembros responsables, tanto de las empresas como de la junta directiva y ahí hay miembros de todos los partidos políticos, por tanto creo que no es correcto ni justo señalar al Partido que pidió la intervención del Seguro Social, en este caso al presidente de la República… más bien es todo lo contrario”, declaró.
Continuó que “este gobierno es el único que ha hecho dos cosas: perseguir a los que en su momento desfalcaron al Seguro Social -y espero que lo sigan haciendo hasta llegar hasta las últimas consecuencias, independientemente de qué partido político represente-; y lo otro no menos importante es pagarle una deuda histórica al Seguro Social de más de tres mil millones de lempiras que se debían y que a partir de la aprobación de la Ley Marco de Protección Social se va a poder amortizar”.
Minimizó que “no solamente hay que mencionar unos cheques que no llegan ni a 750 mil lempiras”.
Identificados los actores en los informes
De su lado, el interventor Germán Leitzelar, narró que en los informes presentados por esa comisión lograron identificar empresas (en el primer informe), luego sociedades propietarias de las empresas, así como socios de las empresas y sus administradores, éstos últimos los suscriptores de los contratos.
Mencionó que otro de los hallazgos importantes fue la detección de violación de los procesos de contratación del Estado por parte de ex funcionarios del IHSS.
“Toda la información está en manos de las autoridades competentes, pero serán ellos los que determinarán en qué tipo de responsabilidades incurrieron los investigados”, indicó.
Leitzelar apuntó que “no es competencia de la Junta Interventora ofrecer nombres de los responsables vinculados a las empresas que desfalcaron al Seguro, le corresponde hacerlo al tribunal competente”.
