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Relatora de ONU devela impunidad, pide depurar la policía y fortalecer el CONADEH

Tegucigalpa – Al término de su misión de una semana en Honduras, la Relatora Especial de las Naciones Unidas en derechos humanos, Margaret Sekaggya, emitió este martes una serie de recomendaciones y observaciones al Estado de Honduras en donde destaca la impunidad como elemento principal en el país.
 

Para la relatora la impunidad en Honduras toma fuerza ante la existencia de una inefectiva investigación en las denuncias y hechos, así como la necesidad de crear un sistema de protección a los defensores de los derechos humanos que siguen presentando situaciones de riesgo en el país.

También exhorta al gobierno a fortalecer la independencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) y atender con diligencia sus denuncias, al tiempo que proclama como prioridad nacional la urgente depuración de la policía nacional, implicada en actos de corrupción, crimen organizado, asesinatos, extorsiones, secuestros, entre otros delitos.

Sobre la policía señala que la depuración de la fuerza policial “debería ser una prioridad afín de incrementar la credibilidad de las instituciones responsables para la aplicación de la ley”.

El desaire de los Secretarios de Estado

Sostiene que muchos defensores de derechos humanos y personas a quienes el Estado ha otorgado medidas cautelares, no acuden a pedir protección a la autoridad policial porque no saben si están frente a una autoridad que les protege la vida o ante un delincuente que se las puede quitar.

A su vez, la relatora Sekaggya, quien se reunió con el presidente hondureño, Porfirio Lobo, lamentó no haber tenido esa misma deferencia de los titulares de las secretarías de Defensa, Seguridad, Cancillería y del Interior y Población, quienes delegaron en sus segundos.


La relatora vino atendiendo una invitación formal del Gobierno de Honduras y de acuerdo a los canales de la diplomacia lo ideal es que las entrevistas, una vez que la recibió el presidente Lobo, la tuviera con los titulares de las secretarías de Estado, algo que no sucedió.

En su informe preliminar, la relatora especial deja constancia de un arduo trabajo sostenido en su visita tanto en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba donde se reunió con actores claves del ámbito civil y público.

En el caso de los defensores de los derechos humanos, señala que como una medida crucial para “superar la desconfianza” de los defensores de los derechos humanos en contra de las autoridades, se deberá crear e implementar con carácter de urgencia un programa de protección para los defensores de los derechos humanos que cuente con recursos necesarios.

Llamó también la atención sobre la aprobación de la ley de organizaciones no gubernamentales por considerar que en algunos aspectos obstaculiza la labor de los derechos humanos, así como pide revisar la ley contra el financiamiento del terrorismo por considerar vulnera algunos principios universales humanitarios.

Fortalecer independencia del Comisionado

En cuanto al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), la relatora señala que recibió “quejas” en contra del organismo, pero indicó que “si bien es cierto (que) la creación de la secretaría de Justicia y derechos Humanos representa un avance del Gobierno para cumplir con sus responsabilidades de monitoreo y protección de los derechos humanos, me gustaría enfatizar la responsabilidad institucional por la supervisión nacional de los derechos humanos que sea independiente”.

“La falta de coordinación entre las autoridades genera una brecha en el cumplimiento del deber de protección. Esta debilidad institucional genera a su vez falta de credibilidad en el sistema nacional de protección de derechos humanos”, señala la relatora.

En este sentido, recomienda al Estado y al gobierno de Lobo Sosa “Reforzar el rol y la independencia del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Las autoridades competentes deberán investigar sin demora los casos remitidos por el CONADEH, el cual deberá ser consultado durante el desarrollo de mecanismo de protección, y particularmente para establecer un programa de protección para defensores de derechos humanos”.

Cuestionó la falta de independencia del Poder Judicial y llamó su atención las amenazas a defensores de derechos humanos ligados al medio ambiente, la lucha por tierras y de la comunidad lésbico gay.

Dijo estar preocupada porque existan “altos funcionarios” públicos del Estado que han “ofrecido declaraciones públicas que estigmatizan a los defensores de derechos humanos. En particular, he recibido información indicando que los defensores de derechos humanos que trabajan en temas de los LGTBI han sido amenazados y perseguidos porque se percibe que a través de su trabajo, defienden comportamientos inmorales”.

Señaló su preocupación por la situación de la libertad de expresión y el cierre que se mantiene aún sobre unas radios comunitarias desde la crisis de junio de 2009, destacó la violencia que se registra con los femicidios y en contraste resaltó la creación de la secretaría de las etnias como un signo de apertura en medio de la diversidad de problemas que aquejan a esta nación.

Pide a defensores conocer mejor su rol

A los defensores de los derechos humanos les recomienda tener un mayor conocimiento sobre qué significa defender estos derechos al exhortarlos a “un mejor manejo de las provisiones contenidas en la Declaración sobre defensores de derechos humanos y se deberá promover su diseminación”, acotó la relatora.

Sekaggya fue clara en indicar que Honduras enfrenta serios desafíos en el combate a la violencia e inseguridad. “La impunidad reinante y la ausencia de investigaciones efectivas de las violaciones de los derechos humanos socavan la administración de justicia y deterioran la confianza de la sociedad hacia sus autoridades”.

Manifiesta que producto de la crisis política desatada en 2009, el país se crispó y aumentó la vulnerabilidad de la defensa de los derechos humanos. Hoy día, sostiene, los defensores de los derechos humanos “continúan exponiéndose y por ende continúan sufriendo ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzosas, torturas y malos tratos, amenazas de muerte, ataques, acoso y estigmatización”·

Pide al presidente Lobo promover y liderar un diálogo entre las autoridades y la sociedad civil para tener un entorno favorable, al tiempo que le agradece la promesa de hacer cumplir las recomendaciones hechas por su misión en el informe preliminar y en el ampliado que será presentado en Ginebra el próximo año. La relatora avala también que se cumplan las recomendaciones de la comisión de la verdad y la reconciliación, a la vez que pide también la creación de una policía especializada para la protección de los defensores de derechos humanos pues muchos desconocen que son las medidas cautelares y creen que los defensores son victimarios de procesos y no víctimas.

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