Por: Luis Cosenza Jiménez
Recientemente la clase política ha acordado un conjunto de reformas electorales, para lo cual fue necesario reformar varios artículos constitucionales.
Los políticos, los diputados y algunos medios de comunicación han celebrado el acontecimiento ya que, según ellos, esto vendrá a asegurar la credibilidad de nuestros procesos electorales. Pero, ¿será esto así? ¿Se ha aprobado las reformas que el pueblo demanda? ¿Son esas las reformas requeridas para la profundización de nuestra imperfecta democracia? Lamentablemente me parece que la respuesta a esas tres interrogantes debe ser un rotundo NO, pero permítanme explicar mi posición.
Las reformas, como yo las entiendo, consisten en la creación de un nuevo órgano, un Tribunal de Justicia Electoral. Este será acompañado de un renovado Registro Nacional de las Personas, RNP, y de un Consejo Nacional de Elecciones, cuya principal tarea será la conducción del proceso electoral. Como la lectora podrá recordar, en la Administración Maduro se separó el RNP del órgano que conducía el proceso electoral, el Tribunal Supremo Electoral, TSE. Esto supuestamente permitiría que el RNP fuese manejado por profesionales capaces, al margen de la política. El paso del tiempo ha demostrado que los políticos se apoderaron del RNP y que el ente nunca se profesionalizó, sino que se convirtió en un refugio de activistas políticos.
Como ese proyecto fracasó, los políticos han decidido repetir el experimento, solo que esta vez habrá tres entes, de los cuales dos, el RNP y el que conducirá el proceso electoral, serán manejados por reconocidos profesionales y no por políticos. ¿Piensa usted, estimado lector, que esto será así, o que por el contrario todo lo que se ha hecho es creado más plazas para que los políticos puedan repartírselas? Einstein decía que la demencia consistía en hacer las cosas de la misma manera y esperar resultados diferentes. Mientras la clase política no saque sus manos de estos entes, nada, absolutamente nada, cambiará. Me atrevo a predecir que en unos años estaremos nuevamente revisando la institucionalidad electoral porque lo que ahora se aprobó resultó otro fracaso.
En el proceso de las reformas dos cosas han resultado evidentes. Libre ha participado, abierta y entusiastamente, en la repartición de “chambas”. Su comportamiento ha sido igual al de los partidos tradicionales. Solo sus más ciegos seguidores pueden creer que tienen algo nuevo y diferente que ofrecer al electorado. Por otro lado, el maquillaje que se le ha dado a los entes electorales me recuerda que, como decía mi madre, “la mona, aunque se vista de seda, mona se queda”.
Mientras tanto, las reformas electorales que demanda la población, como la elección de diputados por distrito electoral uninominal, la ciudadanización de las mesas electorales y la segunda vuelta, permanecen en el olvido. Estos son los temas de fondo; lo demás es importante, pero secundario, máxime si se recuerda que las reformas de maquillaje recién aprobadas permiten que los políticos fácilmente se apoderen de los entes encargados de esas reformas. Las reformas de fondo buscan reducir el poder de los políticos y así profundizar nuestra democracia. Las reformas aprobadas no apoyan el logro de estas dos metas.
Mientras todo esto ocurre, en medio de aplausos de la clase política y de algunos medios de comunicación, la MACCIH nos alerta sobre las consecuencias nocivas de algunas reformas al Tribunal Superior de Cuentas contempladas en un proyecto de ley que se ha presentado al Congreso. Según la MACCIH, las reformas propuestas limitarán la jurisdicción del TSC, y ampliarán el plazo para que el TSC complete y presente sus informes. Peor aún, las reformas también pretenden limitar el accionar del Ministerio Público, impidiendo que este se involucre en los casos que investiga el TSC. Las reformas obligarían a que el Ministerio Público espere a que el TSC finalice su investigación, antes de que pueda involucrarse en el caso que investiga el TSC. Todas estas medidas vendrán a debilitar la lucha contra la corrupción y a fomentar la impunidad.
Comenzamos el año con reformas cosméticas que solo servirán para repartir “chambas” entre políticos, incluidos los de Libre. Las reformas de fondo siguen engavetadas y en el Congreso se continúa presentando proyectos de ley que fomentan la impunidad y debilitan la lucha contra la corrupción. Es una pena que nuestra clase política siga empecinada en su autodestrucción. Lamentablemente, en ese proceso le causarán mucho daño a nuestro país.
