En los años 2011 y posteriormente en 2016 el estamento policial de Honduras fue sacudido y quedó expuesto ante la opinión pública por una serie de hechos criminales y delincuenciales que involucraban a altos oficiales y agentes, dejando al descubierto el gravísimo nivel de penetración que ese cuerpo armado había venido sufriendo por parte de grupos criminales y cárteles del narcotráfico.
En el 2011, varios miembros de la Policía Nacional fueron denunciados y acusados de estar detrás de la detención y el asesinato del joven universitario Rafael Alejandro Vargas Castellanos de 22 años, hijo de la exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) Julieta Castellanos, y de su amigo, también estudiante universitario, Carlos Pineda de 24 años.
La confabulación institucional, el ocultamiento y la complicidad de los altos jerarcas policiales para proteger a los oficiales y agentes involucrados en el deleznable crimen y las persistentes denuncias públicas de las adoloridas madres de los jóvenes, generó todo un movimiento social y mediático que permitió sacar a luz la pestilente podredumbre que imperaba en la posta policial de La Granja y en otras unidades de la Policía Nacional.
Ese hecho y sus posteriores revelaciones e implicaciones dio lugar al primer proceso formal de depuración policial, el cual surgió como resultado de la indignación y la presión popular más que de la voluntad del gobierno de turno y de las autoridades policiales, que vieron con preocupación como sus múltiples abusos y años de impunidad quedaban expuestos.
La presión popular y de la comunidad internacional generó un amplio movimiento que se tradujo posteriormente en la intervención de la Policía y la Creación de la tristemente célebre Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), la cual tuvo una corta vida después que se comprobó que el proceso de depuración no pasó de ser una simple medida cosmética.
La DIECP realizó algunas tibias acciones de depuración, pero el proceso no tuvo los alcances ni los frutos esperados en vista que se centró en investigar y despedir a funcionarios policiales de la escala básica y dejó por fuera a los grandes jerarcas policiales que eran los que operaban al servicio de las organizaciones criminales y del narcotráfico.
En 2016, un nuevo hecho volvió a sacudir a la institución policial y puso el tema de la corrupción policial en la órbita mediática, cuando un artículo del prestigioso diario de New York Times y otras investigaciones de diario El Heraldo sacaron a luz pública la implicación de altos jerarcas de la policía en el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González y del exasesor de seguridad Alfredo Landaverde.
Nuevamente la indignación popular y la presión de la comunidad internacional obligaron al Gobierno de Juan Orlando Hernández a replantear el proceso de depuración policial mediante el cierre y la liquidación de la DIECP y la creación de una comisión de depuración de la Policía Nacional integrada por miembros de la sociedad civil y de la Secretaría de Seguridad.
Este último proceso de depuración policial no dejó de estar rodeado de polémica, pero se le reconoce haber logrado la investigación y cancelación de al menos 6,000 funcionarios policiales de la escala básica, intermedia y superior, entre ellos a los todopoderosos jerarcas policiales que hasta ese momento eran intocables como Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y Ricardo Ramírez del Cid, entre otros.
Muchos de los funcionarios policiales investigados y expulsados por la Comisión de Depuración purgan actualmente condenas en Estados Unidos por delitos de narcotráfico y lavado de activos, mientras otros fueron acusados en los tribunales de justicia locales y producto de eso algunos todavía se encuentran prófugos de la justicia.
Traigo a memoria estos hechos para hacer una línea de tiempo y poner en contexto donde estábamos y en que punto nos encontramos en este momento en materia de depuración policial.
Con el cambio de gobierno y la llegada al poder del Partido Libertad y Refundación (Libre) y de la presidenta Xiomara Castro el proceso de depuración dio un giro inesperado, ya que la nueva administración adoptó como política el reintegro de cientos de policías que fueron cancelados por la Comisión de Depuración, argumentando que a muchos de ellos se les violaron sus derechos, y, además, se dio prioridad al aumento de la fuerza policiales con nuevos elementos y policías depurados.
Así de esta manera, el proceso de depuración, que debía continuar a través de la recién creada Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales (DIDADPOL) como un proceso permanente, entró en un preocupante letargo y desapareció de la escena pública como un elemento prioritario de las nuevas autoridades responsables de la seguridad pública en el país.
Tanto el saliente exministro de seguridad Ramón Sabillón como el entrante Gustavo Sánchez relegaron el proceso de depuración policial a un segundo plano y enfocaron sus esfuerzos en la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández y en la implementación de un cuestionado estado de excepción que a la fecha no rindió los resultados en el combate de la extorsión y delitos conexos.
El hecho que en los primeros dos años del presente gobierno no se escuchen ni hayan salido a luz pública hechos de corrupción policial y vinculaciones con el crimen organizado, no significa que la institución esté curada o libre de ese mal.
A lo interno de la policía sigue la corrupción policial a todos los niveles, solamente que muchos de esos casos no trascienden a la luz pública y se han sabido manejar para que no lleguen a los medios de comunicación.
En los últimos meses se registraron varios hechos criminales que han vuelto a poner en la picota el actuar de los miembros de la Policía Nacional, entre ellos, el asesinato de la joven estudiante de enfermería Keyla Martínez y del aficionado del Real España Wilson Ariel Pérez Hernández, torturados y aseesinados por miembros del estamento policial.
Expertos en materia de seguridad coinciden que en este momento el proceso de depuración policial se encuentra estancado y en punto muerto y frente a los niveles de inseguridad y de violencia que siguen imperando en el país, es necesario retomarlo para evitar que volvamos a pasar por los aciagos momentos de los años anteriores, en los cuales los abusos y la impunidad reinó en la institución policial.
La depuración es un proceso permanente que no puede ni debe descuidarse por cuestiones políticas o de otra índole, la sociedad hondureña, que en los últimos años perdió la confianza en su policía por los hechos antes mencionados, demanda que la depuración policial no se postergue ni sea puesta en un segundo plano como está ocurriendo en este gobierno, sino que sea retomada con fuerza y valentía para garantizar una policía al servicio del pueblo y no de los delincuentes.
