Próspera: Las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo

Tegucigalpa – La empresa Próspera emitió un comunicado este viernes señalando que las sentencias de inconstitucionalidad no tienen efecto retroactivo y no pueden afectar a las más de 3,000 personas y 200 empresas que operan en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).

La empresa se pronunció en esos términos, tras conocerse que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, declaró por mayoría la inconstitucionalidad de las ZEDEs en el caso específico de la educación superior, tras recurso interpuesto por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

No obstante, Próspera hizo referencia a que declaratoria de la Sala Constitucional no tiene efecto retroactivo según lo establece el artículo 316 de la Constitución y 94 de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

“El fallo de la Sala de lo Constitucional que declara la inconstitucionalidad de las ZEDE con efecto retroactivo representa un fuerte golpe al Estado de Derecho y la estabilidad jurídica y económica de Honduras”, cita el comunicado.

Asimismo agrega que el fallo contraviene más de 40 sentencias previas de la misma Sala de lo Constitucional y es la primera vez que la Sala emite una sentencia de inconstitucionalidad con efecto retroactivo.

“Esta desviación de la doctrina y jurisprudencia constitucional de Honduras evidencia un claro acto de discriminación que vulnera el principio de igualdad ante la ley”, indica. 

La empresa señala además que el efecto hacia el futuro y no hacia el pasado de las sentencias de inconstitucionalidad ha sido confirmado por algunos de los principales juristas de Honduras, incluyendo a Edmundo Orellana, José María Díaz Castellanos y a la propia magistrada de la Sala de lo Constitucional, Sonia Marlina Dubón, quien en el 2002 fue proyectista de la Ley Sobre Justicia Constitucional.

“Ratificar una sentencia de inconstitucionalidad con efecto retroactivo, anulando las ZEDE desde su origen, constituiría una expropiación ilegal de inversiones y una violación de los derechos de las más de 3,000 personas y 200 empresas que operan en este régimen especial de la República de Honduras”, reitera. VC

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