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Presidente de la CSJ instala Junta para elección del fiscal general

Tegucigalpa – El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta realiza la instalación de la Junta de Proponentes para iniciar con el proceso de elección del nuevo Fiscal General y Adjunto.

Los convocados son la magistrada Reina Hércules, representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); Roberto Herrera Cáceres, por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh); José María Díaz, del Colegio de Abogados de Honduras (CAH); Gustavo Lanza, de las universidades privadas; Ramón Martínez, miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH); y Melisa Elvir representante de la Sociedad Civil.

Según se informó, la junta trabaja en la elaboración de la agenda a desarrollar durante el proceso.

Asimismo, se nombrará a un vocero y un secretario que serán los encargados de dar a conocer los avances de la eleccion.

Igualmente, se elaborará un reglamento de ética y se determinará el lugar donde sostendrán las próximas reuniones.

La Ley del Ministerio Público en su artículo 22 establece que el Fiscal General del Estado y el Fiscal General Adjunto serán electos por el Congreso Nacional, con el voto favorable de las dos terceras partes de la totalidad de sus miembros, de una nómina de cinco candidatos que presente una junta proponente convocada y presidida por el presidente de la CSJ.

La Junta Proponente enviará la nómina al Congreso Nacional por lo menos treinta días antes del vencimiento del período correspondiente o dentro de los 30 días de haberse producido la vacante definitiva del Fiscal General de la República o del Fiscal General Adjunto, quienes durarán en sus funciones por espacio de cinco años, pudiendo ser electos para un nuevo período.

Los requisitos para Fiscal General de la República y Fiscal General Adjunto son los siguientes: Ser hondureño por nacimiento, mayor de 35 años de edad y abogado, colegiado con diez años de servicio en la Judicatura, en la profesión o en la docencia de educación superior en la ciencias jurídicas, ser de reconocida solvencia moral y comprobada rectitud y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

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