La libertad de expresión y la libertad de prensa son la piedra angular de una sociedad democrática y un elemento fundamental para la formación de opinión pública a fin de que los ciudadanos estén debidamente informados para que con base a esa información puedan tomar sus propias decisiones.
Sin libertad de expresión no existe democracia y sin democracia no existe libertad de expresión, de modo que ambos principios se nutren uno del otro y son sumamente esenciales para la existencia y defensa de las libertades públicas.
No puede existir una verdadera democracia allí donde no está protegido el derecho de todas las personas a buscar, recibir y difundir información libremente, sin censura y sin miedo a ser reprimidas o sancionadas por ello. Estamos hablando de un derecho fundamental que también sirve para la defensa de otros derechos humanos, como los derechos de las minorías o de los grupos marginados y discriminados.
Solo en regímenes autoritarios, despóticos o tiránicos ese principio fundamental y los actores que lo ejercen son restringidos, acosados y perseguidos. Cuba, Venezuela, Nicaragua, Rusia, Corea del Norte, entre otros, son algunos de los países en donde ese principio es inexistente y es penado con represión, cárcel o exilio.
Tras el retorno de la democracia en la década de los ochenta Honduras ha gozado de una relativa libertad de expresión que le ha permitido la fundación y proliferación de un amplio ecosistema de medios de comunicación electrónicos y digitales y de una amplia diversidad de opiniones e ideas, sin que eso haya sido motivo de persecución o estigmatización, por lo menos hasta ahora.
No obstante, en los últimos años hemos visto con preocupación un progresivo aumento de la violencia y los ataques a medios de comunicación y periodistas, al punto que desde 2001 a la fecha cerca de un centenar de comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados, algunos por su labor y otros por razones que siguen en la tenebrosa oscuridad por falta de investigación de los operadores de justicia.
çEl golpe de estado en 2009 fue un detonante en esta espiral de violencia en contra de los profesionales del periodismo y trabajadores de la prensa, hubo un significativo aumento de agresiones de parte de las fuerzas de seguridad del Estado y también de grupos reaccionarios y políticos que demandaban el retorno del expresidente Manuel Zelaya Rosales.
Hasta mayo de 2023, el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) reportaba un significativo aumento de los niveles de violencia hacia la prensa hondureña con un tétrico saldo de 96 periodistas y comunicadores asesinados en las últimas dos décadas.
Además de eso, según el Conadeh, un considerable número de trabajadores de los medios fueron desplazados de sus hogares y muchos tuvieron que recurrir al exilio ante las amenazas y persecución por motivos de su labor profesional.
Solo en el año 2022, se atendieron más de 20 quejas de periodistas y comunicadores sociales que relataron estar en riesgo o ser víctimas de desplazamiento forzado, cantidad que se constituyó en la más alta desde el 2016 y 2017, años en los que hubo un aumento de agresiones por la violencia pre y postelectoral.
En el último ranking del Índice de Chapultepec, Honduras se ubica como una nación con alta restricción en materia de libertad de expresión. Esa medición contrasta con los últimos ataques a la prensa que proceden de relevantes actores gubernamentales, como las amenazas proferidas por el cuestionado presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, hacia organizaciones de sociedad civil como ASJ, tras publicarse un informe sobre el precario estado de la seguridad en el país.
El ejemplo más aberrante de este comportamiento ilegal y antidemocrático lo protagoniza el diputado Luis Redondo, quien desde su puesto de poder dedica la tribuna pública para atacar, cada vez que puede, a periodistas y medios, amenazándolos con hacer pública la lista de aquellas empresas y programas informativos que mantenían pauta publicitaria en el Congreso anterior y llevarlos ante el Ministerio Público. Además, Redondo tiene a su servicio granjas y tropas de bots, haters, troles, así como plataformas digitales de desinformación como LPH a través de las que ataca sistemáticamente a sus críticos, especialmente a líderes de opinión y comunicadores sociales.
Todos los gobiernos desde que comenzó la era democrática en el país han pretendido acallar o controlar a la prensa mediante disposiciones, normativas o presiones económicas a través de la asignación de la pauta publicitaria, privilegiando a los medios que mantienen una cobertura favorable al gobierno de turno y castigando a los que mantienen una línea crítica a las ejecutorias gubernamentales.
Esto último tuvo su momento cúspide durante el gobierno de Juan Orlando Hernández que dispuso de millonarias cantidades de dinero para controlar a los medios de comunicación, y con aquellos que mantenían una línea crítica intentó callarlos o frenarlos a través de disposiciones que violentaban la libertad de expresión, como por ejemplo, la reforma al Código Penal que criminalizó la labor de la prensa a través de la figura de la apología del terrorismo.
Posteriormente intentó imponer una ley de ciberseguridad para controlar el discurso público a través de las redes sociales y penalizar a aquellos periodistas y medios que osaran criticar a funcionarios públicos, afortunadamente la ilegal propuesta fracasó ante la oposición férrea del Colegio de Periodistas de Honduras y otras organizaciones que defienden la libertad de expresión.
Con el cambio de Gobierno, se pensó que una nueva era de fortalecimiento de la libertad de expresión y prensa se abría para los periodistas y los medios de comunicación, pero desafortunadamente no ha sido así, al contrario los ataques y la estigmatización de medios y periodistas se profundizó desde los mismos canales oficiales con un discurso de odio y confrontativo hacia comunicadores y medios críticos a la gestión gubernamental.
De hecho la presidenta Xiomara Castro, que esgrime el respeto a la libertad de expresión y de prensa, en la práctica mandó un mensaje contradictorio al designar a un polémico y oscuro personaje como ministro asesor de estrategia y comunicación, quien dedica gran parte de sus canales y sus espacios en redes sociales en atacar y estigmatizar a periodistas y medios de comunicación.
Paralelamente a eso, la polémica ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, dedicó su efímera gestión a debilitar y desarticular al Sistema de Protección a Periodistas, Comunicadores Sociales, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia, al politizarlo colocando a parciales de su partido en su estructura de mando y manipulando la elección de los representantes de la sociedad civil en el Consejo de Protección, que funciona como órgano asesor en esa materia.
En su última visita a Honduras el año pasado la relatora de Libertad de Expresión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Irene Khan, exteriorizó su profunda preocupación en torno al deterioro de la libertad de expresión, especialmente las amenazas y el acoso que sufren los periodistas hondureños.
Khan dijo a modo de advertencia que la “violencia, las amenazas, los ataques en línea, la intimidación, la criminalización y el acoso judicial a personas de los derechos humanos, periodistas y comunicadores sociales siguen siendo alarmantemente altos en el país”.
Indicó que “desde hace tiempo” Honduras es conocido como “uno de los países más peligrosos del mundo” para los activistas de derechos humanos y periodistas.
En ese contexto podemos concluir que la libertad de prensa, la libertad de expresión y el acceso a la información, lejos de haberse fortalecido, ha venido sufriendo un sistemático deterioro en Honduras y eso coloca a nuestro país como un espacio hostil para el ejercicio de esas libertades y coloca a los periodistas hondureños en una situación delicada de indefensión y vulnerabilidad, mayormente cuando los ataques provienen de funcionarios públicos.
El faro que alumbra las libertades y el fundamento de una sociedad democrática descansa en la libertad de opinar y disentir, no permitamos que ese derecho esencial de las personas nos sea conculcado o restringido por los enemigos tradicionales del periodismo o gobiernos despóticos y autoritarios.
