Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó oficialmente a los comicios internos y primarios de marzo del próximo año y a diferencia de otros procesos, éste tendrá una característica especial: poner a prueba el inicio de una política limpia o la continuidad en las campañas del dinero sucio procedente de la corrupción y el narcotráfico.
El proceso electoral no dará en esta oportunidad espacio a las medias tintas. En el debate se encuentra actualmente la aprobación de una ley de financiamiento para regular las campañas políticas, el dinero que ingresa a las mismas, así como la transparencia en las finanzas de los partidos políticos legalmente inscritos.
La propuesta es impulsada por la Misión de Apoyo de lucha contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), que ya comienza a descubrir el conservadurismo de la clase política hondureña, la hipocresía pública de sus integrantes y la dispersión de una sociedad civil que no termina de identificar entre lo urgente y lo importante.
Durante dos años, los partidos políticos representados en el congreso fueron una especie de encantadores de serpientes, endulzándonos con que íbamos a tener reformas electorales y que el actual proceso electoral al que nos abocamos no sería con las mismas reglas del pasado. Obtuvieron el beneficio de la duda, pero han vuelto a faltar a sus promesas.
No solo no habrá reformas electorales para fortalecer la democracia y sus espacios, sino que también han comenzado a dar largas a la aprobación de la ley de financiamiento a los partidos y campañas políticas con los pretextos más increíbles para embaucar nuevamente al pueblo.
La clase política hondureña parece que no entendió los acontecimientos de 2009 y mucho menos está leyendo los nuevos escenarios políticos para el país en materia de extradiciones y combate al narcotráfico. Les parece que ese brazo de la justicia internacional no les tocará y que pueden jugar enchute con el país y la comunidad internacional.
La ley propuesta por la MACCIH contiene mecanismos novedosos para un mayor control que impida o frene el ingreso del dinero sucio del narco, crimen organizado y la corrupción misma. Incluso pone límites severos al uso del dinero público que hace el gobierno para la promoción sutil y directa de campañas políticas.
No es una ley que favorece a un grupo político en detrimento de otros, es una ley que busca definir parámetros de una política limpia en donde el financiamiento de campañas debe tener techoslímites, pero también controles, rendición de cuentas e incluso cancelación de partidos o candidaturas políticas fraudulentas.
Es una ley en la cual Honduras como país enviaría un mensaje que quiere dar muestras certeras de atajo a la corrupción y sus corruptos, pero nuestras elites políticas son tan astutas que han enredado el camino, echado las culpas unos y otros, para al final dar la sensación—sin diferencias—que son parte de una estrategia de manos invisibles en donde nadie quiere que los controlen, menos que les investiguen de donde viene el dinero de sus campañas.
Si uno lee sus disertaciones, ahí encontrará el temor que tienen a la ley de financiamiento, aunque en público todos se hagan eco del discurso de la transparencia. Hoy esa ley que debió estar aprobada en agosto, dicen que entrará a fines de septiembre porque los políticos quieren “consensuar” en algo que también les incomoda: la integración del ente fiscalizador.
Como si fuera un botín al cual todos le quieren caer, reclaman espacios para que sus activistas integren la Unidad de Fiscalización, algo así como dar al ratón el queso.
El portavoz de la MACCIH, Juan Jiménez Mayor, confía en que Honduras tenga una buena ley de financiamiento al recordar a los políticos el compromiso del país con la comunidad internacional en términos de transparencia. Y vas más allá, cree que la ley una vez aprobada sí podría entrar a fiscalizar este proceso primario, aunque el tiempo corra en su contra.
Los deseos de la MACCIH se estrellan con otro actor clave: el Tribunal Supremo Electoral, diligente para dar el visto bueno a nuevos partidos políticos, pero burocrático y pachorrudo cuando de entrarle al dinero sucio de las campañas se trata. Algunos de sus magistrados no tienen empacho en decir que la ley no aplica a este proceso y que quizá sirva de ensayo para las generales de noviembre de 2017.
La necesidad de contar con una ley de financiamiento y regulación a las campañas política se vuelve imperativo cuando los medios de prensa informan de las capturas de alcaldes o regidores vinculados supuestamente en acciones de criminalidad organizada o de corrupción. Al menos nueve alcaldes se encuentran en problemas con la justicia, otros funcionarios de rango menor también.
Son alcaldes y funcionarios de casi todos los colores políticos, pero los partidos parecen no reaccionar, es como si no fuera con ellos. Por eso se vuelven cautelosos cuando del dinero del narco o la corrupción se habla. Si la penetración del crimen en los gobiernos locales se hace evidente, ¿qué no pasará a otros niveles de la política?
De ahí que este proceso electoral al cual nos vemos abocados no será el mismo aunque nos quieran hacer creer lo contrario. Es un proceso en donde la clase política dirá si apuesta al dinero sucio o a la política limpia. Si la ley de financiamiento no se aprueba rápido y con controles, el elector deberá estar claro y si se engaña, es porque quiere. Después no habrá tiempo para los lamentos. Más de Thelma Mejía. Aquí…
