En mi condición de titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, institución estatal que, como resultado de la evaluación de sus actuaciones en el período 2014-2019, fue ascendida a la “Clase A”, por la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI), tuve la oportunidad de dirigirme directamente al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Abordé la crisis humanitaria de miles de personas hondureñas que, en busca de mejores condiciones de vida, se han visto forzadas a desplazarse internamente y a migrar irregularmente, y cuyo destino es incierto tanto en los países de tránsito y destino, como en su retorno a Honduras.
Afirmé que la pobreza, el desempleo, la violencia y delincuencia, incluyendo la corrupción e impunidad, a lo cual se agrega la intolerancia, la desigualdad social, económica y política, el subdesarrollo democrático, así como la falta de coordinación y complementación interinstitucional, del Estado y de la sociedad, en función de garantizar la dignidad humana que es el fin supremo del Estado Derecho: son amenazas serias a la supervivencia, medios de subsistencia y, en suma, de condiciones de vida digna de la mayoría de los habitantes de Honduras. Lo que genera la crisis humanitaria de hondureños y hondureñas, quienes para liberarse de la miseria, del temor y la violencia, se han visto forzados a desplazarse internamente y migrar forzadamente.
Precisé que Honduras no debería continuar generando movilidad forzada de sus habitantes, porque tanto el desplazamiento, como la migración, son derechos y no una obligación inevitable, por lo que, en todo caso, el Estado está obligado a proteger a las personas a lo largo de su desplazamiento o migración forzada.
Por lo antes expuesto: expliqué que he recomendado la adopción de política nacionales explícitas que, incluyendo la creación y entrada en vigencia de la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Forzadamente, aseguren la atención y superación eficaz y progresiva de las causas estructurales de los desplazamientos forzados y la migración irregular.
Hacia ese fin, señalé mis reiteradas recomendaciones orientadas a superar las causas de esa expulsión de nuestros connacionales, mediante la implementación de un Plan Nacional de Apoyo Subsidiario a la Seguridad Humana y el Desarrollo Local Sostenible que complemente la efectividad y eficacia de los planes municipales de desarrollo e incluya una estrategia de trabajo decente y productivo, capacitación laboral permanente e innovación empresarial responsable, en dirección al logro de los Objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Para ejecutar ese Plan, recordé mis recomendaciones al Estado, de asignar una mayor cantidad de recursos, en el Presupuesto General de la República, a la inversión social, en todos aquellos sectores que contribuyan a mejorar la condición de vida de los hondureños, con atención especial a los grupos más vulnerables de la población.
A ese efecto, expliqué que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos está facilitando y contribuyendo con el Estado, orientando a la construcción, en las comunidades municipales, de espacios de gobernabilidad democrática que ya están disponibles como resultado de la implementación de la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible: Municipios de Bienestar Solidario”. Estrategia que ha sido asumida por las comunidades y autoridades locales de 36 municipios en los 18 departamentos de la República y que, en el 2020, abarcará 18 municipios más. Lo que aumentará a 54, los “Municipios de Bienestar Solidario”, con una población estimada superior a un millón setecientos mil habitantes.
Esta estrategia local, después de 3 años, ha sido adoptada como compromiso del Estado con la ciudadanía, acción estatal prioritaria, y como parte de la política de integridad en la gestión pública y lucha contra la corrupción, tal como se reconoce en el IV Plan de Acción Estado Abierto Honduras 2018 – 2020.
A nivel internacional, expertos de la Universidad de Alcalá, España, en derechos humanos, democracia y Estado de derecho, han caracterizado a “Municipios de Bienestar Solidario” como “experiencia única en el mundo”. Los miembros del Consejo Centroamericano de Procuradores y Procuradoras de Derechos Humanos, han acogido, con beneplácito, esta estrategia y han solicitado beneficiarse también de sus prácticas útiles.
En suma, recordé la pertinencia de llamar al Estado de Honduras a ser más consecuente y efectivo con el cumplimiento de sus obligaciones con los habitantes; y, a la cooperación internacional, a que trate, de responder más a las prioridades nacionales que reflejan reales necesidades sociales y expectativas de atención, con visión de país, en la dirección y el espíritu de la “Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” y de los instrumentos de cooperación que harán factible su cumplimiento universal.
