Tegucigalpa- El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) expresó su preocupación luego que los propios beneficiarios de medidas cautelares denunciaran ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) que persisten las amenazas, hostigamiento y vigilancia, así como la falta de investigaciones diligentes, por lo que reiteró su llamado a las autoridades hondureñas para que atiendan con seriedad esta problemática.
Daniel Cáceres, Director del Observatorio Nacional de Derechos Humanos del Conadeh indicó que, las recomendaciones de la CIDH tienen que ver, por un lado, por la visita in situ que realizó en el 2023 y por otra, para constatar, en la reciente visita, las medidas de protección de algunos defensores, especialmente de los miembros del Comité Municipal de Bienes Comunes de Tocoa.
Una misión de la CIDH, liderada por la Comisionada Andrea Pochak, Relatora para Honduras, realizó una visita de trabajo a este país centroamericano, entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre de 2024, con el objetivo de avanzar en la creación de un Mecanismo de Seguimiento de las recomendaciones emitidas en su último Informe y dialogar con personas beneficiarias de medidas cautelares.
Cáceres declaró que la CIDH, en su último informe, recomendó fortalecer el Mecanismo de Protección y, en la visita que acaban de realizar, reiteran algunas recomendaciones y hacen énfasis en que se adopten las medidas de protección a favor de los defensores de los derechos humanos.
Algunos sectores han cuestionado que el personal del Mecanismo no tiene las competencias necesarias para hacer las diligencias de los casos, que el Mecanismo ha tenido varios directores y que, en la actualidad, no hay noticias que se haya seleccionado a un nuevo director.
Otra de las denuncias es que el Mecanismo de Protección pese a que la Comisión Interamericana ha dictado medidas cautelares para beneficiar a defensores de derechos humanos aún hay casos que no se han adoptado, situación que pone en riesgo su integridad física y su vida.
En el informe se señala que la Comisión recibió información directa de las personas beneficiarias de las medidas cautelares, en Tocoa, con relación a la persistencia de actos de amenazas, hostigamientos, vigilancia y violencia en su contra.
Asimismo, advirtieron la ausencia de investigaciones diligentes de la violencia en su contra a lo largo de los años.
Según la CIDH, el Estado debe atender de manera urgente la situación de desprotección que enfrentan las personas beneficiarias de medidas cautelares.
Para que las personas defensoras de derechos humanos puedan realizar su labor sin temer actos de violencia, es indispensable que el Mecanismo de Protección cuente con recursos económicos suficientes y mejorar su capacidad de gestión para que se puedan cumplir los planes de seguridad establecidos.
Otro punto alertado por las personas beneficiarias, ante la CIDH, es la falta de respuesta efectiva por parte de la justicia respecto de los graves hechos de violencia y amenazas a que han sido sometidas, incluso de asesinatos.
En el 2023, el Conadeh registró la muerte de 16 defensores de derechos humanos de los cuales 15 se dedicaban a la defensa del ambiente, tierra y territorio, incluso algunos de estos contaban con medidas protección para garantizar su derecho a la vida y el derecho a la integridad personal.
En el 2024, el Conadeh registró la muerte de cuatro defensores de los derechos humanos, de los cuales, dos defendían la tierra y el territorio, otro era socio de la Cooperativa Agropecuaria de Campesinos Tranvío y, el caso del asesinato de Juan López, integrante del Comité de Defensa de Bienes Comunes, funcionario público de la Corporación Municipal de Tocoa, Colón y líder religioso de la zona. IR
