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Patología del poder y Estado de Derecho

Roberto Flores Bermúdez

Las manifestaciones patológicas del poder absoluto se pueden ilustrar con los abundantes abusos de reyes y emperadores que gobernaron en la era antes de Cristo. El conocido nombramiento del caballo del Emperador Calígula como Cónsul (magistrado romano del más alto rango), es un elocuente ejemplo. Aunque no hay que ir muy lejos. Existen manifestaciones recientes donde algún mandatario desfachatadamente se jactó que podría matar a una persona en plena vía pública impunemente o el del gobernante que ordenó encarcelar a todos sus opositores políticos previo al proceso dizque electoral. Esta bien coincidir con la teoría de Nietzche sobre el eterno retorno, pero no es para retornar a prácticas condenadas por milenios.

En la era antes de Cristo los fundamentos de la filosofía política eran incipientes. Hasta podría pensarse que la conducta de los todopoderosos gobernantes no contaba con un sólido marco político-conceptual dotado con fundamentos morales ni éticos. Sin embargo, en el Siglo IV a.C., ese vacío comenzó a llenarse. Aristóteles puso sobre la mesa el principio de que la Ley no distingue entre individuos; que la democracia constitucional implica el respeto de los derechos de los demás; y que ciudadanos calificados gobiernen con el consentimiento de todos.

Esa mesa inicialmente aristotélica hoy está servida con una larga lista de principios que califican al animal político contemporáneo. Basta citar tres fuentes: El Espíritu de las Leyes de Montesquieu (1748) donde el autor presenta la teoría de la separación los de poderes del Estado; la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano adoptado por la Asamblea Nacional de Francia (1789) que consagra, entre otros, el principio de que toda Soberanía reside esencialmente en la Nación y que ningún cuerpo ni ningún individuo pueden ejercer autoridad alguna que no emane expresamente de ella; así como la Constitución de los Estados Unidos de América (1789) la que establece normas claras sobre la separación y complementariedad de los poderes del Estado. Estos fueron algunos de los elementos seminales que sustentan el concepto de la república de hoy.

El Estado de Derecho se encuentra en el corazón de esta filosofía política. Sin la observancia de las leyes ni su aplicación, se reduce la capacidad de la Nación de gobernar en beneficio de los ciudadanos y garantizar el respeto de los derechos de todos.

De igual manera, se dificulta la atracción de la inversión extranjera. Sin reglas de clara observancia se incrementa el riesgo y se disuade venir a establecer actividades productivas en el país. Hoy en día, la competitividad internacional se fundamenta fuertemente en el Estado de Derecho. Pero también es cuestión de actitud. La aplicación de las leyes se complementa con la prevención de las controversias. Una marcada capacidad para atajar los problemas antes de que se conviertan en pleitos legales graves, sería evidencia del interés del país en conformar un ambiente de seguridad, de entendimiento y de resolución. Un arreglo temprano permite conservar la confianza entre las partes y que la inversión permanezca en el país.

A Honduras se le presentan grandes oportunidades a partir del próximo año. El fortalecimiento del Estado de Derecho es crucial para ofrecer un espacio de eficacia jurídica que robustezca la confianza en las autoridades y en la administración de justicia nacional. También lo es para la atracción de inversiones, tan necesaria bajo las circunstancias económicas actuales. El resultado podrá ser el respeto del derecho de todos y el desarrollo integral del país.

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