Managua – El Parlamento de Nicaragua aprobó hoy un paquete de leyes que sanciona con prisión de hasta tres años a las personas que hurten energía, establece hasta 2015 el subsidió al consumo de electricidad y compromete a los distribuidores a invertir 75 millones de dólares en la expansión del servicio.
La ley establece que el robo de electricidad se castigará con multas y hasta tres años de cárcel.
Las multas serán de entre 100 y 300 días laborales, que, basados en el salario mínimo promedio, pueden estar entre los 1,500 dólares y los 4,500 dólares, de acuerdo a la nueva norma.
Se calcula que el hurto de energía llega hasta los 50 millones de dólares anuales.
El diputado opositor Agustín Jarquín, antiguo aliado de los sandinistas, dijo a Efe que, a propuesta del Ejecutivo, la mayoría oficialista en el Congreso aprobó un paquete de reformas en materia energética, que incluye una enmienda al Código Penal para tipificar como delito el robo de energía.
Las nuevas penas son «un fuerte componente de estabilidad para dar seguridad a los inversionistas», argumentaron los legisladores sandinistas en el dictamen aprobado.
El paquete de reformas a las leyes de energía fue aprobado con el voto de los 63 diputados sandinistas, 23 en contra de la oposición y 6 ausentes, de los 92 legisladores que integran el Congreso, detalló ante el pleno el presidente del Congreso, el sandinista René Núñez.
El Parlamento también autorizó extender hasta el 31 de agosto de 2015 un subsidio en la tarifa de energía eléctrica a más de 680.600 clientes domiciliares que consumen menos de 150 kilovatios al mes, lo que solo este año representará 47 millones de dólares, informó a Núñez.
La tarifa de la energía eléctrica aumentó un 7,78 % desde el 15 de abril pasado en Nicaragua para los clientes que consumen más de 150 kilovatios hora al mes.
El Ejecutivo obtuvo una financiación por 35 millones de dólares con la Caja Rural Nacional (Caruna), que maneja fondos de la cooperación venezolana, para subsidiar la tarifa de energía para este año a los clientes que consumen menos de 150 kilovatios al mes, de acuerdo con la información oficial.
Además, el Parlamento autorizó a reformar el presupuesto para destinar una partida de 12 millones de dólares a ese subsidio este año.
Las familias que consumen menos de 150 kilovatios al mes representan el 82 % de los 830.000 clientes de energía eléctrica de Nicaragua, según cifras del Instituto Nicaragüense de Energía (INE), ente regulador del sector.
El INE ha anunciado que revocará multas por 2 millones de dólares en contra de la compañía Gas Natural Fenosa, las cuales heredó la compañía española TSK Melfosur Internacional, nueva operadora de las distribuidoras.
Otra enmienda obliga a las empresas distribuidoras a invertir 75 millones de dólares en los próximos cinco años para mejorar el servicio de energía y aumentar la cobertura en la población.
Las distribuidoras Disnorte y Dissur, antes propiedad de la filial nicaragüense de la española Gas Natural Fenosa, pertenece ahora a la sociedad TSK-Melfosur Internacional, conformada por las españolas TSK y Melfosur.
Gas Natural Fenosa vendió sus participaciones en las distribuidoras Disnorte y Dissur a la sociedad nicaragüense TSK-Melfosur Internacional por 57,8 millones de dólares, informó la compañía en Barcelona en febrero pasado.
La filial de la española Gas Natural Fenosa era dueña del 84 % de las acciones de Disnorte y Dissur que distribuyen la energía eléctrica en Nicaragua desde 2000 y por un período de 30 años.
La eléctrica española cedió al Estado nicaragüense en mayo de 2008 el 16 % de las acciones de su filial en Nicaragua como pago de una deuda por 11,5 millones de dólares, y un asiento en el consejo de administración de su filial en Managua.
