El anuncio de la presidenta Xiomara Castro a principios del 2025, con motivo de su mensaje de año nuevo, de poner fin a la cooperación militar con Estados Unidos y cerrar la base militar de Palmerola causó múltiples reacciones, pero no tomó a nadie por sorpresa en Honduras. ¿por qué?
Es bien sabido que el cierre de la base militar ha sido una aspiración y un proyecto acariciado por el partido de gobierno y las organizaciones sociales que conforman su base política y militante, ya que a su juicio desde esta instalación militar se fraguaron desde la década de los ochenta golpes de estado, se atentó contra la soberanía de países vecinos, se promovieron luchas contra revolucionarias ajenas y se violentaron derechos humanos.
La presencia militar estadounidense en Palmerola ha sido objeto de debate político y social en Honduras en las últimas décadas en vista que un amplio sector lo considera un símbolo de cooperación y asistencia cívica militar, mientras que otros, especialmente la izquierda hondureña, lo ven como una influencia extranjera injerecista en el país.
De hecho, días después del anuncio de la presidenta se filtró un documento no oficial en el que una plataforma denominada Comisión de Transición para Movimientos Sociales propuso al Gobierno un borrador de denuncia del tratado bilateral de cooperación militar entre Honduras y EUA, ratificado en el gobierno de Juan Manuel Galvez (1949-1954), que implica el cierre de las instalaciones militares estadounidenses en el país, incluyendo Palmerola.
En este documento, alineado con la narrativa oficial del gobierno, se cuestiona la legitimidad del convenio de cooperación militar y, por otro lado, se argumenta que ni la carta de las Naciones Unidas ni el Tratado Interamericano de Aistencia Recíproca (TIAR) de la Organización de Estados Americanos (OEA) establecen como necesaria la presencia militar permanente de un país extranjero en el territorio de otra nación.
En contraste con estos argumentos, otros sectores del país han rechazado la idea del cierre de Palmerola por las implicaciones que esa decisión podría tener en la lucha y avance del narcotráfico y la criminalidad transnacional en el territorio, incluyendo en la asistencia humanitaria de EUA en momentos de catástrofes y desastres naturales.
Hay que recordar que la base de Palmerola, conocida como Base Aérea Soto Cano, alberga y es el centro de operaciones de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (Joint Task Force-Bravo, JTF Bravo), unidad operativa del Comando Sur de los Estados Unidos, la cual fue establecida en 1984 y se ha mantenido activa en la región desde entonces como un centro logístico clave en la región.
Además, durante su estadía en Honduras la Fuerza de Tarea Bravo ha cumplido funciones de asistencia humanitaria y respuesta ante eventos naturales como huracanes, terremotos e inundaciones; entrenamiento conjunto entre las fuerzas militares de ambos países, apoyo en operaciones especiales de combate al narcotráfico y asistencia sanitaria y social en comunidades remotas del país.
En función de lo anterior, un amplio sector de la hondureñidad considera que el cierre de Palmerola, sumado a la desafortunada denuncia del Tratado de Extradición, pondrá fin a esa importante cooperación de EUA y allanará el camino para que Honduras se convierta en un santuario de narcotraficantes, terroristas y criminales, que ya no tendrán un muro de contención frente a su actividades criminales, sumiendo al país en una vorágine de violencia y criminalidad.
A eso se suma el hecho que en Washington perciben la acción del gobierno de la presidenta Xiomara Castro como una decisión inamistosa y desafiante, que podría tener graves repercusiones en la diáspora hondureña en EUA y en las remesas familiares que estos envian al país y que son el principal sostén de la economía hondureña.
De hecho, ya algunos congresistas y senadores afines al gobierno republicano de Donald Trump, que asume el 20 de enero, han reaccionado advirtiendo que promoverán la suspensión de toda la coooperación a Honduras y también una iniciativa para gravar con un impuesto las remesas familiares de los hondureños, lo que sería gravísimo para miles de familias que dependen de ese dinero.
Por tal motivo, cualquier decisión que el gobierno hondureño tome en el sentido de cerrar Palmerola y suspender de forma definitiva el tratado de Extradición, debe ser bien meditado porque no solo afectará las relaciones políticas, comerciales y de cooperación con un socio importante e histórico, sino que repercutirá en vida de millones de hondureños.
La presidenta Xiomara Castro, a cuyo periodo le quedan menos de 12 meses, deberá sopesar y anteponer el interés de todos los hondureños o los intereses familiares, ideológicos y partidarios. Sus decisiones definirán su lugar en la historia del país.
En conclusión, el cierre de Palmerola no es simplemente una decisión soberana; es un acto que redefine las relaciones geopolíticas, económicas y sociales de Honduras. Sin embargo, en esa redefinición, el país camina por una cuerda floja que podría costar caro a su pueblo. Si bien la soberanía nacional es un ideal irrenunciable, no puede lograrse al costo de condenar a la nación al aislamiento, a la inseguridad y a una dependencia económica más acentuada.
La verdadera fortaleza de un país no radica en gestos simbólicos, sino en la capacidad de construir una soberanía efectiva que garantice prosperidad, justicia y seguridad para su gente. Las decisiones de hoy deben ser capaces de responder no solo al pasado que buscamos superar, sino también al futuro que aspiramos construir. Honduras enfrenta una encrucijada: ¿elegirá avanzar con valentía y sabiduría, o se hundirá en los costos de decisiones precipitadas y desafortunadas? La historia juzgará el desenlace.
