Tegucigalpa – Más de 11 años pasaron para que el Estado de Honduras fuera condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un hecho que minó la independencia e institucionalidad del país.
– El Estado de Honduras es uno de los que más demandas tiene en la Corte IDH.
El 12 de diciembre de 2012, el Congreso hondureño dio un golpe institucional a la Corte Suprema de Justicia al destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional que se pronunciaron en contra del proceso de depuración de la Policía Nacional.
En esa oportunidad, los destituidos fueron José Antonio Gutiérrez Navas (Presidente), Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel, quienes desde ese momento iniciaron una férrea lucha por desvirtuar las acusaciones, que incluso, los ligaban con las operaciones del crimen organizado.
Luego de 11 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado de Honduras por la violación de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de los magistrados mencionados.
El fallo de la Corte IDH, era la crónica de una sentencia anunciada, que tarde o temprano el Estado de Honduras debería responder por la violación de derechos fundamentales de cuatro exaltos jueces de la República.
La decisión del Congreso hondureño, con 97 votos a favor, esencialmente por diputados del Partido Nacional y el Partido Liberal, entre algunos otros de bancadas emergentes, dieron al traste con esta decisión que ahora le costará millones de lempiras a las arcas nacionales.
Varios diputados incluso del entonces oficialista Partido Nacional votaron en contra, incluyendo al legislador Antonio Rivera Callejas que dijo que lo que pretendían hacer en ese momento no era sustituir, sino destituir a los magistrados y que los legisladores no tenían competencia para ello.
Sentencia histórica
En declaraciones luego de conocer la sentencia de la Corte IDH, la exmagistrada Rosalinda Cruz Sequeira se mostró complacida por el fallo, aunque reconoció que tampoco se compensa el horror que tuvieron que pasar los años posteriores a este triste acontecimiento gestado desde el Parlamento.
Reveló que recibió la decisión “con mucha alegría y mucha paz” porque considera que se hizo justicia en el caso de la destitución ilegal de ella y tres magistrados de la Sala de lo Constitucional en diciembre de 2012.
“Es una sentencia histórica, no sólo para Honduras, sino para América Latina porque el fallo contiene elementos que no se habían abordado en sentencias anteriores como ser el hecho que se hagan reformas legales en el sistema hondureño que proteja la institucionalidad del Estado, especialmente la independencia del Poder Judicial y la inamovilidad de los funcionarios judiciales”, enumeró.
La exmagistrada Cruz Sequeira indicó que “esto fue un hecho histórico negativo para el Estado de Honduras, que trajo implicaciones severas porque se empezó a desinstitucionalizar las instituciones y se violó flagrantemente el principio de separación de poderes”.
Recordó que la destitución ocurrió el 12 de diciembre de 2012 y la denuncia se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el 5 de febrero de 2013, aun cuando habían presentado un recurso de amparo ante la CSJ, la cual fue denegada de manera ilegal y absurda.
Citó que luego de ser destituidos se puso en peligro sus vidas e igualmente la familia sufrió los embates de esta decisión tomada por la Cámara Legislativa.
Cruz Sequeira rememoró que para argumentar las destituciones el Congreso Nacional pretendió investigar los actos administrativos que realizaba la CSJ, pero raramente se escogió a la Sala de lo Constitucional, pese a que con base a la Ley del Consejo de la Judicatura esa oficina ya no tenía funciones administrativas, ya que habían sido turnadas al presidente de ese poder del Estado.
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Agregó que la sentencia de la Corte IDH “da ha lugar” los derechos y garantías que les fueron violentados al ser destituidos ilegalmente como: las garantías constitucionales, el principio de legalidad, derechos políticos y derecho a la protección judicial, así como el derecho al trabajo.
“Se dijo que estábamos atentando contra la seguridad del Estado. Había un proyecto de ley que se había aprobado en el Congreso sobre la depuración de la Policía Nacional, y nosotros encontramos que en la redacción de ese texto había una cantidad de violaciones a la Constitución de la República y contra los derechos humanos”, hiló.
Puntualizó que las destituciones de los cuatro magistrados tuvieron repercusiones nefastas para Honduras y siguió la remoción del Fiscal General, y la injerencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial.
Honduras cumplirá sentencia
Luego de conocer el fallo de la Corte IDH, la Procuraduría General de la República (PGR) comunicó que coordinará las acciones para cumplir la condena.
En ese sentido, la PGR indicó que coordinará las acciones de cumplimiento con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Congreso Nacional y la Secretaría de Derechos Humanos.
Recordó que el 29 de noviembre de 2023, la sentencia declara a Honduras responsable a nivel internacional por violaciones a las garantías judiciales y principio de legalidad, derechos políticos y protección judicial, derecho al trabajo, a la integridad personal y protección judicial.
Concluyeron en su comunicado que seguirá aportando a la construcción de instituciones sólidas y al respeto de los poderes legalmente constituidos.
Precedente para la función judicial
La condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al Estado de Honduras por la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional en 2012 es un precedente en la función judicial.
Así se expresó este lunes la titular del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, a través de su cuenta de red social X reaccionando a la notificación de la condena de la Corte IDH.
Consideró que es un precedente importante para la función judicial y el fortalecimiento de la Institucionalidad democrática.
Asimismo, la titular del Poder Judicial manifestó su plena voluntad y compromiso para el cumplimiento de la misma desde este poder del Estado.
Ráquel Obando señaló que seguirá adelante con la misión de administrar justicia de manera imparcial y eficiente, en beneficio de la sociedad hondureña y en cumplimiento de los compromisos internacionales.
La clase política desoyó al Conadeh
En entrevista con Proceso Digital, el excomisionado Adjunto del Conadeh, Nery Velásquez, dijo que era un fallo que se venía venir, al tiempo que agregó “los estados deben entender que el apego a la normativa interna y la convencionalidad permite tener Estados democráticos que cumplan la ley y el fortalecimiento de las democracias débiles”.
Interpretó que la Corte IDH con la sentencia solamente le dice a Honduras que el 12.12.12 no se hizo lo correcto por parte de la clase política.
De primera mano se nos informó aquella noche que en el Congreso Nacional se planificaba la destitución de cuatro magistrados, “por lo que hicimos lo pertinente, teníamos un reunión y se suspendió, y empezamos a trabajar en ese espacio para ver si se podía detener la destitución de los cuatro altos jueces, digo esto porque a veces la historia no recoge lo que deberíamos saber cómo hondureños. En ese momento de la historia el doctor Ramón Custodio hizo lo pertinente, pero la clase política no escuchó”.
Velásquez mencionó que la sentencia de la Corte IDH hace alusión a otras sentencias en el caso de Venezuela y otros países. “La clase política debe entender, los que gobiernan, que el poder es temporal y que las recomendaciones que se hacen es por el bien de la gobernabilidad y la gobernanza”.
Adicionó que clase política en aquel diciembre de 2012 arreció los ataques contra los magistrados al llegar a decir que los cuatro jueces estaban vinculados con el crimen organizado, “y lo que realmente había eran magistrados con una voluntad de fortalecer el Estado de derecho, así como una independencia en el ejercicio de sus cargos”.
Caviló que cuando se hacen recomendaciones, la intención es que no se violenten los derechos humanos de las personas.
“Cuando tenemos jueces sometidos a la clase política, es materialmente imposible que cumplan con el principio de independencia”, enfatizó.
Sobre un juicio de repetición para que sean los responsables de las destituciones los que respondan por el valor monetario que deberá pagar el Estado de Honduras, Velásquez fue tajante al afirmar que es una utopía creer que eso sucederá y se deduce de la reciente repartición que hubo en el Poder Judicial y la Fiscalía hondureña por parte de las fuerzas políticas que gobiernan al país.
“Hasta dónde esa clase política va a permitir, si al final seguimos viendo en el país las componendas y aunque se les advierta que no lo hagan igualmente lo hacen, entonces particularmente no creo que se sometan a un juicio de repetición para que sean ellos los que paguen”, señaló.
Recordó que cuando se defenestraron a los cuatro magistrados en 2012, el Partido Nacional y el Partido Liberal nombraron a dos de los sustitutos cada uno. “Yo espero que el procurador general haga un acto de repetición, pero hasta dónde lo dejarán llegar”, tachó.
Ningún poder puede extralimitarse
Para el presidente electo del Colegio de Abogados de Honduras (CAH), Gustavo Solórzano, la sentencia “lo que nos deja es una lección en el sentido de entender que ningún poder puede extralimitarse en lo que son todas sus atribuciones”.
“En este caso, la sentencia relata que hubo una desviación de poder de parte del Congreso Nacional interpretando lo que son las atribuciones del artículo 205 en cuanto a la conducta del Poder Judicial”, afirmó.
No obstante, agregó Solórzano, que “se aprovechan de esa atribución con el propósito en el 2012 de hacer la sustitución de magistrados afectando otros derechos como ser la inamovilidad en el puesto que tienen los funcionarios judiciales”.
El recién electo presidente del CAH refirió que siempre ha sido enfático con la necesidad de que se cumplan con las leyes y las normativas internas, algo que no se cumplió con los cuatro magistrados y por eso buscaron instancias internacionales.
Solórzano considera que si bien la condena es al Estado, también es una oportunidad de que éste pueda implementar el derecho de repetición para que el pago que tenga que hacerse por indemnización pueda aplicarse a quienes votaron a favor de la destitución de los magistrados.
“No es justo que de nuestros impuestos tengamos que pagar ese dinero”, amonestó.
Nuevamente condenados por actos vergonzosos
Por el Poder Ejecutivo, el canciller Eduardo Enrique Reina se manifestó atribuyendo a los que gobernaron por los actos “vergonzosos” realizados en 2012.
“A seguir trabajando para recuperar la dignidad del país. El Estado de Honduras es condenado nuevamente en una Corte Internacional por acciones de los 13 años terribles del régimen del Partido Nacional y/o del golpismo”, citó el canciller en su cuenta de X.
El mensaje se complementa con otro párrafo que indica: Condenados a pagar reparaciones a las víctimas. Estos actos si son vergonzosos, en ese momento muchos fueron cómplices silenciosos. Esto allanó el camino a la reelección de JOH, que se aprobarán ZEDES y cuantas violaciones constitucionales más.
En su mensaje el Canciller Reina destacó la importancia de seguir trabajando para asegurar que Honduras cumpla con sus obligaciones internacionales y garantice el respeto a los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Justicia para los que negaron justicia a víctimas del golpe
De su lado, el reconocido defensor de derechos humanos, Joaquín Mejía mencionó que la Corte IDH notificó la sentencia a favor de los cuatro exmagistrados de la Sala de lo Constitucional destituidos en 2012 por el Congreso Nacional liderado entonces por Juan Orlando Hernández.
“Son los mismos magistrados que durante el golpe de Estado le negaron justicia a las víctimas. De los 81 recursos de hábeas corpus y de amparo que conocieron durante ese trágico momento, solo resolvieron 2 a favor y de forma oportuna, los presentados por el general golpista Romeo Vásquez Velásquez”, cuestionó.
Mejía reflexionó que la justicia Interamericana les ha permitido acceder a la justicia que estos magistrados le negaron a las víctimas del golpe de Estado. “Espero que ellos reflexionen y pidan perdón por el nefasto papel que jugaron al no cumplir con su deber de garantizar los derechos de la población”, analizó.
Según Joaquín Mejía, por la destitución ilegal de cuatro personas magistradas de la Sala de lo Constitucional en 2012, el Estado de Honduras fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) a pagar a cada una de las víctimas USD$ 80.000 por indemnización, USD $400.000 por daño material, USD $25.000 por daño moral, USD $10.000 por gastos y USD $30.000 por costas.
Se preguntó: “¿Quién pagará todo este dinero?”, a lo que él mismo arguyó: “El artículo 324 constitucional establece: Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos pueden ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo”.
Sugirió que en virtud del principio de repetición, la Procuraduría General de la República tiene la obligación de presentar demandas civiles en contra de las personas diputadas que votaron por la destitución ilegal y de las personas magistradas que no resolvieron favorablemente el recurso de amparo presentados por las víctimas.
Finiquitó que los tribunales tienen la obligación de admitir tales demandas y condenar a las personas funcionarias (diputados y magistrados) que son responsables de esta condena internacional para que paguen con sus bienes y recursos las indemnizaciones millonarias ordenadas por la Corte IDH”. PD
