Tegucigalpa – La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) condenó la muerte de 46 mujeres en el interior de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Asimismo, llamó a redoblar los esfuerzos para proteger la vida e integridad de las personas privadas de libertad y a priorizar la reforma integral del sistema penitenciario
A través de un pronunciamiento, señaló que recibió información que decenas de mujeres fueron víctimas mortales de un incendio, así como de heridas de bala y por arma blanca.
“El Estado es responsable de proteger la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia, en particular de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las mujeres. Estos hechos demuestran la imperante necesidad de acelerar una reforma penitenciaria que involucre a los tres poderes del Estado”, acotó la representante de OACNUDH, Isabel Albaladejo.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) reportó que, al momento de los hechos, PNFAS albergaba 916 mujeres, por lo que las 46 muertes reportadas hasta el momento representarían alrededor del 5 % de la población total del establecimiento.
En ese sentido, indicó que preocupa que las cárceles tengan una escasez crónica de agentes de seguridad penitenciaria, ya que PNFAS contaría únicamente con 52 elementos, cantidad insuficiente para garantizar la seguridad y el trato apropiado a la población penitenciaria.
La OACNUDH recomendó que se mantenga una comunicación fluida y transparente por parte de las autoridades sobre los hechos sucedidos con los familiares de las víctimas y que se garantice una investigación objetiva y diligente.
Consideró fundamental que el Estado se enfoque en aplicar métodos de seguridad dinámica en todos los centros y de manera simultánea, permitan el levantamiento de alertas tempranas de riesgos, la adopción de medidas preventivas necesarias y aplicación de protocolos de emergencia que resguarden la vida e integridad de las personas.
Aunque lamentó la decisión de retornar el control y operaciones del sistema nacional penitenciario a la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
Instó a las autoridades a priorizar la reforma integral del sistema penitenciario, bajo una autoridad civil que garantice la seguridad a través de un abordaje especializado al fenómeno de grupos criminales, y que priorice la rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad.
Adicionalmente, exhortó al Estado a seguir impulsando medidas institucionales urgentes para abordar otros desafíos que agravan la seguridad, como el descongestionamiento del sistema nacional penitenciario que actualmente presenta un índice de hacinamiento del 31.8 %.
En particular, se necesita fortalecer los esfuerzos existentes de coordinación interinstitucional entre el Poder Ejecutivo y Judicial para el otorgamiento de beneficios penitenciarios vigentes, así como para agilizar los procesos judiciales y reducir el uso de la prisión preventiva, clamó.
“OACNUDH reconoce las falencias estructurales del Sistema Nacional Penitenciario que han persistido en el tiempo como el hacinamiento, la corrupción, la falta de seguridad y las malas condiciones en materia de derechos básicos como salud, educación y sanidad. Sin acciones integrales, abordajes civiles especializados y mayores recursos materiales y humanos, estos factores continúan agravándose, generando las condiciones para la repetición de graves violaciones a los derechos humanos”, finiquitó Albaladejo. AG
