Segundo de dos posts sobre el crimen y violencia en América Latina basados en el Documento de Marco Sectorial de Seguridad y Justicia del BID.
En el post anterior, vimos como América Latina está constantemente amenazada por la ola de crimen y violencia, y revisamos algunas de sus posibles causas.
Para el BID el desafío que representa el crimen y la violencia es más que un desafío de seguridad. Es un desafío de desarrollo. ¿Cómo podemos contribuir a revertir esa ola? Sabemos que los recursos que pone el Banco son pequeños frente a la magnitud del desafío, pero en nuestro marco sectorial priorizamos cuatro áreas de acción en las cuales podemos contribuir con mayor valor agregado.
Nuestra primera prioridad es la prevención social, con un enfoque en poblaciones vulnerables – mujeres y jóvenes en situaciones de riesgo.
Nos preguntamos cuáles son los mejores mecanismos para mitigar factores de riesgo en la juventud, o cuál es la manera más efectiva de prevenir la violencia doméstica, este último como predictor de la transmisión intergeneracional de la violencia. Por ejemplo, recién firmamos un acuerdo con el programa YouthBuild International para El Salvador y The Bahamas. El proyecto se enfoca en la reinserción social y laboral de jóvenes en alto riesgo y ha sido objeto de rigurosas evaluaciones, lo que nos da más confianza que funciona.
Pueden ver un video de nuestro programa en Jamaica, que buscó reducir el involucramiento de los jóvenes en actos delictivos, y facilitar otro tipo de relación entre la juventud y la policía. Esto ayudó reducir la tasa de homicidios en 43% en las comunidades donde fue implementado, y estamos trabajando para realizar una evaluación rigurosa para acompañar la expansión del programa a otras partes del país, con apoyo de los gobiernos de Canadá y el Reino Unido. .
Nuestra segunda prioridad es apoyar a las policías en mejorar su efectividad. Esto tiene varios componentes, incluyendo una mejor recolección de información sobre el crimen y la violencia, mejor análisis, desarrollos de protocolos de respuesta específicos e intervenciones comunitarias. Este video resume los avances de la Policía Nacional en Colombia, y estamos trabajando con policías en Uruguay, Brasil, Paraguay, Ecuador y Honduras.
En el caso colombiano, una evaluación rigurosa nos mostró una baja de 22% en homicidios. En Uruguay estamos trabajando para implementar sistemas novedosos para entender el fenómeno del crimen y hasta predecir dónde es más probable que ocurra el crimen.
Nuestra tercera prioridad es mejorar el sistema de justica. Nos preguntamos cómo podemos promover el acceso a la justicia para todos, cuáles son los efectos de sentencias alternativas a la encarcelación, y si podemos mejorar los programas de rehabilitación y reinserción social de las personas privadas de libertad. Este video resume lo que hemos hecho en Panamá, que integra un nuevo mecanismo de rehabilitación. La intervención benefició a 28% de la población a nivel nacional, y los jóvenes reciben servicios de salud, entrenamiento laboral, educación y programas deportivos. Estamos comenzando a ver resultados positivos, y por ello estamos trabajando con la Comisión Europea para expandir el programa al resto del país.
Nuestra cuarta área de trabajo es la gobernanza en la seguridad, donde mejoramos la coordinación entre instituciones involucradas en la seguridad ciudadana. En el caso de la violencia doméstica, los policías, los trabajadores sociales y las instituciones de salud, entre otras, deben trabajar juntos. Por ejemplo, las mujeres que sufren de violencia a menudo no denuncian porque tienen temor a perder su sustento económico, por lo que los gobiernos deben proveer servicios que le facilite un apoyo económico para que dejen a su pareja abusiva.
También apoyamos las capacidades institucionales para que los estados puedan entregar mejores servicios de seguridad ciudadana. En Chile estamos trabajando con una conocida ONG y con el gobierno chileno, y con otros actores, para construir un marco de seguridad a largo plazo, donde todos los actores están de acuerdo con los objetivos de seguridad y cómo alcanzarlos. Esto nos ayudará tener más continuidad con los programas.
Estas cuatro áreas prioritarias tienen dos elementos comunes en todas nuestras intervenciones. En primer lugar, buenos programas de seguridad ciudadana deben contar con información de calidad. No es suficiente saber cuántos autos están siendo robados en un país, o cuántas casas sufren de robos en una ciudad. Esa información tiene que estar aún más desagregada y disponible a nivel municipal, e incluso a nivel de cuadra. Por ejemplo, sabemos que el 100% de los homicidios en Calí ocurren en 17% de segmentos de barrios. Esto permite una mejor focalización de las acciones requeridas.
Debemos eliminar lo que llamamos la cifra negra del crimen, por medio de encuestas de victimización sofisticadas, como las que se están haciendo en países como Chile y México. Por nuestra parte, estamos apoyando a los países del Caribe para llevar a cabo sus primeras encuestas de victimización.
El otro elemento común a todos nuestros programas son las evaluaciones rigurosas. Idealmente, todos los programas de seguridad ciudadana deberían implementarse basados en la evidencia disponible. Pero en el tema de la reducción de la violencia, lamentablemente la evidencia es limitada, particularmente para nuestra región. Esto sigue siendo un importante desafío para nosotros y para los países. Es importante fortalecer los vínculos entre las investigaciones académicas y las políticas de los gobiernos. Por ello hemos establecido un fondo especial para financiar algunas evaluaciones rigurosas y aumentar la base del conocimiento disponible.
Claramente, la seguridad ciudadana es una tarea compleja y de largo plazo. Sin embargo hemos visto casos que demuestran que no es imposible. La seguridad es una responsabilidad de todos y necesitamos trabajar con los gobiernos e involucrar a todos los actores de la sociedad civil. Confiamos en que, en menos de una generación, lograremos vencer al miedo.
