Después de un proceso electoral pacífico y legítimo el pueblo hondureño ha visto con optimismo el futuro. Todos ansiamos una exitosa gestión del nuevo gobierno, entendiendo que el éxito del gobierno en efecto será el éxito de todos. No obstante, con preocupación vemos nubarrones que se ciernen sobre nuestro país ya que, de no procederse con base en la Constitución y las leyes, y de no actuarse con prudencia y humildad, es muy probable que esas amenazas tengan consecuencias negativas. Permítanme explicar por qué.
En primer lugar, preocupa lo que ha ocurrido en el Poder Legislativo, donde hasta recientemente se contaba con dos Juntas Directivas. A mi entender, el problema se inició al haber prometido a don Salvador que él nombraría al Presidente del Congreso. Nuestra Constitución contempla tres poderes del Estado, independientes y complementarios. No debería, por tanto, ofrecer el o la titular del Ejecutivo algo que constitucionalmente no está a su alcance. Por supuesto que los Presidentes siempre han cabildeado para que la Presidencia del Congreso sea ocupada por la persona que ellos han considerado idónea para ese alto cargo, pero nunca se han comprometido pública y formalmente al nombramiento de una persona en particular. Al final, la Constitución prevé que el Presidente del Congreso debe ser nombrado por los diputados, entendiéndose que se refiere a los diputados propietarios, ya que los suplentes no pueden ser integrados hasta que se haya nombrado al Presidente del Congreso.
Seguramente que algunos dirán que la Presidente recibió un fuerte mandato por los votantes, pero esos mismos votantes decidieron entregar el Congreso a varios partidos políticos, sin conceder mayoría absoluta a ninguno de ellos, ni aún a la alianza que resultó triunfadora en los comicios presidenciales. Además, los votantes tampoco decidieron que su fuerte mandato debería permitir violentar la Constitución y las leyes, incluyendo la independencia de los poderes públicos. Al margen de estas consideraciones, lo que ahora presenciamos es una lucha de fuerza por controlar el Congreso, donde lo que prima no es el respeto a la Constitución y las leyes, ni la razón, ni el diálogo, sino que la fuerza que se tradujo en no permitir el uso de La Gaceta, y en la amenaza de no pagar los sueldos de los diputados de uno de los dos Congresos. A pesar de la gravedad de la situación, lo que realmente preocupa es si esto presagia el tipo de la relación que habrá entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Si se soslaya la independencia de Poderes, si el Poder Legislativo se convierte en el Ministerio de Aprobación de Leyes, entonces nuestra democracia se debilitará y en efecto desaparecerá. Seguramente que algunos dirán que nuestra imperfecta “democracia burguesa” no merece ser protegida o fortalecida, pero la experiencia nos indica que cuando aceptamos tal premisa terminamos con gobiernos autocráticos.
Otro nubarrón se percibe sobre el sector eléctrico, donde se ha tomado la decisión de eximir de pago por el servicio eléctrico a quienes consuman menos que 150 kilovatios-hora mensuales. Si bien acuerpamos la aprobación de un subsidio para las personas de escasos recursos, ya la Ley General de la Industria Eléctrica señala como eso debe hacerse. En primer lugar, es falso que la Ley prohíba subsidiar. Lo que la Ley pide es que para subsidiar no se obligue a unos consumidores a que paguen más de lo que les corresponde a fin de que otros paguen menos, y que además no se afecte las finanzas de la ENEE. La mejor forma de subsidiar es otorgar el subsidio a la persona, y no al producto. La Ley busca proteger la integridad del pliego tarifario, diseñado según criterios técnicos, por lo que la forma correcta de subsidiar sería mediante la entrega de un bono en efectivo a los consumidores de escasos recursos que están conectados a la red eléctrica. Esto ya se ha hecho exitosamente en el pasado y puede verse como una transferencia en efectivo no condicionada. Si se desea, puede condicionarse la transferencia al cumplimiento de normas y medidas consideradas como beneficiosas a la sociedad, como ser asegurar que los niños y jóvenes asistan a la escuela o completen el programa de vacunación. Un subsidio a los pobres concebido de esta manera sería mucho más beneficioso que un programa basado simplemente en el no pago del consumo eléctrico por parte de los consumidores de bajos ingresos.
La medida que se ha propuesto tiene otras consecuencias negativas. ¿Qué se hará si una persona consume menos que 150 kWh un mes, y más el siguiente mes? Si se procede a retirar los medidores de quienes supuestamente consumen menos que 150 kWh, como ya han hecho algunas personas alegando que cumplen instrucciones de don Mel Zelaya, ¿cómo sabremos cuánto consumen esas personas? Si no cuentan con un medidor, las personas seguramente aumentarán su consumo y excederán el monto exento. Por otro lado, si no sabemos cuánto consumen esas personas, ¿cómo sabremos cuál es el verdadero nivel de las pérdidas eléctricas? Un negocio sin caja registradora quiebra y la ENEE no será la excepción. Hay otra manera de apoyar a los pobres. La forma que han seleccionado es simplemente la peor.
Para concluir, veamos un poco las implicaciones de la medida que se propone tomar el gobierno. Según las cifras que figuran en el proyecto de Decreto, la ENEE cuenta con 1, 940,362 clientes, de los cuales 1,793,666 son residenciales, 127,948 son comerciales, 434 son industriales y 18,313 gubernamentales. Los clientes residenciales que consumen menos que 150 kWh suman1,336,648, o sea el 69% de todos los clientes y el 75% de los clientes residenciales. En efecto, casi todos los clientes serían subsidiados, lo cual es incongruente con nuestra capacidad financiera. El proyecto de Decreto también nos dice que la facturación mensual a los clientes residenciales es de Lps 1,527.66 millones, la de los clientes comerciales de 767.8 millones, la de los industriales de 616.2 millones y la del sector gubernamental de 173.3 millones. A su vez, a los clientes residenciales que consumen menos que 150 kWh se les factura 540.9 millones de lempiras. Sé que hay quienes opinan que el monto a subsidiar excederá los mil millones mensuales, pero aceptemos por ahora la cifra que figura en el proyecto de Decreto. El subsidio supuestamente lo pagarán los clientes industriales, comerciales y los residenciales que consuman más que 500 kWh al mes. No cuento con información sobre la facturación de los clientes residenciales que consumen más de 500 kWh por mes, pero si se optara por trasladar el pago del subsidio únicamente a los clientes comerciales e industriales, cuya facturación combinada es de Lps 1,362.90 millones, habría que ajustar esa facturación en un 40%. Si suponemos que la facturación a los clientes residenciales que consumen más de 500 kWh al mes es de Lps 800 millones mensuales, entonces el ajuste que habría que hacer a esos clientes, a los comerciales y a los industriales, sería del orden del 25%. A eso hay que agregar los subsidios que otorgó la anterior Administración y que ahora expirarán. En resumen, estos clientes deberán esperar ajustes del orden de un 40 al 50%. Por supuesto que el ajuste sería más fuerte todavía si el subsidio excede los 540.9 millones que menciona el proyecto de Decreto.
Debemos suponer que, con excepción de los clientes residenciales, algunos de los otros trasladarán el incremento en su tarifa eléctrica al precio de los productos que venden, es decir que el subsidio perderá valor. Además todos estos clientes buscarán la forma de reducir su consumo, algunos por medios legales, como el autoabastecimiento que hoy día es fácil, rápido y a precios muy atractivos. Otros lo harán por otros medios, lo cual permite pronosticar un incremento en las pérdidas eléctricas. Dios quiera que las autoridades rectifiquen y así evitemos desequilibrios fiscales y protestas sociales. Ojalá que los nubarrones desaparezcan y brille nuevamente el sol de la esperanza.
