Por: Thelma Mejía
Tegucigalpa.- El reloj no juega a favor de la Junta Nominadora que tendrá a su cargo la selección y elección de una lista de 45 candidatos que serán enviados al Congreso Nacional para escoger un total de 15 que serán los próximos magistrados de un nuevo Poder Judicial.
Un Poder Judicial que no termina de enderezarse ni de ganar credibilidad, muchos menos legitimidad. No tiene un año de haber sido creado su órgano de control administrativo como el Consejo de la Judicatura, cuando ya el escándalo salpica a algunos de sus miembros, mientras otros parecen tener prisa por salir de esa joven dependencia para saltar a la magistratura de la Corte de Justicia.
No han terminado de hacer carrera en el Consejo cuando ya quieren ser supremos de la Corte.
La Junta Nominadora tiene así retos enormes en este proceso, máxime ahora que seguramente habrá reacomodo de fuerzas ante los últimos acontecimientos designados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. El cabildeo por ocupar algunas plazas en la nueva Corte de Justicia seguro será intenso.
La Junta Nominadora deberá pedir explicaciones a algunos burócratas que desde puestos de poder no fueron lo suficientemente diligentes para atajar los problemas que se veían venir en un sector de las finanzas, por aislado que parezca.
¿Hasta dónde estos burócratas cumplieron las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en inglés), que en su momento citó la entonces embajadora estadounidense, Lisa Kubiske?
Esas y otras preguntas son obligatorias para la Nominadora ante la pléyade de burócratas que quieren ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en especial, aquellos que proceden de los llamados órganos de control y órganos operadores de justicia. Habrá que ver hasta dónde llegan los nominadores en su compromiso con Honduras.
Ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia no es ser conserje de nadie, por ejemplo, salvando la dignidad y el respeto que merecen quienes ejercen este oficio.
La Nominadora está obligada a asegurarnos a los hondureños que entre sus 45 seleccionados no habrá profesionales del derecho que hayan prestado sus protocolos a terceros para acciones de testaferrato del crimen organizado y otros hechos delictivos, por ejemplo.
También que en la nómina de 45 seleccionados no existirán sorpresas en sus llamados patrimonios familiares, al darles facultades la ley que investiguen este aspecto como parte de las llamadas pruebas de confianza.
La capacidad de procuración y su desempeño profesional en el ámbito privado o en la administración pública al frente de los cargos o cuando lo desempeñaron, son aspectos a escudriñar y desarrollar por la Junta Nominadora que quiérase o no, será la responsable de dar al país una Corte a la altura de las circunstancias o esperar que otros desde afuera se lleven también media Corte.
Los aspirantes son tantos que hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia de hace siete años quieren retornar, otros actuales reelegirse—10 de 15—magistrados, todos ellos sujetos a una revisión especial por la Junta Nominadora para que salga lo mejor, si es que les dan el beneficio de la duda de optar por una repetición.
La nueva corte de justicia deberá asumir los casos no concluidos del Instituto Hondureño de Seguridad Social y otros de corrupción pública que causan escalofríos, así como embarcarse también en la llamada lucha antidroga en donde Washington presiona por resultados efectivos más allá de las incautaciones o los comisos de cocaína.
Así como cuentan con nuevas herramientas que no tuvieron las Juntas Nominadoras que les antecedieron, la actual Nominadora tiene otro desafío más grande aún: hacerse creíble, volverse confiable y ser transparente en una nación donde los niveles de tolerancia entre los hondureños son cada vez más bajos. Las cartas están echadas y el reloj corre más a prisa de lo que creen.
