En las últimas semanas la sociedad hondureña ha sido sacudida por una serie de hechos criminales que han cobrado la vida de decenas, por no decir cientos, de inocentes compatriotas en diferentes regiones del país.
Solamente la semana pasada se registraron dos masacres en menos de 24 horas que cegaron la vida de seis personas en Olancho y Francisco Morazán, tres de ellos empleados de la Universidad Nacional de Agricultura y tres jóvenes que habían tomado la determinación de abandonar el país en busca de mejores oportunidades en Estados Unidos.
En esa espiral de violencia homicida, una enfermera fue asesinada en Tegucigalpa, cuatro taxistas del servicio VIP cayeron abatidos por criminales en San Pedro Sula y un dirigente de este mismo rubro y su hijo fueron ultimados por sicarios en Villanueva, estos entre otros hechos, que arrojaron una de las semanas más sangrientas de los últimos meses.
La lista es interminable y cada día se suman otras víctimas en un ciclo interminable de violencia que pone los pelos de punta a los hondureños que cada día salen de sus hogares a sus actividades y quehaceres diarios con la incertidumbre de si tendrán la dicha de regresar al final del día a reencontrarse con sus seres queridos.
La violencia que azota el país adquiere dimensiones de profunda preocupación porque demuestran que las estrategias de seguridad implementadas por las actuales autoridades gubernamentales han sido ineficaces y un fracaso en la contención del delito, especialmente en la reducción de los homicidios y feminicidios.
Por ejemplo, el polémico estado de excepción que se vendió a la ciudadanía como una medida excepcional para combatir con mayor efectividad la extorsión y otros delitos conexos, se convirtió en una estrategia de carácter permanente que no ha dado los resultados esperados.
En palabras de los expertos ha sido un rotundo fracaso, pero que el Gobierno a través de la Secretaría de Seguridad se empecina en mantener vigente a pesar de las críticas y la férrea oposición de la sociedad civil y de organizaciones nacionales e internaciones que protegen los derechos humanos.
En lo que va de 2024 se registran al menos 17 masacres con más de 50 víctimas, la mayoría de ellas hombres menores de 30 años, a los que se suman 150 muertes violentas de mujeres, la mayoría de ellas en la impunidad. Honduras ocupa uno de los índices más altos a nivel mundial en feminicidios.
Según informes oficiales de la Policía Nacional, hasta el 10 de julio de 2024 se habían cometido alrededor de 1,317 homicidios en los 18 departamentos del país, pero en contraste las autoridades aseguran que esa cifra representa 575 menos que los cometidos en el mismo periodo de 2023, cuando se documentaron 1,892 delitos contra la vida.
Contraria a la percepción de la ciudadanía hondureña, las autoridades policiales insisten en asegurar que en los primeros siete meses del presente año se ha reportado una disminución de 30 por ciento en el número de homicidios y del 50 por ciento en los feminicidios y añaden que la violencia se sobredimensiona en los medios y las redes sociales, creando una percepción irreal de los hechos.
No obstante, expertos, criminólogos y organizaciones de la sociedad que monitorean la incidencia de la criminalidad opinan totalmente lo contrario y aseguran las cifras que presenta la Policía están maquilladas y no reflejan muchas de las incidencias que se dan en otros sectores del país en donde muchos de los crímenes no trascienden en los medios de comunicación.
Honduras, según un informe de la Asociación de una Sociedad más Justa (ASJ) ha sido históricamente uno de los países con los mayores índices de violencia en Centroamérica. Para el caso en el año 2023, el país registró la tasa de homicidios más alta de la región con 31.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, seguido de costa Rica con una tasa de 17.3%
Al ciclo interminable de violencia se suma una altísima impunidad producto de las debilidades y deficiencias en las labores de investigación del Ministerio Público y de la Policía Nacional, que a pesar de los multimillonarios recursos inyectados a través de la tasa de Seguridad siguen adoleciendo de las mismas falencias.
El ministro de Seguridad Gustavo Sánchez ha acuñado la frase “vamos bien” cada vez que la policía realiza una captura de alto impacto, desarticula una banda de delincuentes o cuando monta un operativo policial, pero lo cierto es que la espiral de asesinatos y la grave problemática de la violencia e inseguridad reflejan otra realidad totalmente distinta y es que en materia de seguridad “NO VAMOS BIEN”.
La violencia que azota a Honduras es un recordatorio doloroso y constante de que las estrategias implementadas por las autoridades han fracasado rotundamente. La declaración optimista del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, de que «vamos bien» es una ironía cruel ante la creciente espiral de asesinatos y la omnipresente inseguridad que envuelve al país.
Cada vida perdida, cada familia rota, es una prueba irrefutable de que, en materia de seguridad, NO VAMOS BIEN. Es urgente un cambio de rumbo, uno que no solo prometa, sino que realmente garantice un futuro más seguro y justo para todos los hondureños.
