Por: Julieta Castellanos
Tegucigalpa – Los decretos ejecutivos PCM 026 y PCM 027 de agosto y septiembre de 2018 han quedado en medio de una lucha de poder, cuyo entramado es más complejo de lo que está a la vista.
El PCM-026-2018 tuvo como motivación enfrentar la coyuntura de la crisis de salud, traducida a más de 8 000 cirugías y más de 100 000 citas de especialidades postergadas u otorgadas hasta por 10 meses. Sin lugar a dudas, esta situación, de no resolverse, tiene dos salidas: la población pobre sin recursos para buscar la salud privada se muere; y, los que tienen algunos bienes los venden para buscar los servicios en el sistema hospitalario privado.
La crisis del sistema de salud puede tener al menos dos orígenes: la carencia e insuficiencia de recursos para la atención oportuna y eficiente, y la disfuncionalidad del sistema producto de la corrupción sistémica traducida en injerencia política partidaria del partido que gobierna en el periodo de gestión; colusión entre empresarios y funcionarios para hacer fracasar procesos de compras, provocar escasez y optar por la ruta de la compra o la contratación directa; fuga de información que beneficia a proveedores vinculados a los poderes facticos; fraude en la venta de medicamentos e insumos médicos con precios por encima del que se registra en el mercado, por entregar medicamentos sin la calidad requerida, por entrega de medicamentos en cantidades por debajo de las compradas, por no entregar los medicamentos en los tiempos pactados; empresarios de la salud que tienen que pagar coimas a empleados del sistema para que poder licitar, para ganar una licitación y para que les paguen los valores correspondientes a lo vendido; vencimiento de medicamentos, ya sea por compra excesiva o por simple negligencia de quienes custodian y distribuyen; robo de medicamentos en el Almacén Central, en el trayecto o camino a los establecimientos de salud o en los hospitales y centros de salud; contrataciones y nombramientos al margen de los concursos; plazas que se someten a concurso en hospitales regionales pero quienes las ganan no se trasladan porque no quieren dejar Tegucigalpa y optan por subarrendar esas plazas pagándoles a sus colegas desempleados la tercera parte de lo que debería devengar; médicos que tienen hasta tres plazas y que, al no poder cumplir su compromiso laboral por el limite físico de rendimiento, retiene la plaza y subcontrata a un desempleado explotando a su colega médico. Sin duda, el sistema de salud de Honduras padece de todos estos males.
Resolver la carencia de recursos no es lo más difícil, pero siempre habra crisis porque colocar más recursos sin enfrentar la corrupción sistémica sería fortalecer y hacer más robustos a los sectores corruptos. Y resolver la disfuncionalidad por la corrupción sistémica ES IMPOSIBLE.
La Comisión especial para la transformación del sistema nacional de salud, de diciembre 2018 a febrero 2019 emitió tres resoluciones de fondo que en su orden son: 1) no destruir los medicamentos vencidos hasta que se haga una investigación. Esta resolución preocupó y alertó a los funcionarios de SESAL por si algún nivel de responsabilidad se llegaba a comprobar; 2) asignar las plazas del concurso médico a quienes habían obtenido el primer lugar. Esta decisión disgustó e irritó a los políticos a quienes, en su criterio, “les cuesta el partido” y para eso es el poder; 3) no continuar con la firma del contrato de la APP para el transporte, distribución y dispensación de medicamentos. Resolución que enfadó al consorcio integrado por nacionales e internacionales al ver la posibilidad de frustrar su negocio.
El freno para hacer los planteamientos orientados a enfrentar los problemas del sistema de salud reventó por donde no se esperaba, el gremio médico que debió ser el principal aliado logró instalar exitosamente su interés particular (la retención de sus beneficios gremiales) bajo la bandera de un interés general como es “la defensa de la salud y educación pública” y han quedado tras bambalinas los otros sectores que más contribuyen a la disfuncionalidad del sistema: algunos políticos, ciertos empresarios del sector salud y más de un funcionario sobre cuyas decisiones y acciones se reproduce la corrupción.
Si el problema real fueran los PCM, el Ejecutivo ya los hubiera derogado.
La derogación de los PCM NO resuelve porque la petición es DEROGAR para comenzar el DIALOGO.
Los médicos no han sacado la agenda post derogación, los docentes sí lo han hecho y entre sus temas figuran: plazas para 10 mil docentes; reformas al INPREMA; jubilarse a los 50 años; no deducciones al décimo tercer y décimo cuarto mes para cotizar al INPREMA, pero si recibir jubilación por 14 meses al año; y, unos beneficios que se extiendan hasta la tercera generación, es decir, los nietos.
Los médicos tienen capacidad para detener el sistema público de salud por asambleas informativas, un daño que se focaliza en los más pobres, pero son demasiado elitistas para detener el tráfico en las carreteras. Los docentes acostumbrados a sol, agua, gas y humo han potenciado el movimiento, pero tuvieron que sumar demandas más allá de la derogación del PCM, y sus demandas son de benéfico directo y de corto plazo. Ambos gremios han rechazado la autoría de violencia y destrucción, entonces se suma la dimensión política “fuera JOH”. Puede haber otros sectores no visibles que aportan violencia y fuerza, y cualquier sensato evade una fotografía con ellos.
El Ejecutivo y otros sectores de poder, más allá del Partido Nacional, están conscientes que la derogación de los PCM no es garantía del retorno a las actividades normales. Los médicos se han movilizado por retener unas conquistas que nunca estuvieron en riesgo, los maestros por recuperar unos beneficios de la seguridad social y los más violentos se movilizan por la salida de JOH.
Imaginamos que el gobierno necesita alguna garantía de retorno al trabajo y la liberación de las carreteras para derogar los PCM, el problema es que los dirigentes de los dos gremios no pueden garantizar el retorno porque no tienen el control del movimiento que dirigen, o sea, si tienen la capacidad de mantener el movimiento bajo demandas extremas, pero sus bases no seguirán la instrucción de volver al trabajo y dejar la calle y carreteras sin que se satisfagan sus demandas particulares y específicas. No es la salud y escuela pública, son sus demandas. Y hasta puede haber simpatía a los ataques a la economía: Toncontín, aduanas, carreteras, quema de camiones, furgones y cabezales… con ello infunden terror a los empresarios y los mandan a presionar por la salida que ellos impulsan.
El escenario está difícil para todos los sectores, incluyendo la dirigencia gremial. El CMH tiene una salida más fácil porque su demanda es la defensa del estatus vigente que nunca estuvo en riesgo. Los dirigentes docentes, para desactivar al gremio, tienen que cumplir lo ofrecido, 10 000 plazas y volver al viejo IMPREMA, y los más radicales que demandan la salida del presidente “fuera JOH” no tienen conductor o tienen varios, el conductor no tiene agarrado el timón o pierde los frenos, por eso los dirigentes del transporte, más estrategas que oportunistas, los bajaron del vehículo y terminaron solos el trayecto.
